El búnker judicial: quién es quién en el gobierno de los jueces que ocupa el PP (3/3)
Carlos Lesmes. Es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y también el presidente del Tribunal Supremo, dos puestos que en España están unidos. Es una de las máximas autoridades del país.
En teoría, su nombramiento lo deciden los 20 vocales del CGPJ que nombra el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Los parlamentarios eligen a los vocales y los vocales al presidente, según la Constitución. Es una formalidad, pero no solo. Es un mecanismo diseñado para garantizar la independencia judicial y también la independencia de los vocales frente a los partidos que los nombraron.
En la práctica, esa independencia de los partidos se suele romper desde la primera votación, donde los veinte vocales eligen a su presidente. Siempre es el nombre que los partidos han pactado previamente, y que se suele conocer antes de que el propio CGPJ se constituya y apruebe ese nombramiento.
Así ocurrió con Lesmes también. Su nombramiento, decidido por el PP y aceptado por el PSOE, se publicó en la prensa antes de que los vocales del CGPJ lo llegaran a aprobar.
Carlos Lesmes debe casi toda su carrera al Partido Popular. Fue alto cargo del Gobierno del PP, en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila.
En la primera legislatura de Aznar –1996-2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces.
En esos años también fue subordinado de quien más tarde sería ministro de Justicia con Rajoy: Rafael Catalá, secretario de Estado de ese mismo ministerio con Aznar.
Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Tribunal Constitucional.
Al frente del CGPJ, no solo se ha ocupado de aprovechar su mayoría para colocar a jueces conservadores en muchos de los puestos clave de la Justicia. También ha movido los hilos a favor del PP, al que ha ayudado en muchos de sus problemas judiciales.
Fue el CGPJ de Lesmes quien decidió no prorrogar a Pablo Ruz, y sacarlo de la Audiencia Nacional, después de que ordenara un registro contra la sede del PP. Quien presionó para que Gómez Bermúdez no pudiera investigar la caja B. Quien apartó al juez de la Gurtel, Ricardo de Prada, de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión…
Lesmes hizo todo lo que pudo. Pero no todo lo que le pedía el Partido Popular, que nunca le perdonó que no bloquease el interrogatorio de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, como le pedía el ministro Rafael Catalá. Que en el Gobierno pensasen que tal cosa era posible –bastante fue que M. Rajoy fuese solo como testigo ante el tribunal– es un buen ejemplo de la “independencia judicial” en la que cree el PP.
Cuando el PP prometía “despolitizar la Justicia”
El actual Consejo General del Poder Judicial arranca en 2013, en unas fechas que pasará a la historia negra de España del abuso de poder. Fue el año en el que Luis Bárcenas ‘sé fuerte’ amenazó con tirar de la manta y el Gobierno de Rajoy movilizó a la cloaca policial para evitarlo. Fue también el año en que el PP atornilló aún más a la Justicia. Ambas cosas ocurrieron por la misma razón.
Durante la campaña de 2011, Mariano Rajoy había hecho una promesa electoral que después no cumplió: despolitizar la Justicia. Rajoy propuso cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para que una parte del CGPJ fuera elegida directamente por los jueces.
Fue otra promesa rota, como lo de no subir el “IVA de las chuches” y tantas otras más. En 2013, el Gobierno del PP aprobó una reforma de esa ley, aunque en sentido contrario a su programa electoral. Fueron cuatro cambios importantes. Todos para que el PP pudiera controlar la Justicia aún más.
Las asociaciones ya no proponen. La nueva ley de 2013 quitó todo el poder a las asociaciones judiciales en el sistema de elección de vocales. Antes de Gallardón, eran ellas quienes postulaban a una parte de los candidatos al CGPJ, entre los que después decidía el Parlamento: un modelo que daba voz a los jueces al tiempo que respetaba la soberanía popular y que Aznar acordó con Zapatero en el “pacto por la Justicia”. Después de la reforma, ese requisito desapareció porque cualquier juez, con unas pocas firmas, se puede proponer a sí mismo.
Los nombramientos sin consenso. Antes de la reforma del PP, los nombramientos se decidían por mayoría de tres quintos del CGPJ, lo que obligaba a negociar cada nombre con el sector minoritario y que fueran por consenso. Tras la reforma, bastaba con la mitad más uno: solo con los votos de los vocales del PP era suficiente para nombrar de por vida a un juez en el Supremo. En 2019, con Pedro Sánchez de presidente, este punto de la ley orgánica se anuló.
El sistema de voto. Antes de la reforma, los votos en el CGPJ eran secretos, para que así cada vocal pudiera votar con mayor libertad. Con la reforma, se obligó a votar en voz alta: para que el PP pudiera saber bien si algún vocal díscolo se atrevía a traicionar a su patrón.
La Comisión Permanente. Antes de la reforma del PP, todos los vocales eran iguales. Todos cobraban el mismo sueldo y tenían el mismo poder. Con la reforma, nació la Comisión Permanente: un consejo dentro del consejo, que toma las principales decisiones y cuyos vocales cuentan con privilegios sobre los demás.
Un vocal de la Permanente cobra algo más de 6.000 euros netos al mes. Uno de los de segunda, los que no están en esa comisión, solo cobra dietas: unos 1.000 euros al mes. Los de la Permanente tienen chófer. Los otros no.
Los cambios en la composición de la Comisión Permanente del CGPJ
Listado de vocales que han ocupado una plaza en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2013 hasta la actualidad, según el periodo de actividad.
La decisión sobre quién está y quién no está en la Permanente la toma el propio Carlos Lesmes. Es un sistema de ‘palo y zanahoria’ que da al presidente del CGPJ mucho poder sobre los demás.
El Gobierno de Rajoy aprobó esa reforma del CGPJ sin pactarla con nadie, sin ese “consenso” que solo exige cuando no manda. Por supuesto, no cumplió con su promesa de “despolitizar la Justicia”. Eso es algo que el PP solo pide cuando está en la oposición y que tampoco garantizaría ese modelo de elección que Rajoy no adoptó por otro motivo: para exprimir el poder de su mayoría absoluta en la cúpula judicial, en un momento en el que su partido estaba acosado por los casos de corrupción.
José María Aznar también proponía, y no cumplió, que fueran los jueces quienes nombraran a los vocales: un modelo de elección que tampoco serviría para despolitizar la Justicia. Llevaría a un CGPJ permanentemente conservador, como son la gran mayoría de los jueces, en parte por el sistema de acceso a la carrera judicial.
Para llegar a juez o fiscal, hace falta pasar una dura oposición donde es casi imprescindible la ayuda de un preparador, que también sea jurista. Es un sistema privado de formación que corre a cargo del aspirante y donde algunos jueces que dan esas clases no declaran al fisco sus ingresos. Esto levanta una barrera económica extra para aprobar la oposición: o tienes un juez en tu familia que te prepare, o lo tienes que pagar, además del dinero que supone estudiar durante años sin cobrar. Para un aspirante con pocos recursos económicos, la oposición es mucho más difícil de aprobar.
Que los jueces nombren al Gobierno de los jueces llevaría a una Justicia donde los partidos tendrían menos poder, pero muy alejada de la sociedad y de la soberanía popular, que es de donde emana su legitimidad según la Constitución. La única comisión dentro del CGPJ que actualmente votan directamente los jueces es la de Ética Judicial. Está formada por seis miembros: no hay un solo progresista entre los seis y dos de ellos –un tercio del total– son muy próximos al Opus Dei.
Hace unos días en el Congreso, Pablo Casado planteó “despolitizar la Justicia” que está bloqueando y cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Fue otra mala excusa para no renovar el consejo y alargar su poder en el Gobierno de los jueces, incumpliendo la Constitución. Es la tercera vez que esto sucede en España, siempre con el mismo partido, siempre por la misma razón. Es lo mismo que hizo Aznar, lo mismo que hizo Rajoy. Secuestrar la Justicia, mientras se clama por su liberación.
Carlos Lesmes. Es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y también el presidente del Tribunal Supremo, dos puestos que en España están unidos. Es una de las máximas autoridades del país.
En teoría, su nombramiento lo deciden los 20 vocales del CGPJ que nombra el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos. Los parlamentarios eligen a los vocales y los vocales al presidente, según la Constitución. Es una formalidad, pero no solo. Es un mecanismo diseñado para garantizar la independencia judicial y también la independencia de los vocales frente a los partidos que los nombraron.
En la práctica, esa independencia de los partidos se suele romper desde la primera votación, donde los veinte vocales eligen a su presidente. Siempre es el nombre que los partidos han pactado previamente, y que se suele conocer antes de que el propio CGPJ se constituya y apruebe ese nombramiento.
Así ocurrió con Lesmes también. Su nombramiento, decidido por el PP y aceptado por el PSOE, se publicó en la prensa antes de que los vocales del CGPJ lo llegaran a aprobar.
Carlos Lesmes debe casi toda su carrera al Partido Popular. Fue alto cargo del Gobierno del PP, en el Ministerio de Justicia, bajo las órdenes de todos los ministros del ramo nombrados por José María Aznar: Margarita Mariscal de Gante, Ángel Acebes y José María Michavila.
En la primera legislatura de Aznar –1996-2000–, Lesmes fue director general de Objeción de Conciencia. En la segunda, fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia, un puesto clave en ese ministerio porque es quien ejerce de enlace del Gobierno con los jueces.
En esos años también fue subordinado de quien más tarde sería ministro de Justicia con Rajoy: Rafael Catalá, secretario de Estado de ese mismo ministerio con Aznar.
Tras ocho años en el Gobierno de Aznar, Lesmes pasó a la Audiencia Nacional, donde el CGPJ de entonces –conservador, nombrado durante la mayoría absoluta de Aznar– le ascendió a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Más tarde saltó al Supremo, a la Sala Tercera, también con el apoyo conservador. Allí fue el ponente de la ilegalización de Sortu, que después anuló el Tribunal Constitucional.
Al frente del CGPJ, no solo se ha ocupado de aprovechar su mayoría para colocar a jueces conservadores en muchos de los puestos clave de la Justicia. También ha movido los hilos a favor del PP, al que ha ayudado en muchos de sus problemas judiciales.
Fue el CGPJ de Lesmes quien decidió no prorrogar a Pablo Ruz, y sacarlo de la Audiencia Nacional, después de que ordenara un registro contra la sede del PP. Quien presionó para que Gómez Bermúdez no pudiera investigar la caja B. Quien apartó al juez de la Gurtel, Ricardo de Prada, de la decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas entraba en prisión…
Lesmes hizo todo lo que pudo. Pero no todo lo que le pedía el Partido Popular, que nunca le perdonó que no bloquease el interrogatorio de Mariano Rajoy como testigo en el caso Gürtel, como le pedía el ministro Rafael Catalá. Que en el Gobierno pensasen que tal cosa era posible –bastante fue que M. Rajoy fuese solo como testigo ante el tribunal– es un buen ejemplo de la “independencia judicial” en la que cree el PP.
Cuando el PP prometía “despolitizar la Justicia”
El actual Consejo General del Poder Judicial arranca en 2013, en unas fechas que pasará a la historia negra de España del abuso de poder. Fue el año en el que Luis Bárcenas ‘sé fuerte’ amenazó con tirar de la manta y el Gobierno de Rajoy movilizó a la cloaca policial para evitarlo. Fue también el año en que el PP atornilló aún más a la Justicia. Ambas cosas ocurrieron por la misma razón.
Durante la campaña de 2011, Mariano Rajoy había hecho una promesa electoral que después no cumplió: despolitizar la Justicia. Rajoy propuso cambiar la ley orgánica del Poder Judicial para que una parte del CGPJ fuera elegida directamente por los jueces.
Fue otra promesa rota, como lo de no subir el “IVA de las chuches” y tantas otras más. En 2013, el Gobierno del PP aprobó una reforma de esa ley, aunque en sentido contrario a su programa electoral. Fueron cuatro cambios importantes. Todos para que el PP pudiera controlar la Justicia aún más.
Las asociaciones ya no proponen. La nueva ley de 2013 quitó todo el poder a las asociaciones judiciales en el sistema de elección de vocales. Antes de Gallardón, eran ellas quienes postulaban a una parte de los candidatos al CGPJ, entre los que después decidía el Parlamento: un modelo que daba voz a los jueces al tiempo que respetaba la soberanía popular y que Aznar acordó con Zapatero en el “pacto por la Justicia”. Después de la reforma, ese requisito desapareció porque cualquier juez, con unas pocas firmas, se puede proponer a sí mismo.
Los nombramientos sin consenso. Antes de la reforma del PP, los nombramientos se decidían por mayoría de tres quintos del CGPJ, lo que obligaba a negociar cada nombre con el sector minoritario y que fueran por consenso. Tras la reforma, bastaba con la mitad más uno: solo con los votos de los vocales del PP era suficiente para nombrar de por vida a un juez en el Supremo. En 2019, con Pedro Sánchez de presidente, este punto de la ley orgánica se anuló.
El sistema de voto. Antes de la reforma, los votos en el CGPJ eran secretos, para que así cada vocal pudiera votar con mayor libertad. Con la reforma, se obligó a votar en voz alta: para que el PP pudiera saber bien si algún vocal díscolo se atrevía a traicionar a su patrón.
La Comisión Permanente. Antes de la reforma del PP, todos los vocales eran iguales. Todos cobraban el mismo sueldo y tenían el mismo poder. Con la reforma, nació la Comisión Permanente: un consejo dentro del consejo, que toma las principales decisiones y cuyos vocales cuentan con privilegios sobre los demás.
Un vocal de la Permanente cobra algo más de 6.000 euros netos al mes. Uno de los de segunda, los que no están en esa comisión, solo cobra dietas: unos 1.000 euros al mes. Los de la Permanente tienen chófer. Los otros no.
Los cambios en la composición de la Comisión Permanente del CGPJ
Listado de vocales que han ocupado una plaza en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde 2013 hasta la actualidad, según el periodo de actividad.
La decisión sobre quién está y quién no está en la Permanente la toma el propio Carlos Lesmes. Es un sistema de ‘palo y zanahoria’ que da al presidente del CGPJ mucho poder sobre los demás.
El Gobierno de Rajoy aprobó esa reforma del CGPJ sin pactarla con nadie, sin ese “consenso” que solo exige cuando no manda. Por supuesto, no cumplió con su promesa de “despolitizar la Justicia”. Eso es algo que el PP solo pide cuando está en la oposición y que tampoco garantizaría ese modelo de elección que Rajoy no adoptó por otro motivo: para exprimir el poder de su mayoría absoluta en la cúpula judicial, en un momento en el que su partido estaba acosado por los casos de corrupción.
José María Aznar también proponía, y no cumplió, que fueran los jueces quienes nombraran a los vocales: un modelo de elección que tampoco serviría para despolitizar la Justicia. Llevaría a un CGPJ permanentemente conservador, como son la gran mayoría de los jueces, en parte por el sistema de acceso a la carrera judicial.
Para llegar a juez o fiscal, hace falta pasar una dura oposición donde es casi imprescindible la ayuda de un preparador, que también sea jurista. Es un sistema privado de formación que corre a cargo del aspirante y donde algunos jueces que dan esas clases no declaran al fisco sus ingresos. Esto levanta una barrera económica extra para aprobar la oposición: o tienes un juez en tu familia que te prepare, o lo tienes que pagar, además del dinero que supone estudiar durante años sin cobrar. Para un aspirante con pocos recursos económicos, la oposición es mucho más difícil de aprobar.
Que los jueces nombren al Gobierno de los jueces llevaría a una Justicia donde los partidos tendrían menos poder, pero muy alejada de la sociedad y de la soberanía popular, que es de donde emana su legitimidad según la Constitución. La única comisión dentro del CGPJ que actualmente votan directamente los jueces es la de Ética Judicial. Está formada por seis miembros: no hay un solo progresista entre los seis y dos de ellos –un tercio del total– son muy próximos al Opus Dei.
Hace unos días en el Congreso, Pablo Casado planteó “despolitizar la Justicia” que está bloqueando y cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ. Fue otra mala excusa para no renovar el consejo y alargar su poder en el Gobierno de los jueces, incumpliendo la Constitución. Es la tercera vez que esto sucede en España, siempre con el mismo partido, siempre por la misma razón. Es lo mismo que hizo Aznar, lo mismo que hizo Rajoy. Secuestrar la Justicia, mientras se clama por su liberación.