Disfrutar de una Justicia independiente es una condición indispensable del Estado de derecho y de las sociedades libres. Al cabo, la Justicia es la garantía última de que los derechos individuales sean respetados y sus violaciones castigadas. De ahí que suponga una excelente noticia que, según ha anunciado María Dolores de Cospedal, el PP planee llevar en su programa electoral la modificación del sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y del CGPJ.
Sin embargo, por positiva e ilusionante que sea esta propuesta, llega tarde para solucionar muchos de los entuertos de la actual Justicia teledirigida por el Gobierno. En concreto, llega tarde para evitar que Bildu, esa marca blanca de Batasuna –es decir, de la ETA–, vaya a estar presente en las instituciones vascas y navarras.
La felonía del sector progresista del Tribunal Constitucional –que en definitiva, es la felonía del Gobierno de Zapatero–, consistente en revocar la sentencia del Supremo que impugnaba todas las listas de Bildu, ha permitido a los proetarras alcanzar las más altas cotas de poder institucional de su historia: siete escaños en el Parlamento navarro y 1.183 concejalías que podrían otorgarle el Gobierno de hasta 118 ayuntamientos y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Una tragedia nacional y democrática en toda regla que colocará a parte de nuestras instituciones –y de las personas jurídicas de ellas dependientes, como las cajas de ahorros o las empresas y fundaciones públicas– al servicio de la extorsión terrorista.
La ETA más debilitada y desacreditada de todos los tiempos disfrutará de más plataformas de financiación, información y propaganda que nunca. El impuesto revolucionario, al que la banda criminal afirmó renunciar hace unas semanas, se sustituirá por sueldos, dietas y subvenciones a los cargos electos y al entorno etarra. Los mismos españoles a quienes los terroristas llevan décadas matando y asesinando serán quienes sufragarán sus delictivas fechorías. La responsabilidad de este despropósito está claramente acotada: los seis magistrados del Constitucional que blanquearon las listas de Bildu y el partido político, el PSOE, que los colocó en sus cargos y les orientó en su voto. Contra ellos, la propuesta del PP llega tarde; probablemente evite que en el futuro se repitan ilegalidades de este calibre, pero no servirá para enmendar las pasadas.
Sin embargo, ello no significa que los ciudadanos debamos quedarnos de brazos cruzados; ni siquiera que nuestra única protesta deba restringirse a la moción en las urnas del pasado 22 de mayo. Aun cuando padezcamos una Justicia ultrapolitizada, todavía existen magistrados honrados que tratan de desempeñar de la mejor manera posible su trabajo; de ahí que sea nuestra obligación como ciudadanos denunciar la manifiesta prevaricación de los miembros del Constitucional.
Afortunadamente, así lo ha entendido la parte más dinámica y decente de nuestra sociedad: los colectivos de víctimas y otras asociaciones cívicas. Hoy, Voces contra el Terrorismo, Manos Limpias, Hazte Oír, Denaes y Libertad e Identidad presentarán una querella –respaldada por la AVT, Dignidad y Justicia y la Fundación Gregorio Ordóñez– contra los magistrados progresistas del Constitucional por haber dinamitado la separación de poderes e invadido competencias del Supremo con tal de conseguir que la ETA estuviera presente en las elecciones. Por el bien de todos, incluyendo el Estado de derecho, esperemos que esta acción popular prospere y que quienes se han convertido en el felpudo de los terroristas paguen por sus delitos.
Sin embargo, por positiva e ilusionante que sea esta propuesta, llega tarde para solucionar muchos de los entuertos de la actual Justicia teledirigida por el Gobierno. En concreto, llega tarde para evitar que Bildu, esa marca blanca de Batasuna –es decir, de la ETA–, vaya a estar presente en las instituciones vascas y navarras.
La felonía del sector progresista del Tribunal Constitucional –que en definitiva, es la felonía del Gobierno de Zapatero–, consistente en revocar la sentencia del Supremo que impugnaba todas las listas de Bildu, ha permitido a los proetarras alcanzar las más altas cotas de poder institucional de su historia: siete escaños en el Parlamento navarro y 1.183 concejalías que podrían otorgarle el Gobierno de hasta 118 ayuntamientos y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Una tragedia nacional y democrática en toda regla que colocará a parte de nuestras instituciones –y de las personas jurídicas de ellas dependientes, como las cajas de ahorros o las empresas y fundaciones públicas– al servicio de la extorsión terrorista.
La ETA más debilitada y desacreditada de todos los tiempos disfrutará de más plataformas de financiación, información y propaganda que nunca. El impuesto revolucionario, al que la banda criminal afirmó renunciar hace unas semanas, se sustituirá por sueldos, dietas y subvenciones a los cargos electos y al entorno etarra. Los mismos españoles a quienes los terroristas llevan décadas matando y asesinando serán quienes sufragarán sus delictivas fechorías. La responsabilidad de este despropósito está claramente acotada: los seis magistrados del Constitucional que blanquearon las listas de Bildu y el partido político, el PSOE, que los colocó en sus cargos y les orientó en su voto. Contra ellos, la propuesta del PP llega tarde; probablemente evite que en el futuro se repitan ilegalidades de este calibre, pero no servirá para enmendar las pasadas.
Sin embargo, ello no significa que los ciudadanos debamos quedarnos de brazos cruzados; ni siquiera que nuestra única protesta deba restringirse a la moción en las urnas del pasado 22 de mayo. Aun cuando padezcamos una Justicia ultrapolitizada, todavía existen magistrados honrados que tratan de desempeñar de la mejor manera posible su trabajo; de ahí que sea nuestra obligación como ciudadanos denunciar la manifiesta prevaricación de los miembros del Constitucional.
Afortunadamente, así lo ha entendido la parte más dinámica y decente de nuestra sociedad: los colectivos de víctimas y otras asociaciones cívicas. Hoy, Voces contra el Terrorismo, Manos Limpias, Hazte Oír, Denaes y Libertad e Identidad presentarán una querella –respaldada por la AVT, Dignidad y Justicia y la Fundación Gregorio Ordóñez– contra los magistrados progresistas del Constitucional por haber dinamitado la separación de poderes e invadido competencias del Supremo con tal de conseguir que la ETA estuviera presente en las elecciones. Por el bien de todos, incluyendo el Estado de derecho, esperemos que esta acción popular prospere y que quienes se han convertido en el felpudo de los terroristas paguen por sus delitos.