El búnker judicial: quién es quién en el gobierno de los jueces que ocupa el PP (2/3)
Ballestero Pascual sustituyó a uno de los vocales más famosos de este consejo: el hoy ministro del Interior. Fernando Grande Marlaka fue nombrado por el PP de Rajoy para el CGPJ y permaneció junto a Lesmes durante casi cinco años, hasta su nombramiento como ministro. Su salto del sector conservador de la judicatura al Gobierno de Pedro Sánchez fue una enorme sorpresa, que rompió con su trayectoria anterior.
Nuria Díaz Abad. Abogada del Estado, propuesta para el CGPJ por el PP. Fue la vocal que lideró el voto particular contra el nombramiento como fiscal general del Estado de la exministra Dolores Delgado. En 2019, Díaz Abad optó a un puesto en el Tribunal Europeo de la UE, pero el Gobierno –entonces con Delgado como ministra– frenó su candidatura por su perfil conservador. Se la considera cercana ideológicamente al Opus Dei y formó parte de la Comisión de Igualdad del CGPJ. De ahí pasó a la Comisión Permanente.
Juan Manuel Fernández Martínez. Miembro de la conservadora APM. Propuesto para el consejo por el PP. Fue presidente del Tribunal Superior de Navarra, nombrado por el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar. Es también profesor de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei. Es de los vocales conservadores que más está presionando para que el CGPJ en funciones vuelva a aprobar nombramientos.
Tiene buena relación con Alejandro Abascal: un juez relativamente joven de la APM, próximo a Pablo Casado, que fue uno de los nombres que el PP propuso como vocal del CGPJ en la fallida negociación de 2018.
Poco después de que esa negociación se rompiera, tras difundirse el famoso whatsapp del exsenador Ignacio Cosidó presumiendo de cómo el PP iba a controlar los nombramientos del Supremo, el CGPJ en funciones nombró a Alejandro Abascal como juez de refuerzo de Manuel García Castellón en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Fue una decisión bastante cuestionada porque había candidatos con más experiencia que él.
Este juzgado número 6 de la Audiencia Nacional lleva, entre otros temas, el caso Púnica, el caso Lezo y la investigación sobre el caso Villarejo y el espionaje a Luis Bárcenas, donde el exministro Jorge Fernández Díaz acaba de ser imputado.
Juan Martínez Moya. Junto con Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández, está considerado como uno de los tres vocales del CGPJ más próximos ideológicamente al Opus Dei. Es miembro de la APM y fue propuesto para el CGPJ por el PP.
En 2004 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por la mayoría conservadora en el CGPJ nombrada por Aznar. Desde ese puesto, tuvo un importante papel en el 'caso auditorio’, un escándalo de corrupción que afectaba a Pedro Antonio Sánchez, que fue presidente de Murcia por el PP.
En 2014, comenzó una investigación de este caso de corrupción por la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras que acumulaba varias ilegalidades y que había decidido Pedro Antonio Sánchez cuando era alcalde de la localidad. Como en ese momento este político estaba aforado –era consejero de Educación y diputado autonómico–, el caso pasó al Tribunal Superior de Murcia. Allí Martínez Moya y otros dos jueces evitaron que Pedro Antonio Sánchez fuera imputado, y pasaron la investigación a otro juzgado en Lorca. Esa decisión evitó que Pedro Antonio Sánchez, ya candidato del PP a la presidencia de Murcia, fuera a las elecciones de 2015 como imputado.
Pese a esta decisión, la investigación continuó. Y en febrero de 2017, Pedro Antonio Sánchez, ya como presidente de Murcia, fue citado como imputado a declarar.
Las presiones del PP para salvar al presidente murciano continuaron. La más notable fue la destitución del fiscal que llevaba el caso, una decisión que aprobó José Manuel Maza, fiscal general del Estado nombrado por Rajoy.
Poco después de esta destitución, saltó a la prensa la fotografía de una reunión secreta entre el juez que investigaba al presidente de Murcia y un miembro de la dirección del PP de Murcia. Ese dirigente del PP murciano era el suegro del vocal del CGPJ Juan Martínez Moya.
A pesar de todas estas maniobras, Pedro Antonio Sánchez acabó siendo forzado a dimitir en abril de 2017, acosado por varios casos de corrupción. Por ahora, ya se ha librado de uno de ellos gracias a una modificación legal que aprobó su partido en 2015, que limitó el tiempo de investigación de algunas causas a solo seis meses.
Carmen Llombart Pérez. Miembro de la APM, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Llegó al CGPJ a propuesta del PP, gracias a la recomendación de Fernando de Rosa, otro juez y político cuya trayectoria es clave para entender cómo funcionan los nombramientos y las puertas giratorias del Poder Judicial.
Fernando de Rosa militó en Alianza Popular cuando estaba en la universidad. En esa época, con 23 años, recibió en la sede del partido a otro joven estudiante de Derecho que se quería afiliar: Francisco Camps. La relación entre ambos fue muy cercana desde entonces. Y cuando Camps llegó a president de la Generalitat Valenciana, le nombró consejero de Justicia. Más tarde, en 2008, Camps logró que el PP le aupara al CGPJ como vocal y vicepresidente: como el hombre fuerte del partido en aquella cúpula judicial. En 2015, de vuelta a los juzgados, Fernando De Rosa fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Valencia por el CGPJ actual.
Carmen Llombart también fue una de las vocales del CGPJ que apoyó el nombramiento de otro amigo de Fernando de Rosa: el exsenador del PP por Alicante Vicente Magro como juez del Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal. Esa decisión la tomó el CGPJ por solo 10 votos de 21, en un pleno al que faltó uno de los vocales progresistas, el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, que no pudo asistir por un problema grave de salud.
En ese mismo pleno donde faltaba el voto de un vocal progresista, en enero de 2018, el CGPJ también aprovechó para nombrar al ex secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Rajoy, Fernando Román, como juez del Tribunal Supremo.
Llombart es una de las vocales que más ha presionado para que el CGPJ con el mandato caducado siga aprobando nombramientos y ascensos. En julio de este año, firmó un voto particular porque el pleno del CGPJ prefirió no aprobar nombramientos mientras los partidos negociaban su renovación. Fue la autora del informe del CGPJ sobre la ley del aborto que no pudo sacar adelante Gallardón.
Llombart también protagonizó otro de los episodios más polémicos del actual CGPJ: un nombramiento para ella misma. Sus compañeros conservadores en la Comisión Permanente la auparon en 2017 a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la que juzga a los políticos autonómicos aforados acusados de corrupción. Un juez recurrió ese nombramiento, pero el Supremo lo confirmó.
Wenceslao Olea Godoy. Es otro de los vocales conservadores más influyentes y preside la Comisión Disciplinaria, la que decide las sanciones sobre los jueces. En 2004 otro CGPJ conservador, el de la mayoría absoluta de Aznar, le nombró presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura. En 2012, el sector conservador en el CGPJ le aupó al Tribunal Supremo. Al año siguiente, el PP le propuso como vocal para el consejo actual.
María Ángeles Carmona Vergara. Es secretaria judicial. Formó parte de la delegación del Gobierno en Andalucía durante la primera legislatura de Rajoy. Su nombramiento en el CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por el juez Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla y más tarde ministro del Interior con Rajoy. Es también amiga de Antonio Dorado, que fue vocal a propuesta del PP en el CGPJ anterior y después secretario general del Ministerio de Justicia, con Rafael Catalá.
Ya siendo vocal del consejo, Carlos Lesmes promocionó a María Ángeles Carmona como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Hasta entonces, este puesto estaba unido a la presidencia de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que ejerce la vocal progresista Clara Martínez de Careaga. Lesmes rompió ese consenso para poner en ese puesto a una vocal del PP.
Es la más joven del CGPJ y por ello le corresponde ser siempre la primera en votar –el orden es por edad, de menor a mayor–. Es por tanto la vocal que desvela el voto que después suelen seguir todos los demás vocales del PP.
Ballestero Pascual sustituyó a uno de los vocales más famosos de este consejo: el hoy ministro del Interior. Fernando Grande Marlaka fue nombrado por el PP de Rajoy para el CGPJ y permaneció junto a Lesmes durante casi cinco años, hasta su nombramiento como ministro. Su salto del sector conservador de la judicatura al Gobierno de Pedro Sánchez fue una enorme sorpresa, que rompió con su trayectoria anterior.
Nuria Díaz Abad. Abogada del Estado, propuesta para el CGPJ por el PP. Fue la vocal que lideró el voto particular contra el nombramiento como fiscal general del Estado de la exministra Dolores Delgado. En 2019, Díaz Abad optó a un puesto en el Tribunal Europeo de la UE, pero el Gobierno –entonces con Delgado como ministra– frenó su candidatura por su perfil conservador. Se la considera cercana ideológicamente al Opus Dei y formó parte de la Comisión de Igualdad del CGPJ. De ahí pasó a la Comisión Permanente.
Juan Manuel Fernández Martínez. Miembro de la conservadora APM. Propuesto para el consejo por el PP. Fue presidente del Tribunal Superior de Navarra, nombrado por el CGPJ conservador de la mayoría absoluta de Aznar. Es también profesor de la Universidad de Navarra, propiedad del Opus Dei. Es de los vocales conservadores que más está presionando para que el CGPJ en funciones vuelva a aprobar nombramientos.
Tiene buena relación con Alejandro Abascal: un juez relativamente joven de la APM, próximo a Pablo Casado, que fue uno de los nombres que el PP propuso como vocal del CGPJ en la fallida negociación de 2018.
Poco después de que esa negociación se rompiera, tras difundirse el famoso whatsapp del exsenador Ignacio Cosidó presumiendo de cómo el PP iba a controlar los nombramientos del Supremo, el CGPJ en funciones nombró a Alejandro Abascal como juez de refuerzo de Manuel García Castellón en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Fue una decisión bastante cuestionada porque había candidatos con más experiencia que él.
Este juzgado número 6 de la Audiencia Nacional lleva, entre otros temas, el caso Púnica, el caso Lezo y la investigación sobre el caso Villarejo y el espionaje a Luis Bárcenas, donde el exministro Jorge Fernández Díaz acaba de ser imputado.
Juan Martínez Moya. Junto con Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández, está considerado como uno de los tres vocales del CGPJ más próximos ideológicamente al Opus Dei. Es miembro de la APM y fue propuesto para el CGPJ por el PP.
En 2004 fue nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia por la mayoría conservadora en el CGPJ nombrada por Aznar. Desde ese puesto, tuvo un importante papel en el 'caso auditorio’, un escándalo de corrupción que afectaba a Pedro Antonio Sánchez, que fue presidente de Murcia por el PP.
En 2014, comenzó una investigación de este caso de corrupción por la construcción de un auditorio en Puerto Lumbreras que acumulaba varias ilegalidades y que había decidido Pedro Antonio Sánchez cuando era alcalde de la localidad. Como en ese momento este político estaba aforado –era consejero de Educación y diputado autonómico–, el caso pasó al Tribunal Superior de Murcia. Allí Martínez Moya y otros dos jueces evitaron que Pedro Antonio Sánchez fuera imputado, y pasaron la investigación a otro juzgado en Lorca. Esa decisión evitó que Pedro Antonio Sánchez, ya candidato del PP a la presidencia de Murcia, fuera a las elecciones de 2015 como imputado.
Pese a esta decisión, la investigación continuó. Y en febrero de 2017, Pedro Antonio Sánchez, ya como presidente de Murcia, fue citado como imputado a declarar.
Las presiones del PP para salvar al presidente murciano continuaron. La más notable fue la destitución del fiscal que llevaba el caso, una decisión que aprobó José Manuel Maza, fiscal general del Estado nombrado por Rajoy.
Poco después de esta destitución, saltó a la prensa la fotografía de una reunión secreta entre el juez que investigaba al presidente de Murcia y un miembro de la dirección del PP de Murcia. Ese dirigente del PP murciano era el suegro del vocal del CGPJ Juan Martínez Moya.
A pesar de todas estas maniobras, Pedro Antonio Sánchez acabó siendo forzado a dimitir en abril de 2017, acosado por varios casos de corrupción. Por ahora, ya se ha librado de uno de ellos gracias a una modificación legal que aprobó su partido en 2015, que limitó el tiempo de investigación de algunas causas a solo seis meses.
Carmen Llombart Pérez. Miembro de la APM, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia. Llegó al CGPJ a propuesta del PP, gracias a la recomendación de Fernando de Rosa, otro juez y político cuya trayectoria es clave para entender cómo funcionan los nombramientos y las puertas giratorias del Poder Judicial.
Fernando de Rosa militó en Alianza Popular cuando estaba en la universidad. En esa época, con 23 años, recibió en la sede del partido a otro joven estudiante de Derecho que se quería afiliar: Francisco Camps. La relación entre ambos fue muy cercana desde entonces. Y cuando Camps llegó a president de la Generalitat Valenciana, le nombró consejero de Justicia. Más tarde, en 2008, Camps logró que el PP le aupara al CGPJ como vocal y vicepresidente: como el hombre fuerte del partido en aquella cúpula judicial. En 2015, de vuelta a los juzgados, Fernando De Rosa fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Valencia por el CGPJ actual.
Carmen Llombart también fue una de las vocales del CGPJ que apoyó el nombramiento de otro amigo de Fernando de Rosa: el exsenador del PP por Alicante Vicente Magro como juez del Tribunal Supremo, en la Sala de lo Penal. Esa decisión la tomó el CGPJ por solo 10 votos de 21, en un pleno al que faltó uno de los vocales progresistas, el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, que no pudo asistir por un problema grave de salud.
En ese mismo pleno donde faltaba el voto de un vocal progresista, en enero de 2018, el CGPJ también aprovechó para nombrar al ex secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Rajoy, Fernando Román, como juez del Tribunal Supremo.
Llombart es una de las vocales que más ha presionado para que el CGPJ con el mandato caducado siga aprobando nombramientos y ascensos. En julio de este año, firmó un voto particular porque el pleno del CGPJ prefirió no aprobar nombramientos mientras los partidos negociaban su renovación. Fue la autora del informe del CGPJ sobre la ley del aborto que no pudo sacar adelante Gallardón.
Llombart también protagonizó otro de los episodios más polémicos del actual CGPJ: un nombramiento para ella misma. Sus compañeros conservadores en la Comisión Permanente la auparon en 2017 a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la que juzga a los políticos autonómicos aforados acusados de corrupción. Un juez recurrió ese nombramiento, pero el Supremo lo confirmó.
Wenceslao Olea Godoy. Es otro de los vocales conservadores más influyentes y preside la Comisión Disciplinaria, la que decide las sanciones sobre los jueces. En 2004 otro CGPJ conservador, el de la mayoría absoluta de Aznar, le nombró presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Extremadura. En 2012, el sector conservador en el CGPJ le aupó al Tribunal Supremo. Al año siguiente, el PP le propuso como vocal para el consejo actual.
María Ángeles Carmona Vergara. Es secretaria judicial. Formó parte de la delegación del Gobierno en Andalucía durante la primera legislatura de Rajoy. Su nombramiento en el CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por el juez Juan Ignacio Zoido, entonces alcalde de Sevilla y más tarde ministro del Interior con Rajoy. Es también amiga de Antonio Dorado, que fue vocal a propuesta del PP en el CGPJ anterior y después secretario general del Ministerio de Justicia, con Rafael Catalá.
Ya siendo vocal del consejo, Carlos Lesmes promocionó a María Ángeles Carmona como presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género. Hasta entonces, este puesto estaba unido a la presidencia de la Comisión de Igualdad del CGPJ, que ejerce la vocal progresista Clara Martínez de Careaga. Lesmes rompió ese consenso para poner en ese puesto a una vocal del PP.
Es la más joven del CGPJ y por ello le corresponde ser siempre la primera en votar –el orden es por edad, de menor a mayor–. Es por tanto la vocal que desvela el voto que después suelen seguir todos los demás vocales del PP.