Vox usa Gibraltar para atacar al Gobierno
Vox utiliza Gibraltar para provocar tensiones permanentes, que rentabilizan mediáticamente, y que genera un importante desgaste diplomático al Gobierno de España de alcance internacional. La primera acción fue en 2014, actuando como Fundación Denaes, apoyada por el PP, con el robo de un bloque del arrecife artificial gibraltareño, que provocó una orden detención contra el actual secretario general de Vox. En 2016 la ultraderecha repitió provocación colocando una bandera de España gigante en el Peñón, en una operación paramilitar, que acabó con un detenido, mientras se querellaban por “torturas” contra el primer ministro gibraltareño
La acción de Vox, consistente en colocar una bandera española gigante en el Peñón de Gibraltar el 20 de junio de 2016, tenía como misión sacar de la irrelevancia política y mediática entonces a este partido de la ultraderecha española, desgajado del Partido Popular, ante las elecciones generales del 26J a las que concurría.
La operación se vendió como un “acto patriótico” liderada por el secretario general de la formación, el exsoldado y boina verde Javier Ortega-Smith, quien ya desde 2014 tenía una orden de busca y captura en Gibraltar, acusado del robo de un bloque del arrecife artificial del Peñón que, de ejecutarse, podría reportarle 10 años de prisión. Por esta razón y siendo conscientes de los riesgos legales que de ser detenidos podría suponerles, especialmente al dirigente de Vox, se planeó la operación días antes “hasta el último milímetro”, se llegó a decir.
“Todos los integrantes del comando tenían formación militar y experiencia en acciones”, según se llegó a publicar en redes sociales replicando declaraciones del “boina verde”. Pero lo cierto es que el quinto elemento del grupo, el más débil y encargado del transporte, acabó detenido “por los ocupantes del Peñón”, cuando huía en coche por el paso fronterizo. Nacho Mínguez, presidente de Vox Madrid, no recibió ningún apoyo del resto de los valientes miembros del “comando paramilitar español”, que siguieron su huida a pie hacia el paso de control mezclándose con los turistas.
Los militares del ejército de Tierra tienen como referencia moral el “Decálogo del Soldado”, con diez principios de obligado cumplimiento. El tercero dice literalmente “jamás abandonaré a un compañero que necesite ayuda”. Sea como fuere, nadie acudió en ayuda de Mínguez y el primero en salir huyendo sin mirar atrás fue Ortega Smith, quien jura fidelidad a la bandera cada año.
CINCO DÍAS ENCERRADO EN GIBRALTAR
El detenido, empresario de productos de ferretería y otros, fue abandonado a su suerte y acabó esposado y encerrado en los calabozos de la Royal Police durante 48 horas hasta que pasó a disposición judicial, que decretó su ingreso provisional en la prisión de Windmill Hill en espera de la celebración del juicio que tendría lugar tres días después.
El dirigente de Vox fue condenado a la pena de 15 días de arresto por un delito de desórdenes públicos, pero fue puesto en libertad inmediata a condición, según la sentencia dictada, de que no volviera a delinquir en territorio gibraltareño.
A su salida de prisión, el reo, de 53 años entonces, casado y padre de dos hijas, reconoció haberse declarado culpable y que el trato recibido en su detención fue correcto, tal y como publicó el diario ABC el día 26 de junio, el mismo día de su liberación, aunque aseguró haber vivido momentos de tensión.
El encargado de transportar la bandera española gigante, que se colgó en Gibraltar, reconoció a ABC que se declaró culpable de los delitos de que era acusado por la justicia gibraltareña porque “me lo recomendó mi abogado de oficio”.
Según Mínguez, “curiosamente allí te defiende un abogado si quiere, después de que el juez lo solicita, si no te quedas sin defensa. El que vino de Madrid (Pedro Fernández Hernández, diputado de Vox por Zaragoza) lo detuvieron durante nueve horas, porque no podía ejercer al no estar autorizado. Mi abogado llanito [como se conoce a los gibraltareños] me dijo: pienso en una línea totalmente opuesta a la tuya, pero te voy a defender. Y se lo tengo que agradecer, se portó muy bien conmigo”.
En España se permite la detención de una persona hasta 72 horas en calabozos policiales y un juez puede decretar el ingreso en prisión provisional del detenido en espera de juicio si la Fiscalía lo solicita. Los juicios en España normalmente tardan, como mínimo, varios meses en celebrarse.
LAS DECLARACIONES DE MÍNGUEZ NO GUSTARON A VOX
No obstante, las declaraciones del dirigente ultraderechista condenado al diario ABC no fueron del agrado de Vox, según aseguran algunos exmiembros del partido. Tenían que rentabilizar la detención del presidente de Vox de Madrid de cara al futuro, y “las benévolas palabras de Mínguez rebajando la tensión acerca de su situación carcelaria en el Peñón no ayudaban en nada a los planes de victimización buscados por Vox”. “Necesitaban —aseguran— seguir crispando el tema tras los pésimos resultados electorales del 26J, donde obtuvo 46.000 votos en toda España, menos que los logrados por UPyD”, tras la depuración llevada a cabo en marzo.
De hecho, la estrategia de judicialización de la política se convirtió desde 2016 en una herramienta fundamental de Vox para obtener réditos electorales. Los abogados de la ultraderecha están presentes en decenas de causas judiciales —cabe destacar el juicio del “procès” independentista y otros contra Podemos— y, de hecho, el partido dedica buena parte de sus recursos económicos a las personaciones judiciales en causas contra sus enemigos políticos, y también al aparato digital de redes sociales para la difusión de sus mensajes.
QUERELLA POR TORTURAS CONTRA FABIAN PICARDO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
El 29 de julio, Javier Ortega Smith, junto a su compañero y abogado Pedro Fernández y el propio Nacho Mínguez, comparecía ante los medios de comunicación para anunciar que acababan de presentar una querella contra el ministro principal del Peñón de Gibraltar, Fabián Picardo, acusándole del delito de torturas ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Según la querella, el entonces presidente de Vox Madrid y el abogado y actual diputado, Pedro Fernández, fueron “víctimas de tortura en Gibraltar”, porque la policía gibraltareña detuvo a Mínguez y lo “encerró en un calabozo” y porque retuvo durante 9 horas —según la denuncia— al abogado Fernández, que exigía asistir a Mínguez careciendo de la habilitación legal para ejercer la abogacía en territorio británico.
La causa fue admitida a trámite por el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional el día 16 de noviembre de 2016. Este magistrado, que anteriormente fue funcionario de Policía, consideró que “lo relatado en la querella sobre las malas condiciones en que estuvo arrestado el dirigente de Vox, la incomunicación a la que se le sometió y las circunstancias en las que se le juzgó pueden ser constitutivo de los delitos de torturas y contra la integridad moral, cometidos por los funcionarios policiales y judiciales que intervinieron en la detención”.
Lo sorprendente es que se trata al primer ministro de Gibraltar, que tiene inmunidad diplomática, como a un particular y el juez de la Audiencia Nacional ordena una serie de diligencias, como “pedir a la policía judicial si Fabian Picardo es residente en España, reclamar a Exteriores si tuvo conocimiento de los hechos y cómo se le comunicó la detención, si España ha emitido alguna nota de queja al respecto frente a las autoridades británicas y si Picardo está amparado por los beneficios de la inmunidad”.
También pide a las autoridades británicas copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados con ocasión de las detenciones y del enjuiciamiento practicados a los querellantes, y acuerda que se reciba declaración como testigo a Fernández.
En la querella de Vox, se afirma que durante la detención de Mínguez se le mantuvo "sin alimento y aseo en condiciones de dignidad, una situación que continuó tras su puesta a disposición judicial, cuando se acordó su prisión preventiva hasta sentencia”. Un hecho que en ningún momento asegura haber padecido Nacho Mínguez en su primera entrevista a ABC estando ya liberado, en suelo español y mientras regresaba en tren a Madrid.
El ministro Principal de Gibraltar, a través de una nota de prensa emitida en su día, calificó la querella de Vox de "calumnia", "frívola" y "temeraria" sobre “el excelente trabajo de la policía, los servicios penitenciarios y el sistema legal de la colonia británica, en los que confía completamente".
Ignacio Mínguez abandonó la presidencia de Vox Madrid y también la militancia en abril de 2019, siendo sustituido por Rocío Monasterio. Ahora, en sus redes se declara negacionista del COVID, antivacunas y antimascarillas. La denuncia por torturas contra el primer ministro de Gibraltar, presentada por Nacho Mínguez y Fernando Fernández, sigue en vía muerta en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Vox utiliza Gibraltar para provocar tensiones permanentes, que rentabilizan mediáticamente, y que genera un importante desgaste diplomático al Gobierno de España de alcance internacional. La primera acción fue en 2014, actuando como Fundación Denaes, apoyada por el PP, con el robo de un bloque del arrecife artificial gibraltareño, que provocó una orden detención contra el actual secretario general de Vox. En 2016 la ultraderecha repitió provocación colocando una bandera de España gigante en el Peñón, en una operación paramilitar, que acabó con un detenido, mientras se querellaban por “torturas” contra el primer ministro gibraltareño
La acción de Vox, consistente en colocar una bandera española gigante en el Peñón de Gibraltar el 20 de junio de 2016, tenía como misión sacar de la irrelevancia política y mediática entonces a este partido de la ultraderecha española, desgajado del Partido Popular, ante las elecciones generales del 26J a las que concurría.
La operación se vendió como un “acto patriótico” liderada por el secretario general de la formación, el exsoldado y boina verde Javier Ortega-Smith, quien ya desde 2014 tenía una orden de busca y captura en Gibraltar, acusado del robo de un bloque del arrecife artificial del Peñón que, de ejecutarse, podría reportarle 10 años de prisión. Por esta razón y siendo conscientes de los riesgos legales que de ser detenidos podría suponerles, especialmente al dirigente de Vox, se planeó la operación días antes “hasta el último milímetro”, se llegó a decir.
“Todos los integrantes del comando tenían formación militar y experiencia en acciones”, según se llegó a publicar en redes sociales replicando declaraciones del “boina verde”. Pero lo cierto es que el quinto elemento del grupo, el más débil y encargado del transporte, acabó detenido “por los ocupantes del Peñón”, cuando huía en coche por el paso fronterizo. Nacho Mínguez, presidente de Vox Madrid, no recibió ningún apoyo del resto de los valientes miembros del “comando paramilitar español”, que siguieron su huida a pie hacia el paso de control mezclándose con los turistas.
Los militares del ejército de Tierra tienen como referencia moral el “Decálogo del Soldado”, con diez principios de obligado cumplimiento. El tercero dice literalmente “jamás abandonaré a un compañero que necesite ayuda”. Sea como fuere, nadie acudió en ayuda de Mínguez y el primero en salir huyendo sin mirar atrás fue Ortega Smith, quien jura fidelidad a la bandera cada año.
CINCO DÍAS ENCERRADO EN GIBRALTAR
El detenido, empresario de productos de ferretería y otros, fue abandonado a su suerte y acabó esposado y encerrado en los calabozos de la Royal Police durante 48 horas hasta que pasó a disposición judicial, que decretó su ingreso provisional en la prisión de Windmill Hill en espera de la celebración del juicio que tendría lugar tres días después.
El dirigente de Vox fue condenado a la pena de 15 días de arresto por un delito de desórdenes públicos, pero fue puesto en libertad inmediata a condición, según la sentencia dictada, de que no volviera a delinquir en territorio gibraltareño.
A su salida de prisión, el reo, de 53 años entonces, casado y padre de dos hijas, reconoció haberse declarado culpable y que el trato recibido en su detención fue correcto, tal y como publicó el diario ABC el día 26 de junio, el mismo día de su liberación, aunque aseguró haber vivido momentos de tensión.
El encargado de transportar la bandera española gigante, que se colgó en Gibraltar, reconoció a ABC que se declaró culpable de los delitos de que era acusado por la justicia gibraltareña porque “me lo recomendó mi abogado de oficio”.
Según Mínguez, “curiosamente allí te defiende un abogado si quiere, después de que el juez lo solicita, si no te quedas sin defensa. El que vino de Madrid (Pedro Fernández Hernández, diputado de Vox por Zaragoza) lo detuvieron durante nueve horas, porque no podía ejercer al no estar autorizado. Mi abogado llanito [como se conoce a los gibraltareños] me dijo: pienso en una línea totalmente opuesta a la tuya, pero te voy a defender. Y se lo tengo que agradecer, se portó muy bien conmigo”.
En España se permite la detención de una persona hasta 72 horas en calabozos policiales y un juez puede decretar el ingreso en prisión provisional del detenido en espera de juicio si la Fiscalía lo solicita. Los juicios en España normalmente tardan, como mínimo, varios meses en celebrarse.
LAS DECLARACIONES DE MÍNGUEZ NO GUSTARON A VOX
No obstante, las declaraciones del dirigente ultraderechista condenado al diario ABC no fueron del agrado de Vox, según aseguran algunos exmiembros del partido. Tenían que rentabilizar la detención del presidente de Vox de Madrid de cara al futuro, y “las benévolas palabras de Mínguez rebajando la tensión acerca de su situación carcelaria en el Peñón no ayudaban en nada a los planes de victimización buscados por Vox”. “Necesitaban —aseguran— seguir crispando el tema tras los pésimos resultados electorales del 26J, donde obtuvo 46.000 votos en toda España, menos que los logrados por UPyD”, tras la depuración llevada a cabo en marzo.
De hecho, la estrategia de judicialización de la política se convirtió desde 2016 en una herramienta fundamental de Vox para obtener réditos electorales. Los abogados de la ultraderecha están presentes en decenas de causas judiciales —cabe destacar el juicio del “procès” independentista y otros contra Podemos— y, de hecho, el partido dedica buena parte de sus recursos económicos a las personaciones judiciales en causas contra sus enemigos políticos, y también al aparato digital de redes sociales para la difusión de sus mensajes.
QUERELLA POR TORTURAS CONTRA FABIAN PICARDO ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL
El 29 de julio, Javier Ortega Smith, junto a su compañero y abogado Pedro Fernández y el propio Nacho Mínguez, comparecía ante los medios de comunicación para anunciar que acababan de presentar una querella contra el ministro principal del Peñón de Gibraltar, Fabián Picardo, acusándole del delito de torturas ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Según la querella, el entonces presidente de Vox Madrid y el abogado y actual diputado, Pedro Fernández, fueron “víctimas de tortura en Gibraltar”, porque la policía gibraltareña detuvo a Mínguez y lo “encerró en un calabozo” y porque retuvo durante 9 horas —según la denuncia— al abogado Fernández, que exigía asistir a Mínguez careciendo de la habilitación legal para ejercer la abogacía en territorio británico.
La causa fue admitida a trámite por el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional el día 16 de noviembre de 2016. Este magistrado, que anteriormente fue funcionario de Policía, consideró que “lo relatado en la querella sobre las malas condiciones en que estuvo arrestado el dirigente de Vox, la incomunicación a la que se le sometió y las circunstancias en las que se le juzgó pueden ser constitutivo de los delitos de torturas y contra la integridad moral, cometidos por los funcionarios policiales y judiciales que intervinieron en la detención”.
Lo sorprendente es que se trata al primer ministro de Gibraltar, que tiene inmunidad diplomática, como a un particular y el juez de la Audiencia Nacional ordena una serie de diligencias, como “pedir a la policía judicial si Fabian Picardo es residente en España, reclamar a Exteriores si tuvo conocimiento de los hechos y cómo se le comunicó la detención, si España ha emitido alguna nota de queja al respecto frente a las autoridades británicas y si Picardo está amparado por los beneficios de la inmunidad”.
También pide a las autoridades británicas copia de los expedientes policiales y judiciales tramitados con ocasión de las detenciones y del enjuiciamiento practicados a los querellantes, y acuerda que se reciba declaración como testigo a Fernández.
En la querella de Vox, se afirma que durante la detención de Mínguez se le mantuvo "sin alimento y aseo en condiciones de dignidad, una situación que continuó tras su puesta a disposición judicial, cuando se acordó su prisión preventiva hasta sentencia”. Un hecho que en ningún momento asegura haber padecido Nacho Mínguez en su primera entrevista a ABC estando ya liberado, en suelo español y mientras regresaba en tren a Madrid.
El ministro Principal de Gibraltar, a través de una nota de prensa emitida en su día, calificó la querella de Vox de "calumnia", "frívola" y "temeraria" sobre “el excelente trabajo de la policía, los servicios penitenciarios y el sistema legal de la colonia británica, en los que confía completamente".
Ignacio Mínguez abandonó la presidencia de Vox Madrid y también la militancia en abril de 2019, siendo sustituido por Rocío Monasterio. Ahora, en sus redes se declara negacionista del COVID, antivacunas y antimascarillas. La denuncia por torturas contra el primer ministro de Gibraltar, presentada por Nacho Mínguez y Fernando Fernández, sigue en vía muerta en el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.