Foro Común


Mensajes de Pensiones, jubilación enviados por Triana:

Doce millones de jubilados y funcionarios aún no saben cómo será su nómina de enero.

La falta de Gobierno y la negociación política dejan en suspenso la subida de retribuciones planeada para pensionistas y empleados públicos.

Susana Alcelay.

Javier Tahiri.

MADRID. Actualizado: 05/12/2019 01:48h.

Queda menos de un mes para que acabe el año y los nueve millones de pensionistas y los tres millones de empleados públicos que hay en España todavía desconocen cómo serán sus nóminas en 2020. Enredado en el reparto de ministerios con su socio Podemos y en lograr apoyos para la investidura con los independentistas catalanes Pedro Sánchez tiene pendiente decisiones que tienen en vilo a ambos colectivos, teniendo en cuenta que aún no ha aclarado qué referencia utilizará para aumentar las rentas de los mayores y, sobre todo, cuándo lo hará. Lo mismo ocurre con los empleados públicos, que saben que sus rentas aumentarán un 2% en línea con lo pactado entre el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y los sindicatos, pero desconocen cuándo irrumpirá esta subida.

La única mención a la revalorización de las nóminas de los jubilados está incluida en el escenario remitido hace unas semanas a Bruselas, en el que se explicaba que la subida que se aplicará a los jubilados el próximo ejercicio es del 0,9%, un alza con el que el Gobierno pretende garantizar el poder adquisitivo, lo también significa que estima una inflación inferior al 1% el próximo año. Este incremento de las pensiones complementará al alza del 1,6% aplicado este ejercicio en un entorno de clara desaceleración de los precios, y, de producirse, supondrá que el colectivo habría ganado en 2019 en torno a un 1% de poder adquisitivo, un beneficio que quedará consolidado este año cuando se aplique el alza del 0,9%, porcentaje que equivale a unos 9 euros para una pensión media y tendrá un coste de 1.404 millones. Esta subida, en principio, cubriría las exigencias de los de Pablo Iglesias, que apuestan por la actualización con el «IPC real», un mecanismo que se propone blindarlo por ley.

Pero ¿qué ocurrirá si el Gobierno sigue en funciones en diciembre? Esta situación no impediría que pueda acometer la subida por la vía del decreto ley, como ya ocurrió con las entregas a cuenta a las comunidades autónomas que se aprobaron con la misma fórmula y estando en funciones. Fuentes cercanas al Ejecutivo consultadas por este periódico insisten en que están en plenas facultades para aprobar un real decreto ley, porque entienden que la subida de las pensiones es una medida de «urgente necesidad».

El presidente no está dispuesto a enfrentarse a los pensionistas, en pie de guerra desde que en 2017 comenzaran a movilizarse en el País Vasco, curiosamente donde se cobran las pensiones más elevadas de toda España. Sabe el poder que tienen y no puede permitirse que le pase factura. Este movimiento de protesta terminó siendo determinante en las maniobras previas a la moción de censura a Gobierno de Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018. De hecho, el expresidente le ofreció al PNV un acuerdo presupuestario con una oferta cuya trascendencia e impacto económico no tardará en impactar en el ya débil sistema de pensiones: aceptó prescindir del Índice de Revalorización de las pensiones en 2018 y 2019, y cedió a posponer hasta 2023 la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad que tendría que haberse aplicado este mismo año.

Junto a ello entra otra variable que también repercute en que Sánchez incluyera en el programa del PSOE y anunciara en un mitin que subiría las pensiones en diciembre. Ningún partido estaría dispuesto a recurrir ante el Tribunal Constitucional la subida de nueve millones de pensionistas o la de tres millones de empleados públicos, pese a los límites de un Gobierno en funciones de utilizar la vía del decreto-ley para aprobar medidas.

¿Qué plazos maneja Sánchez? Lo más probable es que utilice el último Consejo de Ministros, que tendrá lugar el viernes 27 de diciembre, para dar el visto bueno a los incrementos que le habiliten para saltarse la ley del PP que establece que las pensiones públicas subirán solo un 0,25% siempre que la Seguridad Social esté en números rojos, como ocurre en la actualidad. Un déficit de unos 18.000 millones y una deuda de 50.000 millones tienen contra las cuerdas a un sistema que cada año empeora sus cuentas.

Ese último Consejo también se aprovechará decidir las bases de cotización y la subida del salario mínimo, la misma rutina que en 2018. Entonces se aprobó un «macrodecreto» en el que se incluyó la subida del 1,6% de las pensiones (3% para las mínimas) y el alza del 7% de la base máxima de cotización, además de una penalización para los contratos de corta duración.

Subir las cotizaciones es la medida más efectista para lograr ingresos, dado que cuanto más amplia sea la base de cotización, mayor será la aportación que tendrán que hacer los empresarios por sus empleados y, en menor medida, los trabajadores. Fuentes consultadas aseguran que es más que probable que para el año próximo el Ejecutivo recuerra de nuevo a subir los impuestos al empleo, hoy 6,6 puntos porcentuales mayores que la media de la UE.

Concentraciones
En el caso de los empleados de la Administración, el ministro de Función Pública, Luis Planas, señala que hasta que no se conforme un nuevo gobierno no se aprobará la subida del 2%, de forma que si se hace después del 1 de enero, el incremento se articulará de forma retroactiva para que se aplique desde dicho día. Una estrategia que eleva la presión hacia los grupos políticos para conformar gobierno, si bien desde fuentes del Ejecutivo señalan que llegado el caso lo podrían aprobar en funciones como decreto-ley apelando a la «urgente necesidad».

Ante la negociación política, el escenario ahora parece que se orienta a que se forme un Ejecutivo antes. Tanto CSIF como CC. OO. han convocado movilizaciones para pedir al Ejecutivo que apruebe esta subida ya. Este año los sueldos públicos han aumentado un 2,5%, pero para el próximo año el incremento que pactaron sindicatos y el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recogía que este año el porcentaje fijo fuera menor. La subida se podía complementar con una parte que depende del crecimiento del PIB -que el próximo año suponía un punto-. Si la economía crece en 2019 un 2,1% como augura el Gobierno, los empleados públicos recogerían un aumento salarial adicional del 0,2% -equivalente a algo más de 300 millones-. Sin embargo, si crece un 2% como cree el consenso de analistas que recopila Funcas, no habría subida adicional más allá de este 2%.

Como fuere ambas medidas fueron incluidas por el Gobierno en la hoja de ruta que remitió a Bruselas para el próximo año. El plan presupuestario de 2020 recoge que el Ejecutivo gastará en ambas medidas 4.668 millones de euros: 3.264 millones en la subida de los empleados públicos y 1.404 millones para la subida de un 0,9% de las pensiones.
El número de nuevos jubilados registra la mayor caída en 13 años.
MENOS MAL QUE YA SE NOTA LA SANGRÍA QUE PROVOCÓ RAJOY.
Claro, ahora los socialistas les cuesta mucho darles la jubilación, los quieres tener trabajando hasta los 70 años, ¡ay, ¡ay, la ignorancia que atrevida es.
Pilar. Si tu marido pudo comprar él solo, un piso antes de la democracia, tuvo que tener un trabajo alto tambièn. Seguro que no era un zarramplin o un simple obrero. Se trabajaban más horas que las que tiene el día. Y no había vacaciones. Hoy a nadie le gusta vivir así, solo vivimos una vez, hay que repartir trabajo y disfrute.

Pregúntalè a Aznar por qué dejó a los bancos aumentar las hipotecas hasta 35 o 40 años. Aznar no es de izquierdas.
Yo creo que sabes que el aumento de años hace que el ... (ver texto completo)
¿Y a ti que narices te importa el trabajo que tuvo el marido de esta señora?, ¡métete en tus asuntos y no incordies!
Al que le importa gobernar es a Sánchez que ha hecho lo imposible por no salir de la Moncloa, la malo para él es que se la tiene que repartir con el comunista de Iglesias, dicen por ahí que harán cambio de colchones cada seis meses, ¡menuda la ha liado el señor de las tesis!
La 'bomba' del pacto Sánchez-Iglesias: su propuesta de pensiones quitará 830 euros a cada trabajador.

Si la medida no se paga subiendo cotizaciones, se financia vía deuda. Sin embargo, esto aumentaría el déficit un 48%, llevándolo al colapso.

Diego Sánchez de la Cruz -2019-11-13.

En el año 2013, el Partido Popular sacó adelante una reforma del sistema de pensiones que buscaba vincular la evolución de dichas prestaciones a la salud financiera de la caja de la Seguridad Social. Hasta entonces, era habitual vincular el aumento de las pensiones a la subida anual del Índice de Precios al Consumo (IPC). Sin embargo, lo cierto es que las pensiones se pagan con cargo a los ingresos de la Seguridad Social, obtenidos vía cotizaciones sociales, de modo que la única forma sostenible de aumentar las prestaciones es asegurar que los ingresos del sistema sean mayores que los gastos.

Durante el mandato del popular Mariano Rajoy, las pensiones subieron un 15,64%, mientras que el IPC aumentó un 6,9%. Sin embargo, en los últimos años de su etapa en Moncloa, la subida anual de las pensiones quedó moderada al 0,25%, puesto que el déficit acumulado en el sistema obligaba a contener el aumento de estas prestaciones para evitar el colapso financiero del modelo.

La congelación de facto del 0,25% empezó a caer en saco roto en 2016, cuando las protestas de la izquierda política y mediática invitaron a los populares a desmarcarse de dicha regla. En 2018, Rajoy tiró la toalla y, ante la dificultad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, acordó con el PNV un repunte de las pensiones ligado al IPC.

Aunque los populares afirmaron que la subida sería "puntual", su cesión dio aire a quienes piden que el sistema de pensiones vuelva a depender de la evolución del Índice de Precios al Consumo. De modo que no puede sorprender que esta propuesta forme parte del acuerdo suscrito esta semana por PSOE y Podemos para lograr la investidura de Pedro Sánchez como Presidente y poner marcha a un gobierno de coalición.

Para ser precisos, la recuperación del IPC como ancla de las pensiones viene recogida en uno de los puntos del acuerdo. Dicho epígrafe, referido a distintas cuestiones, habla explícitamente de impulsar el "blindaje de las pensiones de nuestros mayores" a base de "asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida".

Según las estimaciones de Fedea, una medida así acarrea un desembolso extra de 327.000 millones de euros durante los veinte próximos años. Teniendo en cuenta que el déficit del sistema se acerca a los 18.000 millones, esto supondría añadir otros 16.500 millones al descuadre de la Seguridad Social.

Dicho de otro modo: si Sánchez e Iglesias cumplen su promesa de ligar pensiones a IPC, se producirá un aumento del 48% del saldo negativo que hoy arroja la diferencia entre los ingresos y gastos de la caja de las pensiones. En esencia, esto parece suficiente para asegurar la quiebra definitiva del sistema, puesto que generaría unas tensiones financieras de financiación insalvables.

Habría una alternativa a este escenario: subir las cotizaciones sociales para generar los 16.500 millones de euros de gasto adicional exigido por la recuperación de la indexación al IPC. ¿Qué coste tendría dicho aumento? Teniendo en cuenta que España tiene 19,9 millones de trabajadores ocupados, la subida media sería de 830 euros por asalariado.
SEGÚN BBVA PENSIONES.

Cada pensionista recibe de la Seguridad Social un 30% más de lo cotizado durante su vida laboral.

DANIEL VIAÑA.

Madrid.

Miércoles, 13 noviembre 2019 - 02:40.

Una parte muy notable de los trabajadores -y de los propios pensionistas- tiene la seguridad de que su aportación a la Seguridad Social durante la vida laboral supera, con creces, lo que posteriormente recibirá a través de la prestación por jubilación. Así lo evidencian trabajos como el de BBVA Pensiones, que ayer publicó una encuesta realizada entre ciudadanos de la generación del baby boom y en la que el 72% de los entrevistados asegura que recibirá menos de lo aportado mediante cotizaciones sociales. Y sin embargo, según los cálculos del mismo organismo, la realidad es que «cada pensionista recibe, de media, un 30% más de lo cotizado en su vida laboral».

«Tres años de cotización financian aproximadamente un año de pensión. Por tanto, una carrera de 40 años financiaría 13 años de pensión, pero la duración media de la pensión por jubilación ronda actualmente los 17 años», añaden desde el Instituto BBVA de Pensiones.
Cuando alguien dice lo que ha conseguido la izquierda, me quedo perpleja.... Mirar, aqui hay personas de diferentes edades y opiniones, todas por supuesto respetables, pero mi experiencia personal: yo pregunto: Cuantos pantanos, autopistas, pagas extras, colonias gratuitas, vacaciones pagadas, viviendas oficiales para el trabajador normalito... Han hecho estos Srs. El estado de las autonomías, lo ha desfigurado todo, para que unos estubiesen calladitos se les fué dando competencias y ya vemos el ... (ver texto completo)
Buenos días PilarSM. Te doy un fuerte aplauso por tu mensaje, ¡cuanta razón llevas!, plas, plas, plas, plas.

Un saludo.
Las pensiones deben seguir como están. Lo importante y lo único negociable es buscar dinero para que sea posible. Si las cotizaciones de los trabajadores no son suficientes, hay que buscar el dinero en otro lado, nada más. El déficit se crea no dándole solución. Los pensionistas, como se han ganado sus pensiones no crean nunca déficit. El déficit lo crea una mala política no los pensionistas.
Nada de eso, no estoy de acuerdo, lo que hay que hacer es que los pensionistas vuelvan de nuevo a su trabajo, es muy cómodo estar cobrando un sueldazo de pensión y los pobres políticos todo el día sudando del trabajazo que llevan, o sea, esa es la única solución, y si se pudiera también hay que subirle los salarios a estos jóvenes políticos de tan alto nivel.
La factura de las pensiones supera este mes la cifra récord de 20.000 millones.

El pago deja con apenas 1.500 millones el Fondo de Reserva y liquida el crédito de 13.830 millones que asumió este año la Seguridad Social con el Tesoro.

Susana Alcelay.

MADRID Actualizado: 04/11/2019 02:17h.

La cifra de pagos que debe afrontar este mes la Seguridad Social para cumplir con los pensionistas vuelve a encender todas las alarmas. Pese al fuerte tirón de los ingresos, que crecen cerca del 8%, el sistema es incapaz de hacer frente al pago de las nóminas de los mayores con las cotizaciones que ingresa de los trabajadores en activo. Junio como noviembre son dos meses del año muy complicados para las finanzas públicas, dado que es preciso desembolsar la doble nómina que cobran los jubilados, lo que produce, de forma recurrente, fuertes tensiones de tesorería por la falta de fondos.

Cada mes son necesarios cerca de 9.800 millones para pagar la factura de las pensiones, cifra que rozará los 20.000 millones en noviembre teniendo en cuenta que también se liquidará el IRPF de las prestaciones. Los casi 8,8 millones pensionistas cobran en España 9,8 millones de pensiones, un 13% más que en 2009 (ver gráfico adjunto), lo que cada año profundiza el desfase entre ingresos y gastos, que supera los 17.000 millones, y engorda la deuda.
¿Hay alguno de izquierdas que haya renunciado a las pagas extras?
Ángel, ese mensaje tiene que pasarlo al apartado de CHISTES, como chiste está genial, jajajajaja

Saludos.
Tres de cada cuatro euros de pensión podrían no tener cobertura financiera en 2050.

Los actuarios aseguran que el sistema de pensiones es muy generoso y no es sostenible financieramente.

Susana Alcelay.

MADRID. Actualizado: 30/10/2019 11:36h.

Si no se acometen reformas en 2050 el índice de solvencia del sistema de pensiones, el que mide su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de pago, se reduciría un 24,5%. Esto significa que más del 75% de los compromisos del sistema podrían quedar sin cubrir en el escenario más benévolo. Es la principal conclusión de un estudio realizado por el Instituto de Actuarios Españoles (IAE) y coordinado por Enrique Devesa, profesor titular de Economía Financiera y Actuarial.

El Instituto asegura que cada euro de pensión de jubilacion tiene un coste de 1,28 euros, lo que, ha afirmado, ataca la línea de flotación de la sostenibilidad del sistema. El experto también ha añadido que revalorizar las pensiones con el IPC generará un déficit contributivo permanente que, en términos de POB, será del 4,19% y del 4,87% en 2050.

Concluye el IAE que el actual sistema no es eficiente ni sostenible financieramente y es muy generoso si se compara con el que tienen otros países. «Las prestaciones comprometidas por el sistema con cada individuo difícilmente se corresponden con las aportaciones efectuadas por ese individuo», han añadido.

Por último el IAE reclama transparencia para el sistema y rigor técnico, además de la inclusión de una fuente independiente, rigurosa y capaz que elabore y supervise la información a medio y largo plazo.
Una gran mayoría dice que el campeón de la mentira es Pedro Sánchez, ¿por qué será?
Lo deberá llevar en el ADN, para eso es doctor en plagiar todo lo que pilla.
PENSIONES.

La pensión de los jubilados crece más del doble que los salarios y muy por encima de la inflación.

La media de las pensiones sube un 3,75% en un entorno de moderación salarial y con el IPC en mínimos desde 2016.

30 agosto, 2019 03:21.

María Vega.

Los pensionistas están ganando poder adquisitivo a una velocidad muy superior a la de los trabajadores en activo en España. En un momento en el que la moderación salarial vuelve a estar sobre la mesa por el enfriamiento de la economía, el monto de la pensión media en España ha subido en el último año un 3,75%, hasta 992,35 euros al mes, según los datos difundidos esta semana por el Ministerio de Trabajo.

Se trata de una mejora del poder adquisitivo para los pensionistas muy superior a la lograda por los trabajadores en ese mismo periodo. El incremento de los salarios en España ha sido del 1,7% en el último año (datos de junio a junio), según los últimos cálculos del Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo.

Además, la subida se produce en un periodo en el que los precios han dado tregua al bolsillo de los ciudadanos. El IPC adelantado que ha publicado el INE este jueves confirma que la inflación se ha desinflado hasta niveles mínimos desde septiembre de 2016.

Es más, el coste de la vida en España ha caído un 0,1% entre julio y agosto y la llamada 'cesta de la compra' es tan solo un 0,3% más cara que hace un año.
El próximo año dicen que a los jubilados les subirán la pensión, lo que no dicen es a donde la subirán ¿?
La falta de Gobierno deja en el aire la revalorización de las pensiones para 2020.

Los pensionistas aún no saben a cuánto ascenderá su prestación el año que viene.

ABC.

Madrid.

Actualizado:

08/08/2019 10:55h.

La falta de Gobierno mantiene en vilo a los casi 9 millones de pensionistas que hay en España porque a falta de algo más de cuatro meses para que termine el año todavían no saben cuánto se revalorizará su pensión en 2020. A día de hoy, por la parálisis gubernamental, esta subida sería del 0,25%, como así lo estipula el índice de revalorización que aprobó el Partido Popular en 2013. Esta norma fijaba mediante una cuenta matemática que tomaba las cuentas de la Seguridad Social, y mientras esta saliera deficitaria las pensiones solo podían subir un 0,25%. Una subida que provocaría la pérdida de poder adquisitivo si tal y como se prevé el IPC sube en 2019 hasta más de un 1%.

Desde que se aprobó el índice de revalorización de las pensiones hace ya seis años, los pensionistas no tuvieron muchos problemas con la cuantía con la que se incrementaba su prestación. Esto fue así porque mientras esta subía un 0,25%, su poder adquisitivo no se vio dañado desde 2014 hasta 2016, ya que el IPC bajaba año a año. Sin embargo, esto no fue así en 2017, donde los precios subieron un 2%, un hecho que provocó que los pensionistas perdieran 1,75% de poder adquisitivo. Una circunstancia que llevó a los pensionistas a organizar protestas por toda España para pedir que las pensiones se ligaran al IPC.

Ante este panorama, el por entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro tuvo que poner en los Presupuestos de 2018 una subida del 3% a las pensiones mínimas y un 1,6% para el resto para los años 2018 y 2019. Una subida que aumentó aún más el Gobierno de Pedro Sánchez cuando aprobó un decreto ley para ligar la subida de las pensiones este año al 1,7% del IPC, por lo que se incrementaron una décima más todavía.

Sin embargo, las leyes aprobadas solo fijaban cuánto se revalorizaban las pensiones hasta 2019. Por tanto, ante la parálisis gubernamental, para 2020, si no hay ningún cambio, volvería a tomarse como referencia la norma de 2013 que fija la subida de las pensiones en un 0,25%. Y es que con el Gobierno en funciones, el único método posible para sacar adelante una nueva revalorización sería aprobar un decreto ley que tendría que aprobar el nuevo Parlamento. Así, el fracaso de la formación de Gobierno de Sánchez ha dejado en «stand by» la reforma de las pensiones, que mantiene un agujero en las cuentas de la Seguridad Social de más de 19.000 millones de euros.

Formación Pacto de Toledo.

Mientras tanto, la comisión del Pacto de Toledo, encargada de alumbrar las recomendaciones que guíen la reforma de un sistema sobre el que pesa un déficit de 19.000 millones, sigue sin formarse después de que se disolviera el pasado mes de febrero tras no llegar a un acuerdo. Ayer, el Partido Popular pidió que se retomara «con urgencia» este trabajo y para ello registró un escrito ante la Mesa del Congreso en el que reclamaban la puesta en marcha de comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en la Cámara Baja. Sin embargo, no parece que la formación de la mesa se consiga realizar en un corto espacio de tiempo.
PARA 2020.

La falta de Gobierno limita al 0,25% el incremento de las pensiones y paraliza la subida de los funcionarios.

DANIEL VIAÑA.

Madrid.

Lunes, 5 agosto 2019 - 02:06.

La aplicación del acuerdo de subida para los trabajadores públicos o un incremento superior para los pensionistas sólo puede ser aprobado por un Ejecutivo con plenas funciones.

Sin un Gobierno con plenas funciones, la subida de las pensiones para el año que viene se limitará al 0,25% que marca la ley y los funcionarios, a pesar del acuerdo existente para un plan de mejora trianual que incluye 2020, no registrarán ningún tipo de incremento salarial. La razón es que ambos procesos precisan de una capacidad de actuación que un Ejecutivo provisional no tiene, por lo que si el actual bloqueo político se prolonga, tanto trabajadores públicos como pensionistas se verán directamente afectados.

En el caso de los pensionistas, la legislación que sigue vigente es la que incluye que, en caso de déficit del sistema, las prestaciones sólo se incrementarán un 0,25%, esto es, el índice de revalorización de las pensiones. En 2018 y 2019, y como consecuencia de las negociaciones del Gobierno de Mariano Rajoy con el PNV para conseguir su apoyo para los Presupuestos de 2018, se estableció que la mejora sería del 1,6%.

El año pasado, y tras el cambio de Ejecutivo, Pedro Sánchez decidió llevar más allá la subida, hasta el 1,7%, para "evitar la pérdida de poder adquisitivo" de los pensionistas. Y para este, el incremento ya aplicado del 1,6% no sólo permitirá que las pensiones mantengan su poder sino que les reportará una notable ganancia ya que la inflación no superará el 1%, según las estimaciones del Banco de España o de la Comisión Europea.

Pero para 2020 no hay ninguna medida aprobada, y un Gobierno en funciones no puede tramitar "una norma con rango de ley que permita elevar la subida", tal y como explica Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección social de CCOO. Por ello, en caso de que el bloqueo permanezca, la subida será del 0,25%.

Los funcionarios, por su parte, cuentan con el mencionado acuerdo que firmó el ex ministro Cristóbal Montoro con los representantes sindicales, y por el que se estableció una subida salarial del hasta 1,95% en 2017; de entre 2,25% y el 2,75% para este ejercicio; y un mínimo del 2,3% y un notable máximo del 3,85% en 2020. Para llegar a ese máximo se tendían que cumplir una serie de variables que se antojan complicadas que se den en su totalidad, pero sí es probable que una parte de las mismas se alcancen, como por ejemplo el 0,5% ligado al déficit.

Sin embargo, poco importará que se cumplan o no si no hay un Ejecutivo que tenga capacidad legislativa y dé validez al acuerdo, señalan fuentes sindicales. Tampoco sería posible, añaden, una prórroga de la subida de este año, sino que lo que ocurriría es que los funcionarios no tendrían ningún tipo de mejora.

¿ELECCIONES EN NOVIEMBRE?
Resulta complicado pensar, cierto es, que en todo 2020 no se forme ningún Gobierno, pero los precedente recientes demuestran que la fragmentación parlamentaria ha dificultado y prolongado mucho los procesos de constitución de los diferentes Ejecutivos. Ahora mismo, no es sencillo que Pedro Sánchez logre ser investido en septiembre, situación que provocaría la celebración de unas nuevas elecciones en noviembre.

Llegado a esa punto, tanto pensionistas como funcionarios comenzarían el año con un subida del 0,25% y sin ninguna mejora, respectivamente, y solo podrían aspirar a una mejora retroactiva a lo largo del próximo ejercicio en el momento en el que el Gobierno pueda aprobar las diferentes medidas o la incluyas en sus Presupuestos.

Existiría una posibilidad de frenar esta situación, añaden fuentes sindicales, que pasaría por la presentación de un proyecto o una proposición de ley por parte de algún grupo en el Congreso. Pero esto debería realizarse antes de una posible disolución de las cortes, algo que ocurrirá a finales del mes que viene si Sánchez no es investido. Y, además, ni si quiera existe una posición consensuada sobre cuál debe ser el incremento de las pensiones, por lo que los propios sindicatos consideran muy poco probable esta vía.

De este modo, el bloqueo político provocará un nuevo e importante problema y pensionistas y funcionarios se sumarán a una lista en la que ya está, por ejemplo, las comunidades y los 4.700 millones que deben recibir este año de las entregas a cuenta o los propios Presupuestos Generales del Estado.
El retraso de los viajes del Imserso pone en peligro 90.000 empleos.

Jorge Aguilar.
EQUIDAD INTERGENERACIONAL.

El Banco de España pide a Sánchez que no comprometa la pensión de los jóvenes por conquistar a los jubilados.

DANIEL VIAÑA.

Santander.

Miércoles, 26 junio 2019 - 01:58.

El mismo día en el que el Ministerio de Trabajo anunció que la Seguridad Social deberá desembolsar la notable cifra de 19.000 millones para abonar las pensiones de julio y la paga extraordinaria, el Banco de España lanzó una advertencia al Gobierno y a Pedro Sánchez: proteger a los pensionistas y atender a sus exigencias no puede suponer que las pensiones de los jóvenes se vean sacrificadas o, al menos, comprometidas.

Para ello, Óscar Arce, director general de Economía y Estadística de este organismo, se refirió hasta en dos ocasiones al término "equidad intergeneracional", que no es otra cosa que realizar una "distribución equitativa de los costes y beneficios entre las generaciones actuales y las futuras". O en otras palabras: que los costes de las reformas que necesita la Seguridad Social se repartan entre los pensionistas futuros y los actuales, aunque esta actuación pueda suponer una moderación de las prestaciones o la imposibilidad de ligarlas de manera indefinida al IPC Y, de hecho, señaló que la equidad debe ser uno de los "pilares básicos" de la "necesaria reforma del sistema de pensiones".

Durante su participación en el seminario sobre economía española que esta semana organiza Funcas, y que está teniendo lugar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, Arce acompañó su presentación con un elocuente gráfico sobre la participación electoral por edad. En este documento se observa cómo casi el 90% de los mayores de 65 años encuestados afirman haber votado en las últimas elecciones, mientras que entre los menores de 34 años el dato no llega al 80%.

Si a esta situación se la suma el hecho demográfico de que España presenta una población envejecida y, por lo tanto, en la que el número de jubilados es creciente, el resultado es que la influencia electoral de los pensionistas es muy importante. Y buena muestra de ello es el acuerdo que el PNV arrancó al Gobierno de Rajoy para que las pensiones se revalorizasen un 1,6%, y que fue consecuencia directa de las masivas y numerosas manifestaciones de los pensionistas vascos en Bilbao; o también, la decisión del Ejecutivo de Sánchez de llevar incluso más allá esa subida e incrementarla hasta el 1,7% tras las movilizaciones en las puertas del Congreso de los Diputados.

La advertencia de Arce, además, está en línea con la que el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, envió hace unos días durante el cierre del año académico Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef). En su discurso, y ante un auditorio predominantemente joven, Hernández de Cos aseguró que "la reforma del sistema público de pensiones debe lograr una distribución equitativa de sus costes y beneficios entre las generaciones actuales y las futuras".

"En particular", añadió, "la manera en la que se gradúen en el tiempo los cambios en el sistema de pensiones tiene consecuencias para la distribución del coste de la reforma entre distintas generaciones". Y concluyó: "Retrasar las necesarias reformas del sistema público de pensiones podría contribuir a que dicha distribución tenga que hacerse de manera menos equitativa y con el coste de una mayor incertidumbre".
Tres alternativas para las pensiones: "Deben ajustarse porque no va a haber para todos"

De los planes privados a las subidas de impuestos: las pensiones públicas han sido objeto de debate en las jornadas de la UIMP en Santander.

Beatriz García -2019-06-20.

Empresas, sindicatos y patronal. La sostenibilidad de las pensiones fue objeto de debate en las jornadas que se celebraron este miércoles en Santander, y que organizan la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

A preguntas de los periodistas, cada uno de los ponentes del día plantearon soluciones dispares para abordar la reforma urgente que necesita un sistema que cada vez se ve más golpeado por las dificultades de una pirámide poblacional invertida y con una base que se va estrechando.

Las ideas han ido desde la apuesta ferviente de CCOO por unas pensiones públicas financiadas por un aumento de "los ingresos" (o los impuestos), hasta la necesidad que abordó Mapfre de que los españoles empiecen a destinar una parte de sus ahorros a planes privados.

Distintas soluciones sobre la mesa
Aunque el secretario general del sindicato CCOO, Unai Sordo, tiene clara la teoría que apunta que de cara al futuro, "va a haber más pensionistas, con pensiones más altas y cobrándolas durante más años" y que eso va a suponer "un dato muy serio sobre el incremento de gasto, de más de 3 puntos del PIB", la solución que plantea es "mejorar la estructura de ingresos". Y una de sus fórmulas podría estar en el aumento de la presión fiscal, ya que el sindicalista considera equivocada "la idea de que en España se cruje a impuestos" a los contribuyentes.

En el otro lado de las posturas se situó el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, en una ponencia anterior. Huertas instó a "favorecer el ahorro privado" para complementar unas pensiones públicas cuya cuantía "debe ajustarse porque no va a haber para todos".

Una de las alternativas que puso encima de la mesa es que sean las propias empresas las que complementen los planes de jubilación de su plantilla y que, "si no pueden asumir el coste", que el Gobierno aplique algunos "incentivos". El directivo puso como ejemplo a los países europeos "donde los trabajadores tienen dos pensiones".

Huertas entonó el mea culpa de las empresas del ramo a la hora de plantear estos complementos de ahorro. "Tanto las empresas privadas como el Gobierno tenemos mucho que hacer ya que ambos hemos cometido errores". Eso sí, ha destacado que "los fondos de pensiones están 100% protegidos y las rentabilidades a largo plazo son buenas". Para el directivo, "la sociedad española no ha valorado suficientemente el ahorro mobiliario y sí el inmobiliario, donde el 75% de los españoles son propietarios".

El presidente de Mapfre alertó de la necesidad de un cambio dada la situación de déficit que tiene la Seguridad Social de 17.000 a 18.000 millones de euros, que "debe revertirse" y "no se soluciona" con el incremento de las cotizaciones por la recuperación del empleo.

El término medio de los planteamientos para los futuros jubilados vino del lado de la CEOE. El presidente de la patronal de empresarios, Antonio Garamendi, también considera que "sería bueno un sistema mixto para las pensiones", pero descarta de pleno que se incrementen los costes de las empresas para ello. "A mayores costes, menor competitividad", señaló.

De hecho, ha señalado que la CEOE tiene en marcha un informe sobre pensiones en el que se planteará el modelo mixto. Además, Garamendi ha recordado que la CEOE está sentada en la mesa del diálogo social sobre pensiones y también participa en el Pacto de Toledo, que se volverá a abordar cuando se forme Gobierno.
ECONOMÍA
Trabajo crea un observatorio para combatir el fraude a la Seguridad Social y recuperar recursos
EUROPA PRESS
19 jun. 2019 - 09:50

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dictado una orden por la que crea el Observatorio de lucha contra el fraude a la Seguridad Social, cuyo objetivo será la recuperación de los recursos que se pierden por incumplimientos en los pagos y por conductas irregulares, así como el refuerzo de la confianza y sostenibilidad en el sistema.

El ... (ver texto completo)
Toda la culpa la tienen los socialistas y sus acólitos.
CLARA. ¿Lo ves? Estoy hablando del PSOE y me sales con el PP de Rajoy. Mari me dice que siempre tengo preparado el " y tú más". No lo podéis evitar.
Ángel predicar en el desierto es tiempo perdido, o sea.
LA DOBLE FACTURA DEL MES DE JUNIO.

El Gobierno tira de crédito para pagar más de 19.200 millones en pensiones.

Usará parte del préstamo 13.830 millones con el Tesoro y las cotizaciones para abonar la extra.

Susana Alcelay.

Madrid.

12/06/2019.

La política está parada, enredada en los pactos para formar gobierno; España no tiene Presupuestos ni los tendrá este año, no hay medidas en marcha, ni reformas previstas, pero la maquinaria de los gastos sigue su curso. Este mes la Seguridad Social tiene que afrontar la doble nómina que perciben los más de 9 millones de pensionistas, la ordinaria y extraordinaria de verano, lo que volverá a generar fuertes tensiones de Tesorería en el sistema, igual que ocurre en noviembre, cuando los jubilados cobran la extraordinaria de Navidad,

La factura superará los 19.200 millones de euros. Un desembolso que no se podrá afrontar solo con cotizaciones. La Seguridad Social tendrá que tirar de parte del préstamo de 13.830 millones que tiene con el Estado y está incluido en el presupuesto prorrogado. Tomará unos 7.500 millones; el resto se afrontará con los ingresos, que crecen con fuerza. La Seguridad Social recaudó hasta abril 40.846 millones, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior, en parte por la subida de las bases máximas un 7%.

No está en los planes de Sánchez tocar el Fondo de Reserva, al que apenas le quedan 5.043 millones después de que en diciembre tomara 3.042 millones para pagar la extra de Navidad. Hoy este Fondo no alcanza ni para pagar los 9.610 millones que cuesta una mensualidad, pero agotarlo tendría un elevado coste social, que el presidente no está dispuesto a asumir.
Tú eres el incoherente. Es la purita verdad.. Desde la derecha se ven diferentes las cosas cuando no gobiernan.
¡Menuda coherencia la tuya!, menos mal que ya te conocemos todos los foreros......................, y dice, incoherente, jejejeje.
Ay ay ay cuánta hipocresía se ve en la derecha! Antes no subía la deuda. Ay ay ay
Tu como siempre para no cambiar, o sea, manzanas traigo.
Mientras los distintos partidos juegan al postureo, amagando rupturas o reconciliaciones con el único propósito de beneficiar a sus respectivas siglas a costa del interés general, el sistema de pensiones está al borde de la quiebra. Agotada la célebre «hucha», hay que tirar de crédito para abonar la extra de verano e incrementar con ello una deuda que alcanza ya los 43.000 millones de euros. Lo cual significa que usted, querido lector, y yo, y sobre todo nuestros hijos, estamos pagando a costa de un ingente esfuerzo una nómina política que crece sin cesar en las distintas administraciones y que, lejos de resolver nuestros problemas reales, genera otros nuevos que pronto nos estallarán en las manos. Problemas tan acuciantes como la imposibilidad de cobrar, cuando llegue la jubilación, aquello por lo que hemos cotizado durante toda una vida laboral. Una patata caliente que se pasan unos a otros hasta sin atreverse a hincarle el diente.

Isabel San Sebastián.
El peligro, es que quiere ser Presidente.
Espero y eso NUNCA JAMÁS llegue a serlo, sería catastrófico, ¡que miedo, Iglesias presidente!
Te refieres a Vox, PP, Cs, Podemos....

El cupo, está en la Constitución y... PP, Vox, CS, no tienen ningún interés salvo cuando hay elecciones o para repetirse en el Congreso televisiones, prensa como loritos.

Ya se ha reunido con Vox para firmar acuerdos en Madrid, los niños y su comportamiento creen haber engañado a sus votantes y a los que han mentido si haber engañado es al los votantes de los otros partidos y a quienes no votaron.
Cada día peores
Sí, como Podemos, Iglesias quiere ser MINISTRO al precio que sea, todos iguales.
¡Que tiempos aquellos, ¿donde andará Luisito?
Pues sí.
Jejejejejejeje
Jope, que bien, ya somos ricos, viva, viva el señor presidente................ ¿?
Què graciosillo.
Se escribe así. Hay que saber distinguir y seguir el hilo. Lectura comprensiva.
Precisamente lo que te falta a ti.
El Banco de España reclama reformas para atajar el déficit y hacer sostenibles las pensiones.

El gobernador, Pablo Hernández de Cos, pide una fiscalidad que impulse el crecimiento, eliminar beneficios fiscales y medidas de gasto e ingresos para atajar el déficit del sistema de pensiones.

Moncho Veloso.

Madrid.

Actualizado:

08/05/2019 08:40h.

El Banco de España ha pronosticado que la economía española seguirá creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo menor en un contexto de desaceleración global. Y además lanza un mensaje de complacencia cero por las vulnerabilidades que aún afronta el país, como la consolidación presupuestaria y la sostenibilidad de las pensiones, e insta al Gobierno a tomar medidas por el lado de los gastos y los ingresos para solucionarlos.
Trece regiones no pueden pagar las pensiones con sus cotizaciones.

Las nóminas de los jubilados catalanes y vascos se abonan gracias a la solidaridad del resto de España.

Susana Alcelay.

Madrid.

Actualizado:

06/05/2019 09:49h.

El creciente envejecimiento de la población española, la desindustrialización y la despoblación son causas que están detrás de que la mayoría de regiones españolas no sean capaces de afrontar con las cotizaciones que recaudan en sus respectivas regiones el pago de las pensiones públicas.

Madrid, Baleares, Canarias y Murcia son las únicas comunidades que con sus ingresos podrían sostener las nóminas de los jubilados en un hipotético sistema de base regional. Todas ingresan más de lo que gastan. En trece autonomías pasa lo contrario y, por tanto, estarían en una situación deficitaria si el pago fuera de su competencia. Es decir, que no podrían pagar las pensiones a los jubilados. Así se refleja en un estudio realizado por José Antonio Herce, presidente del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones.

La relación afiliados-pensionistas es clave para conocer la salud financiera de la Seguridad Social, al tratarse de un sistema de reparto, en el que las cotizaciones que pagan los trabajadores ocupados se utilizan para abonar las pensiones del momento. Una relación de afiliados y pensiones por debajo de 2,0 provoca que el sistema entre en déficit de ingresos sobre gastos. Es lo que sucedió en 2011 y fue lo que motivó las reformas de 2011 y 2013.

En la actualidad, solo cuatro comunidades superan el valor de 2,0 en su ratio afiliados-pensiones. Son los casos de Madrid, Canarias, Baleares y Murcia. No ocurre lo mismo en Asturias, la región más deficitaria, con un valor por debajo del 1,25 y Castilla y León y Galicia, donde se sitúa por debajo de 1,5. Todas están en zona de peligro. El conjunto de España, sobre el que se sitúa el resto, está algo por encima del 1,75. De todo lo anterior se deduce que si el sistema de pensiones estuviese transferido con sus ingresos y gastos a las comunidades autónomas trece de ellas estarían en situación de déficit, según destaca el trabajo, que utiliza datos del cierre de 2017.

Entre las regiones deficitarias también se incluyen Cataluña y País Vasco. Las pensiones que cobran los jubilados catalanes son deficitarias y se están pagando gracias a la solidaridad del resto de regiones. En esta comunidad el déficit de ingresos es de 1.664 euros por pensionista y año. El mayor desfase corresponde a Asturias, que registra un déficit de ingresos de 8.290,50 euros por pensionista y año, situación que el estudio atribuye a la reconversión siderúrgica de los astilleros y de la minería, lo que «ha elevado el compromiso de las pensiones, mientras el tejido productivo no ha logrado hacer lo mismo con las cotizaciones», explican.

Canarias, por ejemplo, con 2,47 afiliados por pensión, y en la que sus pensionistas perciben rentas calculadas con las mismas reglas que en el resto —quizás beneficiándose algo de esa solidaridad en la distribución de las prestaciones, por los complementos de mínimos— financia con sus excedentes de cotizaciones las nóminas pagadas en Asturias, la comunidad más deficitaria y con las pensiones de jubilación más altas en España.

Regiones «salvadas»
Recuerda el trabajo de Herce que existen fuertes diferencias demográficas y económicas entre regiones que «acaban siendo salvadas gracias a un sistema de reparto que aporta solidaridad interregional, y lo que es más importante, permite la sostenibilidad de las pensiones en comunidades autónomas fuertemente envejecidas».

En los últimos 38 años, la tasa de envejecimiento ha crecido un 7,1%; ha pasado del 11,2% al 19,2%. Asturias, Castilla y León y Galicia son las regiones más envejecidas en España. Casi uno de cada cuatro personas tiene más de 65 años. Menos presión sobre el sistema de pensiones registran otras como Baleares, Canarias y Murcia.

El alargamiento de la vida implica pensionistas más longevos, que perciben durante más tiempo la pensión que les corresponde. Y la menor natalidad asociada a una población envejecida se traduce en menor tamaño de las generaciones cotizantes durante varias décadas hasta que acaba revirtiendo posteriormente en un menor número de pensionistas. El resultado es un impacto negativo en las cuentas de la Seguridad Social, que hoy arrastran un déficit de 18.000 millones de euros.
IMPACTO DE LAS MEDIDAS DE SÁNCHEZ.

El gasto en pensiones duplica su crecimiento en el comienzo del año.

La factura de las jubilaciones aumenta un 7% hasta febrero y llega a 17.000 millones; hace un año subía un 3,3%;.

El alza de costes laborales a las empresas desde enero impulsa un 6,5% la recaudación, hasta 20.000 millones.

Susana Alcelay.

Madrid.

Actualizado:

22/04/2019 08:37h.

Las políticas de más gasto y de subida de impuestos a las empresas aplicadas por el Gobierno desde enero ya se reflejan con nitidez en los balances de la Seguridad Social. Hasta febrero el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones rozó el 7%, el doble del crecimiento que tenía la factura de las pensiones un año antes. Es un alza récord, que se explica no solo por la incorporación de pensionistas al sistema, también por el mayor desembolso del sistema dedicado a subir un 1,6% las prestaciones de los jubilados, 3% para el caso de las mínimas, y la paga compensatoria por la desviación de los precios en una décima. A estos desembolsos se han unido a jubilación anticipada a 3.000 policías que no solo engrosan el número de beneficiarios, también tienen una pensión superior a la media.

Pero las políticas de Ejecutivo también se han dejado notar en la recaudación que, en plena desaceleración de la economía, crece a tasas desconocidas. Esta evolución se explica sobre todo por la subida de los impuestos al empleo aplicados desde enero, pero también por el alza del salario mínimo hasta 900 euros mensuales y, en general, por el aumento de los salarios. La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja que el sistema público recaudó en solo dos meses algo más de 20.000 millones, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando los ingresos crecían a un ritmo del 5%.

Alza del SMI.

La sudida de las cotizaciones a las empresas ha jugado un papel importante en que la Seguridad Social haya hecho caja. En el primer mes del año las bases máximas de cotización, que son las que se corresponden con los sueldos más elevados, subieron un 7% y un 22,3% las bases mínimas, en línea con el alza del SMI. También se incrementaron un 1,25% la base mínima de los autónomos y se endureció en un 40% la cotización para los contratos temporales inferiores a cinco días como medida para frenar la temporalidad en el empleo. Las empresas, además, ya pagan la cotización de los alumnos en los programas de formación y prácticas no laborales y académicas, aunque no estén remunerados.

Este aumento de la presión sobre la fiscalidad de las empresas hizo estallar a la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, cuantificó un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones. Por ello, auguró que esta subida provocará un «recorte en la contratación», como finalmente está ocurriendo.

Más impuestos al empleo.

Como ya informó ABC, el aumento de los impuestos al empleo y la subida del salario mínimo hasta 900 euros están siendo barreras que han encarecido la contratación y se traducirán este año en que la economía española requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Los datos de afiliación, el termómetro más fiable para medir el empleo, reflejan desde el verano una clara desaceleración, en línea con la economía, que se agudiza cada mes.

En los tres primeros meses de aplicación del nuevo SMI las consecuencias ya se perciben. La contratación indefinida prácticamente se ha hundido y el empleo se desacelera en toda España; ha pasado de crecer a ritmos anuales superiores al 3% a final de 2018 a hacerlo al 2,8% en febrero. Marzo no fue mejor para los contratos. Los datos del Ministerio de Trabajo situarán en un 7% la caída interanual, el peor registro desde 2013.

Sin mecanismos de ajuste.

Durante este ejercicio la escalada del gasto seguirá su curso sin que ningún mecanismo de ajuste pueda mitigar el crecimiento. Este año estaba previsto que entrara en vigor el Factor de Sostenibilidad, un mecanismo de ajuste que hubiera ligado la pensión inicial a la esperanza de vida y, por tanto, recortado la prestación. Pero no lo hará porque el acuerdo presupuestario entre el Gobierno del PP y el PNV retrasó su entrada en vigor hasta 2023, año clave porque comenzarán a jubilarse las generaciones nacidas entre 1958 y 1977, los hijos del «baby boom».

La factura de gasto seguirá, por tanto, engordando durante este año y también el déficit del sistema, que en 2018 se situó 18.300 millones. Como ya adelantó este diario la factura de las medidas aprobadas por Sánchez supondrán un desembolso cercano a los 4.000 millones. Ya está en marcha la percepción de subsidio de paro desde los 52 años y la ampliación del permiso de paternidad hasta ocho semanas este año, a 12 semanas en 2020 y 16 semanas en 2021, igual que las madres. Son las medidas estrellas y también las de mayor cuantía; sumarán 2.606 millones, de los que 1.340 corresponden a la ayuda por desempleo y 1.266 a las mejoras para los padres.

El Gobierno ha hecho en un mes lo que no hizo en ocho. Por su «urgente necesidad» el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la recuperación por el Estado de la cotización de las cuidadoras de familiares dependientes y mejoró hasta los 341 euros, un 17% más, la prestación por hijo a cargo para familias en situación de pobreza. Ambas recibieron ayer el visto bueno de la Cámara Baja y su coste conjunto asciende a 656 millones.

Bonificaciones y ayudas.

Las pensiones de incapacidad permanente han mejorado mil euros con un coste superior a 25 millones y ya están en vigor una sucesión de bonificaciones a la contratación pese a que el partido en el Gobierno siempre se mostró contrario a este tipo de ayudas en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de 18.000 millones. Están en marcha ayudas a la conversión de contratos temporales de eventuales agrarios en indefinidos (12,78 millones), a la contratación de desempleados de larga duración (25,6 millones) y para prolongar la actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el sector turístico (22 millones). Más de 42 millones irán a compensar con una bajada de cuotas a los trabajadores del campo por la repercusión negativa del salario mínimo.
El gasto mensual en pensiones alcanza los 9.563,12 millones de euros y registra un alza récord en 10 años.

En este mes, la pensión media de jubilación ha sido de 1.131,86 euros, lo que supone una subida del 5,04%.

EFE.

MADRID.

Actualizado:

26/02/2019 10:19h.

El gasto mensual en pensiones contributivas de la Seguridad Social ha alcanzado los 9.563,12 millones de euros en febrero, lo que supone un incremento interanual del 7,15%, un alza no vista en diez años. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, febrero ha sido el séptimo mes consecutivo en el que la nómina de pensiones ha aumentado más del 4%, después de varios años con encarecimientos más moderados.

El aumento del gasto en pensiones de febrero ha sido consecuencia del incremento natural del número de pensionistas, así como de la revalorización general de la paga del 1,6%, que ha alcanzado el 3% en el caso de las pensiones mínimas y las no contributivas, y del alza del 56% al 60% de la base reguladora de la pensión de viudedad.

El gasto en pensiones de febrero no incluye la llamada "paguilla" de unos 13 euros de media que han recibido este mes más de 9 millones de pensiones, con un gasto total de 123,4 millones de euros, con las que el Gobierno ha compensado la décima de desviación del IPC que se registró el pasado año (1,7 %) por encima del 1,6 % que subieron estas prestaciones.

En este mes, la pensión media de jubilación ha sido de 1.131,86 euros, lo que supone una subida del 5,04% respecto a febrero de 2018, mientras que la de viudedad se ha situado en 708,26 euros, tras elevarse un 8,6 % respecto al año anterior.

En cuanto a la pensión media del sistema, que comprende las de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, se ha situado en 985,16 euros mensuales, tras un ascenso interanual del 5,67%.

En su conjunto, en febrero se han abonado 9,7 millones de pensiones contributivas, un 1,4% más que hace un año, de las que su mayor parte han sido por jubilación (6.012.434) y el resto de viudedad (2.361.111), así como de incapacidad permanente (953.111), orfandad (338.359) y a favor de familiares (42.125).

En cuanto a las nuevas altas, la pensión media de jubilación (con datos de enero) ha sido de 1.446,11 euros.

Por género, las mujeres han sido las que han acaparado la mayor parte de las prestaciones por viudedad (92,2%) y a favor de un familiar (69,4%), mientras que los hombres han sido mayoritarios entre los pensionistas por incapacidad permanente (63,8%), jubilación (61,7%) y orfandad (52,5%).

En conjunto, los hombres han acaparado el 48,4% de las prestaciones y las mujeres, el 51,6% restante.
Villalobos no convocará el Pacto de Toledo: «Que monten un debate de televisión»

La presidenta de la Comisión renuncia a reunir a la comisión para debatir los preacuerdos alcanzados al no contar con un documento consensuado.

María Cuesta.

MADRID.

Actualizado:

20/02/2019 13:25h.

El frustrado acuerdo en la comisión del Pacto de Toledo ha terminado por desencadenar un bronco debate entre los grupos políticos que han seguido señalando hoy a Podemos como responsable de hacer saltar por los aires un consenso sobre el futuro del sistema de pensiones. La formación morada no ha dudado en defenderse y ha escenificado su ruptura con el PSOE, al que ha acusado de «mentir» y buscar «hacerse una foto electoral», según ha declarado la portavoz del grupo Irene Montero antes de entrar al Pleno.

Desde los populares han destacado las incoherencias en las que ha entrado Podemos al ponerse al frente de la manifestaciones por un sistema de pensiones digno y luego bloquear la comisión que debevelar por sus sostenibilidad. En palabras del vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto: «muchos jubilados se sentirán frustrados» cuando vean que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, «les tomó el pelo» al acudir a sus manifestaciones para después torpedear el acuerdo.

Para Maroto, el debate de las pensiones, «el más importante» del país, ha sufrido «un nuevo golpe por parte de la izquierda», que, a su juicio, se suma al momento en el que el entonces diputado socialista Pedro Sánchez «votó la congelación de las pensiones» siendo José Luis Rodríguez Zapatero presidente del Gobierno.

Pero el cruce de acusaciones no sólo se ha visto en los pasillos del Congreso y se ha escenificado también en el Pleno. En un último intento por cerrar un acuerdo, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha insistido en que «confía plenamente» en que el Pacto de Toledo «todavía tenga solución» y que se pueda llegar a un acuerdo «antes de las elecciones». La ministra respondía así a las acusaciones de la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, que había asegurado que el PSOE buscaba un recorte en las pensiones en la revisión de sus recomendaciones.

Último intento fallido
Las esperanzas de la ministra Valerio estaban puestas en una Comisión que hoy la presidenta del Pacto, Celia Villalobos, «con gran dolor de mi corazón», ha descartado se vaya a celebrar. «El Pacto de Toledo es una comisión que funciona de forma diferente. Para convocarla hay que presentar a la mesa y a la comisión de un documento en el que normalmente hay entre un 90% o 95% de acuerdo de los partidos», ha explicado.

«Puede haber algún voto particular en algun tema concreto, que se respeta y que viene recogido después en el documento que se eleva al Pleno. El problema es que en este momento ese documento no existe. Porque Podemos, de forma sorpresiva -para mí y para el conjunto de los portavoces- presentaron ayer votos particulares a todo, desde la introducción hasta el último punto», ha continuado Villalobos, visiblemente afectada ya que hoy mismo ha confirmado que abandona la política.

«Yo tenía unas enormes ganas de conseguir el Pacto de Toledo. Para mí ha sido un reto, que he perdido claramente». «Todos los grupos políticos han cedido en sus planteamientos para conseguir un consenso y han cedido en cuestiones fundamentales para integrar a Podemos. Claro, cuando Podemos se va, todos los grupos dicen que ellos vuelven a sus principios, con lo cual hace imposible llevar un documento a la comisión. Por eso es imposible que haya comisión. Y lo digo con gran dolor de mi corazón», ha aseverado. « ¿Nos vamos a reunir?, ¿Con qué documento? Yo como presidenta ¿qué documento llevo yo a la mesa para que se pueda votar? No existe. Podemos ha dinamitado el Pacto», se ha resignado Villalobos.

Preguntada por si detrás de la solicitud se escondían intereses electorales, Villalobos se ha mostrado tajante: «Yo llevo muchos años en política, he visto de todo y a mi no me van a manipular. Yo he tenido que apartar mis ideas políticas para no intervenir en el debate. Por lo tanto si no hay un documento sobre el que hay más de un 90% de acuerdo de los grupos políticos yo no voy a convocar la comisión del Pacto de Toledo. Para votar qué. ¿Para que los portavoces hables? Pues que vayan a televisión y monten un debate», ha concluido.
La crispación política paraliza el Pacto de Toledo con las pensiones al límite.

La subida del 1,6% ha disparado el gasto al 7%, lo que ha contribuido a engordar el déficit, de más de 19.000 millones.

María Cuesta.

Madrid.

Actualizado:

15/02/2019 01:49h.

El acuerdo en el Pacto de Toledo era inminente. Al Gobierno se le ha llenado la boca en los últimos meses de anunciar unos avances que le permitirían legislar una nueva reforma para asegurar los pilares del sistema de pensiones, afectado por un déficit superior a 19.000 millones de euros. Pero ese acuerdo tendrá que esperar. Con la cuenta atrás de la legislatura ya en marcha, la comisión parlamentaria ha encallado y con ella la veintena de recomendaciones en las que trabajan sus señorías para afrontar la que probablemente sea la reforma más importante y compleja que tiene pendiente España.

La actitud que ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez durante estos meses de negociación no ha sido la esperada entre los grupos parlamentarios de la oposición para construir un ambiente proclive al entendimiento. «No hay muestra de interés alguna», aseguran fuentes parlamentarias. Y aunque a principios de año el documento final llegó a esperarse para los primeros días de febrero, lo cierto es que los desplantes han ido acumulándose hasta erosionar por completo las posibilidades de pacto. Los populares han denunciado en reiteradas ocasiones cómo el Ejecutivo no les ha llamado para acordar ninguna de las medidas económicas aprobadas en los últimos meses, una actitud que choca de frente con el llamamiento a todos los grupos parlamentarios que el pasado mes de julio hizo Pedro Sánchez «para construir un nuevo Pacto de Toledo».

Reformas por decreto
Un punto de inflexión en las negociaciones lo marcó también el decreto de las pensiones aprobado en el último Consejo de Ministros de diciembre, que con el anzuelo de la revalorización del pago a los pensionistas el Gobierno incluyó además la eliminación de las bonificaciones a la contratación impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ejecutivo logró sacar adelante este «cajón de sastre» con el apoyo de Podemos y ante el desconcierto de Ciudadanos, que cambió su sentido del voto a última hora y se unió al PP en su abstención. Una «desvergüenza», en palabras del diputado popular Carlos Floriano, que protagonizó un fuerte rifirrafe con la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, en aquel pleno y que en la práctica supuso romper con el espíritu de la comisión del Pacto de Toledo de mantener las pensiones públicas alejadas de las tensiones políticas.

Tampoco ha tenido buena acogida en la oposición un artículo escrito por la portavoz socialista en Pacto de Toledo, Merce Perea, con un buen puñado de dardos al Partido Popular. Bajo el título « ¡Es el Pacto, estúpido!», Perea asevera que «despreciar el Pacto como se hizo en 2013, dejarlo caer, como pretenden algunos ahora, constituye una regresión que no nos podemos permitir» de un instrumento que se creó hace más de 20 años y que es «referente mundial». Según la portavoz socialista, la unanimidad en torno a las recomendaciones del Pacto de Toledo es fundamental, porque «no llegar a un acuerdo lo más amplio posible» permite a cualquier gobierno «hacer la reforma que le parezca en función de su mayoría parlamentaria».

«No han faltado quienes, atrevidos a mi juicio, han argüido que el acuerdo al que se llegue será papel mojado», aseveró Perea, para añadir que «las reformas estructurales del país se deben hacer por consenso, nunca por imposición ya que carecerían de la suficiente legitimidad social».

Alternativas de financiación
El Pacto de Toledo lleva intentando deshacer la madeja en la que está enredado desde que en septiembre pasado acordara volver a ligar la subida de las pensiones al IPC. Fue el primer fruto de unos trabajos que habían comenzado más de año y medio antes con el objetivo acuciante de poner sobre la mesa alternativas para asegurar la financiación y sostenibilidad del sistema público, para el que este año había presupuestados 153.864 millones, un 6,2%. Es la cifra más alta de la historia.

El desfase entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social lejos de reducirse, sigue aumentando. La subida general del 1,6% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas aplicadas en 2018 y este año han elevado la factura de las jubilaciones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas. El pasado enero el gasto en prestaciones se disparó un 7%, hasta hasta la cifra récord de 9.535,5 millones de euros. Hay que remontarse a 2009 para encontrar una tasa interanual de gasto en pensiones próxima a la registrada el primer mes del año.

Y, mientras, los grupos parlamentarios son incapaces de ponerse de acuerdo. El PSOE, porque ha decidido legislar por libre, y los partidos de la oposición, porque no están dispuestos a poner sobre la mesa de Pedro Sánchez un acuerdo que podría rentabilizar en las urnas.

En lo que todos coinciden es en que el gran asunto por acordar tiene que ver con cuál tiene que ser la estructura financiera del sistema público de pensiones. Comparten que hace falta más dinero para pagar las prestaciones, pero el acuerdo se aleja cuando se baja al detalle.

Sí que hay consenso en la necesidad de que aumente la aportación procedente de los impuestos, pero el acuerdo se evapora rápido cuando se plantea cómo pagar esa mayor aportación. Falta entendimiento y las discrepancias se ha agudizado por la crispación política, que hace que hoy la posibilidad de pacto este más lejos si cabe.
La 'otra' subida del gasto en pensiones: los recién jubilados cobran un 57% más que los más mayores.

El gasto seguirá creciendo sea cual sea el índice de revalorización: los nuevos jubilados tienen prestaciones mucho más altas que los que fallecen.

D. Soriano -2019-02-12.

El gasto en pensiones no deja de crecer. En los próximos Presupuestos Generales del Estado, se aprueben o no los que se debaten esta semana en el Pleno del Congreso, superará los 150.000 millones de euros. Más de 4 de cada 10 euros del total de gasto no financiero de estas cuentas públicas.

Normalmente, cuando se plantean estas cifras, todos nos acordamos de las reformas, de los intentos de reducir un poco este incremento, de las manifestaciones de los pensionistas o de la revalorización con el IPC. Porque al final, ése ha sido el gran debate del año, si las pensiones debían subir según un índice de precios (ya fuera el IPC de noviembre, como antes, o una media anual, como ahora) o había que poner una restricción en función de la situación de las cuentas del sistema (en eso consistía el famoso Índice de Revalorización de las Pensiones de la reforma de 2013).

También se habla mucho de demografía. De la creciente esperanza de vida y de la baja natalidad, de esos baby-boomers que están a punto de comenzar a jubilarse y que no tienen un relevo (ni lo tendrán) en el mercado laboral.

Y sí, es verdad que los dos fenómenos afectan, y mucho, a las cuentas de la Seguridad Social. Pero hay algo más. Un tercer elemento que no siempre se tiene en mente. La revalorización anual (ya sea con IPC o IRP) afecta las pensiones que ya están en vigor. Pero hay un factor muy relevante: las nuevas pensiones son más altas, bastante más, que las viejas. Los nuevos jubilados alcanzan los 65 años con carreras más largas y más cotización acumulada. Con más derechos. Por eso, incluso aunque se volviese al IRP y al famoso 0,25%, algo que nadie plantea, el gasto seguiría creciendo. Y no, las reformas de los últimos años no han revertido esta tendencia. Han reducido el incremento del gasto o la tasa de crecimiento de las nuevas pensiones. Pero los nuevos pensionistas siguen cobrando mucho más que los que dejan el sistema por fallecimiento. Además, lo normal es que esta tendencia continúe muchos años.

Por estos motivos, el próximo lunes, 18 de febrero, Libertad Digital acoge un nuevo desayuno informativo centrado en Pensiones, en esta ocasión, en el llamado "segundo pilar" de las Pensiones o planes de empresa para completar la retribución que recibirán sus trabajadores en el momento de la jubilación. El desayuno está impulsado por Ibercaja Pensión y contará con su director, José Carlos Vizárraga Catalán y con otros expertos del sector.

La semana pasada, el Instituto Santalucía presentaba su informe "Alternativas a la insuficiencia de las pensiones", elaborado en colaboración con Pedro Serrano (Universidad Carlos III de Madrid), Juan A. Lafuente (Universidad Jaume I) y Jorge Martínez-Ramallo (Airos Valor). Aunque el documento estaba centrado en las opciones para complementar sus prestaciones que tenían los jubilados que poseen patrimonio inmobiliario, también incluía un apartado de análisis sobre la situación actual del sistema y su evolución futura. En este punto, lo más destacado eran las cifras sobre cómo el gasto ha ido incrementándose de forma natural, simplemente por la sustitución de pensionistas con prestaciones muy bajas (los jubilados hace 20-30 años que fallecen) por pensionistas con derecho a una mensualidad muy superior.

Así, en 2005 los pensionistas de 65 a 74 años cobraban una pensión media de 680 euros al mes. A cambio, los de 85 y más años estaban en los 438 euros. En 2017, los jubilados más jóvenes se iban a los 1.093 euros al mes por los 695 euros de los más mayores. Como puede verse en la siguiente tabla, en todos los grupos de edad, la prestación media ha subido entre un 50 y un 60% en la última década. Es algo lógico, porque las cohortes que van accediendo a la jubilación tienen mejores carreras laborales. Pero sí es relevante que la diferencia no se acorte. A pesar de las reformas y del incremento de las mínimas de los últimos años, la pensión del grupo de 65 a 74 años sigue siendo un 57% más alta que la de los mayores de 85 años.
Explica el por qué, ¿A que no te atreves? Jejeje, que pendientes estáis de los posibles errores que pueda cometer para "echar el zarpazo", errores o confusiones que son detectados por otros foreros nunca por vosotros, porque no tenéis ni idea de lo que estamos hablando.

¡Hala valiente!, explica al foro porque estoy confundida en mi anterior post y si tienes razón, nuevamente rectificaré, a mi no me duelen prendas para hacerlo.
Simplemente porque copias mal y encima de fuentes no fidedignas, o sea, está bien claro ¿no?
Que raro que tú no saltaras, tú nunca te confundes porque lo tuyo es copia pegar sin aportación personal alguna, salvo para "echar piropos" a los demás.
Ocurre que yo me nutro de fuentes bien informadas y de esa forma es difícil meter la gamba, o sea, sin ton ni son, ¡que sería este foro sin mis aportaciones al bien común!, como diría el bueno de Iñaky: Buenos días Pepa, buenos días Iñaky, ¿que tal por Madrid?
En las musarañas, seguro que sí, y luego decimos a los demás que solo nos gusta confundir, ¡ay, ¡ay.
DESAJUSTE ENTRE SUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD.

¿Son generosas las pensiones? Los jubilados cobran un 32% más de lo que han cotizado.

La alta tasa de sustitución que logran los pensionistas y la elevada esperanza de vida hacen que los jubilados vayan a cobrar cinco años de prestación por encima de lo que han financiado.

ACTUALIZADO: 28/01/2019 10:58.

El debate sobre las pensiones públicas tiene muchas aristas. El equilibrio es complicado, porque se está jubilando la generación más numerosa, la del ‘baby boom’, y esto obliga al país a realizar un gran esfuerzo de gasto. Los jubilados pelean por garantizar el poder adquisitivo de sus pensiones apelando a que ellos cotizaron durante toda su carrera laboral para generar este derecho, y no les falta razón. Sin embargo, la comparativa entre lo aportado y lo que cobrarán posteriormente arroja un gran desequilibrio.

Los pensionistas que se jubilan actualmente cobrarán unos 21 años de pensión (es lo que corresponde a la esperanza de vida a partir de los 65 años que calcula el INE); sin embargo, las aportaciones que hayan realizado durante toda su vida laboral apenas permitirían pagar 16 años de pensión. Esto es, les quedarían unos cinco años extra que estarán cobrando la pensión gracias a la generosidad de otras personas. En este caso, de los trabajadores.
La pensión como "derecho": cotizar por 10 y cobrar 20… o por qué las cuentas no salen.

Buena parte de los pensionistas terminan cobrando del sistema mucho más de lo que aportaron vía cotizaciones.

D. Soriano -2019-01-22.

Mi pensión, mi derecho

Yo ya coticé, ahora me merezco cobrar lo que me corresponde

Pensión = salario diferido

El sistema es contributivo: tanto aportas, tanto cobras

Todo hemos escuchado estas frases (o parecidas) en los últimos años. A veces las hemos leído en las pancartas de las manifestaciones de pensionistas. Otras veces, han sido los políticos los que las han usado para explicar las bondades del sistema. Y en otras ocasiones, son los expertos que analizan el modelo público quienes las usan para explicar sus fundamentos (por ejemplo, ese famoso "salario diferido" que tanto gusta en algunos ámbitos académicos).

El problema es que no es cierto. No lo es en términos generales y tampoco individualmente: uno no aporta para su pensión. Lo hace para pagar las de los actuales jubilados. Y luego cobrará en función de las reglas que haya vigentes en ese momento. Pero, por ejemplo, si tiene mala suerte y fallece a los 66 años, todo ese "salario diferido" se evaporará como por ensalmo y su familia no tendrá nada a cambio de sus cotizaciones.

El sistema de reparto contributivo es así. También tiene su lado bueno. El hecho de que el Estado cobre cotizaciones de forma coactiva a todos los trabajadores hace que sea complicado prever una quiebra financiera total del mismo. Por muy al límite que se lleven las cuentas, siempre habrá alguien a quien cobrar. Y puede venderse (y de hecho se hace) como un modelo de solidaridad entre generaciones: ahora pagas y, a cambio, generas un derecho a futuro.

Las reglas son éstas. La discusión sobre su legitimidad queda para otro momento. Pero lo relevante aquí no es eso, sino las cuentas. Y ahí sí que hay que hacer un apunte importante: para buena parte de los pensionistas (probablemente una mayoría, aunque no hay un estudio fiable al 100% al respecto porque entran en juego muchas variables), el sistema de pensiones es extremadamente generoso. Es decir, devuelve mucho más en prestaciones que lo que el trabajador aportó en cotizaciones (incluyendo la cuota empresarial, por supuesto). No es cierto, por lo tanto, que cobremos a cambio de lo que pusimos. Algunos sí, por ejemplo aquellos que fallecen poco después de la jubilación; pero muchos otros cobran gracias a la generosidad del sistema y a un desequilibrio generacional que es ese elefante en la habitación del sistema de pensiones del que nadie quiere hablar.

Las cifras
Éste es un cálculo complicado. Hay muchas variables en juego. Además, es políticamente muy incorrecto. Parecería como si decir que un pensionista cobra más como jubilado de lo que cotizó como trabajador fuera equivalente a proponer que le quiten la prestación o le dejen en la indigencia. No es así. El sistema es el que es y tiene sus pros y contras. Pero sea cual sea la situación individual de cada uno, ésta es una cuenta que hay que hacer para conocer la sostenibilidad a futuro del modelo. Porque lo que es evidente es que no todo vale. Y con un déficit oficial cercano a los 20.000 millones, la salud financiera de la Seguridad Social está en entredicho.

Hace unos meses, en Libre Mercado nos hacíamos eco de un estudio de José Enrique Devesa Carpio e Inmaculada Domínguez Fabián en el que se ofrecían las siguientes cifras: "Tras la reforma, el coste por cada unidad de pensión que entrega el sistema pasaría de 1,442 a 1,28, lo cual significa que, tras la reforma de 2011, sigue habiendo un sobrecoste del 28%". O lo que es lo mismo, un euro aportado, incluso admitiendo una posible rentabilidad implícita durante el tiempo transcurrido, generaba el derecho a cobrar 1,44 euros de pensión antes de la reforma de 2011 y 1,28 euros tras la misma.

Este lunes, en Madrid, Fedea presentaba su informe "El sistema público español de pensiones: Mitos y realidades", realizado por Miguel Ángel García Díaz (profesor de Economía Aplicada y colaborador de Fedea y URJC). En el mismo, junto a otros muchos datos sobre el actual sistema de la Seguridad Social y su equilibrio financiero, se incluía un ejemplo muy interesante. Es sólo un supuesto individual, pero significativo. No es el trabajador medio de la economía, pero probablemente no se aleje demasiado del mismo. Y, si acaso, las cifras serán conservadoras, porque los mejor parados serían aquellos jubilados que tuvieron carreras más cortas que tendrían pensiones más bajas si la prestación se calculara exclusivamente con la cotización.

No es el caso que nos ocupa. Los supuestos del ejemplo son los siguientes:

Cogemos a un trabajador que haya cotizado el número de años requeridos para cobrar el 100% de su base reguladora: 37 años.

Suponemos que en los últimos 25 años (el período que se utilizará para el cálculo de esta base una vez se implante por completo la reforma de 2011) ha cobrado el mismo sueldo bruto cada año (incluyendo en este concepto lo que la empresa paga en su nombre como cotización empresarial).

De ese sueldo, el 23,5% va destinado a cotizar para la jubilación (las cotizaciones totales son algo más elevadas, pero también es cierto que no todo el gasto de la Seguridad Social va a pensiones contributivas; de lo cotizado cada mes, lo que toca para la parte contributiva es ese 23,5%)

La rentabilidad implícita es el 2%, lo que corresponde con el incremento del PIB medio de España en esos 25 años que sirven para calcular la base de cotización. La explicación de esta cifra es que se entiende que una persona que trabaja contribuye de esta manera (con su aportación al crecimiento de la economía) a que las nuevas generaciones disfruten de un mayor nivel de bienestar. Por eso, resulta lógico y justo que su cotización genere una rentabilidad implícita igual a la obtenida por el país durante su etapa laboral. Además, este modelo también es financieramente sostenible: un país más rico, como el que deja el jubilado respecto al que se encontró cuando empezó a trabajar, puede pagar pensiones más altas. ¿Cuánto? Pues actualizar el valor de esas cotizaciones en función del PIB es una buena aproximación también desde el punto de vista financiero.

Por último, un apunte: estos supuestos también hacen que los intereses de todas las generaciones estén más alineados. Cuanto más crezca el PIB durante la vida laboral de un trabajador, ocurrirán dos circunstancias positivas: las nuevas cohortes llegarán a un mercado laboral más rico y, además, lo que ese nuevo jubilado tiene derecho a cobrar es más elevado (o lo que es lo mismo: tiene derecho a cobrar su pensión durante más tiempo).

Los resultados están resumidos en el siguiente cuadro:

PD: (vean la web)
EL RIESGO DE POBREZA SE SITÚA EN UN NIVEL MEDIO.

La UE desmonta un mito: las pensiones españolas no son las más generosas.

Las pensiones españolas no son las más generosas de Europa. Aunque la tasa de sustitución sea la más elevada, el riesgo de pobreza se sitúa en un nivel medio respecto de la UE.

ACTUALIZADO: 21/01/2019 07:58.

AUTOR.

CARLOS SÁNCHEZ.

Uno de los argumentos utilizados más frecuentemente cuando se analiza el sistema español de protección social tiene que ver con la generosidad del sistema de pensiones. Se suele esgrimir, en concreto, que la llamada tasa de sustitución, es decir, la relación entre la pensión inicial del beneficiario y el último salario, es la más elevada de la OCDE. En concreto, según este trabajo del Banco de España —muchos otros van en la misma línea—, representa una media del 82,2%, frente al 55,2% que se registra en el club de los países más avanzados del mundo.

A partir de esta realidad aritmética, se argumenta que las pensiones españolas son muy generosas, lo que justificaría una reforma en profundidad para garantizar sus sostenibilidad. Como consecuencia de ello, se propone, entre otras cosas, aumentar el periodo de cálculo o un nuevo incremento de la edad legal de jubilación (67 años en 2027).
SUPERARÁ LOS 18.500 MILLONES.

Sánchez no reduce el déficit de las pensiones ni con 9.200 millones más de ingresos.

El déficit no financiero del sistema alcanzará los 18.650 millones en 2019, según la estimación del Gobierno, casi 1.300 millones más que en 2018, a pesar de la subida de cotizaciones.

16/01/2019 05:00 - ACTUALIZADO: 16/01/2019 09:30
El déficit de la Seguridad Social sigue siendo el gran problema de las cuentas públicas ignorado por el Gobierno. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ignoró el agujero del sistema y agotó el Fondo de Reserva, y el de Pedro Sánchez va por el camino de generar una gran deuda. El déficit de la Seguridad Social alcanzará los 18.650 millones de euros en 2019, según figura en los Presupuestos Generales del Estado. Una cuantía que significa elevar el déficit corriente del sistema en 1.300 millones de euros respecto al Presupuesto del ejercicio anterior.

Ni siquiera la subida de cotizaciones y la transferencia extraordinaria del Estado a la Seguridad Social son suficientes para contrarrestar el efecto conjunto de las tres causas que provocan la subida de la nómina de las pensiones: la subida de las prestaciones, la tasa de reemplazo (las nuevas pensiones son más altas que las que causan baja) y el envejecimiento de la población.
No hay dinero para pensiones: el Gobierno prestará otros 15.000 millones a la Seguridad Social.

El Gobierno concederá un préstamo a la Seguridad Social de unos 15.000 millones en 2019 para pagar las pensiones.

LM/Agencias. 2019-01-14.

El Gobierno concederá un préstamo de unos 15.000 millones de euros, en torno el 1,1% o el 1,2% del Producto Interior Bruto (PIB), a la Seguridad Social para hacer frente al pago de las pensiones este año, según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Concretamente, el departamento que representa Magdalena Valerio ha confirmado que el préstamo coincidirá con el déficit asignado para el sistema de Seguridad Social. Además, el Gobierno estima que podría contar con una décima adicional procedente del superávit que se espera que registren el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y del Fogasa.

A la espera de que se confirme a lo largo de este lunes la aportación final que se realizará a las cuentas de la Seguridad Social, incluida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, esta aportación estaría en línea con la cifra que se concedió al sistema en el ejercicio pasado. En concreto, en 2018, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 13.830 millones de euros, de los que el Gobierno dispuso 7.500 millones en julio y 6.330 millones en diciembre para hacer frente a la paga extraordinaria.

En estos momentos, el Fondo de Reserva cuenta con poco más de 5.043 millones de euros tras la última disposición de 3.000 millones realizada por el Gobierno para hacer frente al pago de la paga ordinaria y extraordinaria del mes de diciembre. Esta cifra queda lejos de los 66.815 millones con los que llegó a contar la conocida como hucha de las pensiones en 2011.
SERÍA UNA MEDIDA PARA LAS PRÓXIMAS DÉCADAS.

Trabajo quiere subir la edad de jubilación efectiva un año para garantizar las pensiones.

Trabajo se reunirá con los agentes sociales para empezar a debatir las medidas para reducir el déficit del sistema y garantizar su solvencia a largo plazo.

11/01/2019 09:48 - ACTUALIZADO: 11/01/2019 19:59.

El Ministerio de Trabajo estudia medidas para elevar la edad de jubilación y así garantizar la sostenibilidad futura del sistema público de pensiones. Así lo ha confirmado el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado. "Es necesario retrasar la edad efectiva de jubilación un año" para que sea efectivo en 2048, ha señalado Granado, una medida que tendría que afectar tanto a las jubilaciones anticipadas, como la edad ordinaria de los 67 años. "Tenemos que conseguir retrasar la salida del mercado laboral de todos los colectivos, algunos de forma voluntaria y otros, obligatoria", ha remarcado Granado, "es algo que ya ocurre en otros países, no sería exclusivo de España". Actualmente la edad efectiva de salida está en los 63,7 años sin contabilizar las clases pasivas y pretende que en los próximos años sea de un año más.

Esta es la reacción de la Seguridad Social tras conocer la opinión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en el que alertaba del déficit estructural del sistema de pensiones. Su propuesta va en línea con la de la AIReF. Granado se reunirá la próxima semana con los agentes sociales, sindicatos y patronal, para comenzar a abordar la sostenibilidad del sistema y las fórmulas para reducir el déficit. "Tenemos que encontrar puntos de coincidencia que hagan posible un gran acuerdo", ha remarcado el secretario de Estado.

El Ministerio de Trabajo quiere buscar fórmulas flexibles en los distintos sectores, ya que la carga de trabajo físico no es la misma para todos los trabajadores. Además, el objetivo prioritario es fomentar las largas carreras de jubilación, de modo que se consiga reducir la salida anticipada de trabajadores del mercado laboral. "De manera natural, la población tiende a jubilarse más tarde, ya que cada vez tienen más peso los trabajos que pueden realizarse sin problemas a edades avanzadas", ha señalado Granado.

Tenemos que conseguir retrasar la salida del mercado laboral de todos los colectivos, unos de forma voluntaria y otros, obligatoria.

El ministerio considera prioritario buscar medidas para elevar de forma voluntaria la edad efectiva de jubilación, pero no descarta adoptar medidas que lo hagan obligatorio. Todo esto tendrá que cerrarse en un gran acuerdo del diálogo social con sinos y empresarios para garantizar que la reforma tiene futuro y no sea derogada en los distintos cambios de gobierno.

Esta medida profundizaría la reforma del año 2011 tal y como solicita la AIReF. Sería una vía para apuntalar el futuro de las pensiones públicas ya que aumentaría el número de años que cotizan los trabajadores y reduciría el periodo que están cobrando una pensión. En la reforma de 2011 se aprobó la subida de la edad de jubilación ordinaria en dos años, hasta los 67 años, y el número de años para el cálculo de la pensión hasta 25 años. Estas dos medidas todavía no han entrado en vigor de forma plena, sino que lo harán en los próximos años. La AIReF también solicita elevar el número de años que se utilizan para el cálculo de la pensión hasta los 35 años.
Trabajo recorta de nuevo las pensiones máximas por la puerta de atrás.

El Gobierno subirá cerca de un 10% la base máxima de cotización, pero la cuantía de las pensiones subirá menos.

LM/Agencias. 2018-12-13.

La reforma silenciosa de las pensiones continúa. En teoría, la base de máxima de cotización debería subir en la misma proporción que las pensiones para no erosionar el poder adquisitivo de los futuros jubilados. Pero esto no sucede en la práctica, de modo que la diferencia entre pensiones mínimas y máximas se estrecha cada vez más. Si las bases (parte del salario sobre el que se pagan cotizaciones) aumentan, pero las pensiones máximas no lo hacen en la misma proporción, se reduce, poco a poco, el carácter contributivo del sistema (tanto aportas durante la vida laboral, tanto recibes al jubilarte). Es decir, los trabajadores que cotizan por la máxima pagan cada vez más a la Seguridad Social sin que ello se vaya a traducir, posteriormente, en una pensión más elevada.

El Gobierno del PSOE no sólo mantendrá, sino que intensificará este particular recorte por la puerta de atrás. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha anunciado este jueves que el Gobierno subirá la base máxima de cotización "un poco por debajo" del 10%, pero las pensiones máximas subirán igual "que todas", en línea con el IPC.

En una jornada organizada por El Economista, la ministra ha señalado que aún no ha concretado la tasa a la que subirá la base máxima de cotización, si bien no lo hará el 22% que elevará la mínima, que crece al mismo ritmo que el salario mínimo interprofesional (SMI), porque "sería un impacto importante". Ha añadido que subir la base máxima de cotización y la pensión máxima ese 22% sería "lo comido por lo servido", algo imposible "porque hay que cuadrar las cuentas", en tanto que no hacerlo de igual forma "sería tremendo".

Por ello, ha asegurado que la base máxima subirá menos que la mínima, incluso "un poco por debajo" del 10%, si bien este punto debe aún abordarse con patronal y sindicatos en la mesa de diálogo social para ser aprobado antes de que termine el año. De esta forma, el alza de la base máxima será inferior a la que aportaba el informe de evaluación del plan presupuestario que elaboró la AiRef en base a datos facilitados por el Gobierno y que apuntaba a un incremento de entre el 10% y el 12%.

La ministra ha recordado que el alza del SMI se aprobará por Real Decreto en el Consejo de Ministros del 21 de diciembre, por lo que ya está siendo sometido a consideración de los agentes sociales en un plazo de consulta que será "más abreviado" de lo normal. Por otro lado y también antes de que termine el año, el Gobierno aprobará el incremento de las cotizaciones sociales por real decreto Ley, instrumento que aprovechará para sacar adelante otros asuntos.

Autónomos
Entre ellos, ha dicho la ministra, incorporará modificaciones en el contrato de apoyo a emprendedores o una reordenación de los subsidios por desempleo (PAR, Prepara o el SED que incluyó los presupuestos generales del Estado). Valerio ha recordado además que el Gobierno está trabajando en un acuerdo con los autónomos para elevar sus cotizaciones para el año que viene, que ya tiene un preacuerdo con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia y que ahora está en la mesa de diálogo social, con el objetivo de aprobarlo en el citado real decreto ley.

Este incremento pactado con los autónomos, a la espera de elaborar un sistema que vincule sus cotizaciones a sus ingresos reales, será del 1,25%, ha dicho la ministra, porque elevar su base mínima de cotización un 22% -lo que lo hará la del régimen general- supondría "un impacto importante". Este acuerdo, que debería ser cerrado en los próximos días, está a la espera de recibir el visto bueno de los sindicatos, que ya han manifestado su temor a que una base mínima más baja del régimen de autónomos actúe como efecto reclamo sobre trabajadores del régimen general, con una base más elevada.

"Voy a intentar que si hay algún disenso sea tranquilo y no virulento", ha dicho la ministra, quien prefiere sacar adelante las medidas con consenso porque así son más duraderas, pero que, una vez sometidas a negociación, es al Gobierno "a quien le toca gobernar". "No me han manifestado que estuviesen en contra de acuerdo o preacuerdo", ha dicho la ministra sobre la opinión de los sindicatos respecto al acuerdo de los autónomos, "no me mostraron grandes discrepancias".
La edad de jubilación se retrasa hasta 65 años y ocho meses desde enero.

El retiro se mantiene en 65 años con el 100% de la pensión para los que hayan cotizado a la Seguridad Social al menos 36 años y nueve meses.

Susana Alcelay.

Madrid.

Actualizado:

10/12/2018 02:18h.

La aplicación de la reforma de las pensiones sigue su curso mientras el Pacto de Toledo continúa, después de más de dos años de trabajos, buscando fórmulas para asegurar el presente y futuro del sistema público. La llegada de 2019 traerá un nuevo cambio en los requisitos para acceder a la jubilación en cumplimiento de la ley de pensiones, que desde el año 2013 está obligando a trabajar más años y cobrar menos como fórmulas para sostener el sistema, que todavía lucha por recuperarse de una crisis que acabó con 3,7 millones de puestos de trabajo.

La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo del año próximo con el 100% de la pensión que les pudiera corresponder, deberán tener ya cumplidos los 65 años y ocho meses. A partir de 2019 la edad de jubilación se incrementará dos meses cada año hasta 2027.

¿Qué ventajas tiene para el sistema público retrasar la edad jubilación? Por un lado, permite disponer de más población activa que financie las pensiones, y por otro, retrasa el cobro de la pensión. Es decir, si un trabajador sigue activo hasta los 67 años, son dos años más que aporta a la caja común, pero no consumiendo pensiones.

El retraso, que se aprueba con carácter general, tiene sus excepciones. Los trabajadores que acumulan una larga vida laboral podrán retirarse con su pensión íntegra a los 65 años siempre y cuando tengan cotizados 36 años y nueve meses o más. Por cada ejercicio se aumenta ese periodo en tres meses hasta llegar a 2027, cuando quien desee retirarse a los 65 deberá contar con una cotización de, al menos, 38 años y seis meses.

La generación que se está jubilando ahora comenzó a trabajar muy joven y, por tanto, acumula muchos años de aportaciones al sistema. Más problemas para saltar este listón tendrán los jóvenes actuales, que han empezado más tarde a cotizar y con sueldos más bajos. También tendrán problemas las mujeres con lagunas de cotización.