Presidente del Gobierno
La llegada al Gobierno de los socialistas alumbró en amplios sectores de la sociedad española esperanzas de mejoras y transformaciones a todos los niveles, en un país que en numerosos aspectos arrastraba un considerable retraso con relación a las democracias más consolidadas de Europa occidental; en este sentido, caló profundamente el lema, Por el Cambio, ondeado por el PSOE durante la campaña en un brillante ejercicio de marketing electoral. Por otro lado, los electores conservadores miraban a González y los suyos con diversos grados de recelo y temor, en la sospecha de que el cambio prometido podría traducirse fácilmente en medidas radicales de corte izquierdista.
En el terreno social, el país empezó a experimentar claros progresos, como la modernización de los tramos escolares básicos mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de julio de 1985 (a la que siguió en octubre de 1990, ya en la tercera legislatura socialista, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, que reestructuró la enseñanza secundaria y universalizó la educación pública gratuita hasta los 16 años) y el desarrollo de un amplio sistema de Seguridad Social integral y sostenido por las cotizaciones de los afiliados, que tomó como referencia el modelo del Estado del bienestar característico de otras latitudes.
Uno de los jalones de la legislación social, manifiestamente mejorable para las asociaciones feministas pero una decisión aciaga para los grupos pro vida y la Iglesia Católica (que ya había condenado la introducción de la píldora anticonceptiva en España en 1978 y recibido igualmente mal el divorcio civil en 1981), fue, mediante la Ley Orgánica 9/1985 de Reforma del Código Penal, la despenalización parcial del aborto, que pasó a ser legal en determinados supuestos y períodos de gestación.
Aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 1983 y por el Congreso en octubre siguiente, y promulgado el 5 de julio de 1985, el nuevo articulado autorizaba la interrupción del embarazo en centros públicos o privados en tres situaciones: en caso.
Las reformas en la estructura económica
Al poco de constituirse, el Gobierno desató en el sector productivo unas reformas estructurales que González consideraba ineludibles para la modernización del país. El elemento más visible de este proceso fue la traumática reconversión industrial, que clausuró y desmanteló en buena medida la industria pesada, obsoleta y en su mayor parte incapaz de sostenerse sin grandes aportes de dinero público, que se había ido construyendo desde la autarquía de los primeros años del franquismo. Las compañías intervenidas pertenecían al Instituto Nacional de Industria (INI), un organismo del Estado que había cumplido su función desarrollista pero que ahora no encajaba con las necesidades de diversificación de la economía española y su apertura al comercio internacional. Las reformas internas se tornaron más perentorias tras el ingreso en 1986 en la CEE y la consiguiente imposición por Bruselas de una política de subvenciones públicas mucho más exigente, ligada a unos criterios de racionalidad y viabilidad.
El 6 de julio de 1983 el Consejo de Ministros aprobó la reconversión de la siderurgia integral, que tuvo un durísimo impacto en las economías locales del País Vasco, Asturias, Cantabria y Valencia. La destrucción masiva de empleo a que dieron lugar la reconversión del acero y la subsiguiente ruina de numerosas pequeñas empresas privadas que recibían contratos de las grandes públicas convirtió en un fiasco la promesa hecha por el líder socialista de crear 800.000 puestos de trabajo en la primera legislatura. En 1984 el Gobierno lanzó la reconversión de los grandes astilleros, que arrastraban unos balances de cuentas muy deficitarios, y el resultado fue otro movimiento huelguístico en el País Vasco, Asturias, Galicia y Andalucía. Una aparente contradicción anidaba en los planes del Ejecutivo, que sostenía que para crear o mantener empleos, antes había que sacrificar otros. Galicia, el País Vasco, Asturias, Andalucía, Valencia y el cinturón fabril de Barcelona fueron declaradas Zonas de Urgente Reindustrialización.
Los cierres, los "planes de competitividad" y los "contratos-programa", que supusieron el despido o jubilación anticipada de decenas de miles de trabajadores y que encontraron una fragorosa resistencia sindical, afectaron en sucesivas oleadas hasta bien entrados los años noventa a los sectores de la siderurgia (Altos Hornos de Vizcaya en el Gran Bilbao, Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto, Ensidesa en Avilés, Foarsa en Reinosa), la minería del carbón (Hunosa y Figaredo en Asturias), la construcción naval (astilleros de la ría de Bilbao, el Ferrol, Cartagena y la bahía de Cádiz) y otros, como la industria química, el textil, los bienes de equipo y los contratistas de defensa. En la automoción, el fabricante de automóviles SEAT, una vez desvinculado de la Fiat italiana, fue vendido por el INI a la alemana Volkswagen en un proceso por etapas que culminó en 1990, no sin someterlo a un severo recorte de la plantilla e inyectarle cientos de miles de millones de pesetas para cubrir su déficit.
La llegada al Gobierno de los socialistas alumbró en amplios sectores de la sociedad española esperanzas de mejoras y transformaciones a todos los niveles, en un país que en numerosos aspectos arrastraba un considerable retraso con relación a las democracias más consolidadas de Europa occidental; en este sentido, caló profundamente el lema, Por el Cambio, ondeado por el PSOE durante la campaña en un brillante ejercicio de marketing electoral. Por otro lado, los electores conservadores miraban a González y los suyos con diversos grados de recelo y temor, en la sospecha de que el cambio prometido podría traducirse fácilmente en medidas radicales de corte izquierdista.
En el terreno social, el país empezó a experimentar claros progresos, como la modernización de los tramos escolares básicos mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de julio de 1985 (a la que siguió en octubre de 1990, ya en la tercera legislatura socialista, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, que reestructuró la enseñanza secundaria y universalizó la educación pública gratuita hasta los 16 años) y el desarrollo de un amplio sistema de Seguridad Social integral y sostenido por las cotizaciones de los afiliados, que tomó como referencia el modelo del Estado del bienestar característico de otras latitudes.
Uno de los jalones de la legislación social, manifiestamente mejorable para las asociaciones feministas pero una decisión aciaga para los grupos pro vida y la Iglesia Católica (que ya había condenado la introducción de la píldora anticonceptiva en España en 1978 y recibido igualmente mal el divorcio civil en 1981), fue, mediante la Ley Orgánica 9/1985 de Reforma del Código Penal, la despenalización parcial del aborto, que pasó a ser legal en determinados supuestos y períodos de gestación.
Aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 1983 y por el Congreso en octubre siguiente, y promulgado el 5 de julio de 1985, el nuevo articulado autorizaba la interrupción del embarazo en centros públicos o privados en tres situaciones: en caso.
Las reformas en la estructura económica
Al poco de constituirse, el Gobierno desató en el sector productivo unas reformas estructurales que González consideraba ineludibles para la modernización del país. El elemento más visible de este proceso fue la traumática reconversión industrial, que clausuró y desmanteló en buena medida la industria pesada, obsoleta y en su mayor parte incapaz de sostenerse sin grandes aportes de dinero público, que se había ido construyendo desde la autarquía de los primeros años del franquismo. Las compañías intervenidas pertenecían al Instituto Nacional de Industria (INI), un organismo del Estado que había cumplido su función desarrollista pero que ahora no encajaba con las necesidades de diversificación de la economía española y su apertura al comercio internacional. Las reformas internas se tornaron más perentorias tras el ingreso en 1986 en la CEE y la consiguiente imposición por Bruselas de una política de subvenciones públicas mucho más exigente, ligada a unos criterios de racionalidad y viabilidad.
El 6 de julio de 1983 el Consejo de Ministros aprobó la reconversión de la siderurgia integral, que tuvo un durísimo impacto en las economías locales del País Vasco, Asturias, Cantabria y Valencia. La destrucción masiva de empleo a que dieron lugar la reconversión del acero y la subsiguiente ruina de numerosas pequeñas empresas privadas que recibían contratos de las grandes públicas convirtió en un fiasco la promesa hecha por el líder socialista de crear 800.000 puestos de trabajo en la primera legislatura. En 1984 el Gobierno lanzó la reconversión de los grandes astilleros, que arrastraban unos balances de cuentas muy deficitarios, y el resultado fue otro movimiento huelguístico en el País Vasco, Asturias, Galicia y Andalucía. Una aparente contradicción anidaba en los planes del Ejecutivo, que sostenía que para crear o mantener empleos, antes había que sacrificar otros. Galicia, el País Vasco, Asturias, Andalucía, Valencia y el cinturón fabril de Barcelona fueron declaradas Zonas de Urgente Reindustrialización.
Los cierres, los "planes de competitividad" y los "contratos-programa", que supusieron el despido o jubilación anticipada de decenas de miles de trabajadores y que encontraron una fragorosa resistencia sindical, afectaron en sucesivas oleadas hasta bien entrados los años noventa a los sectores de la siderurgia (Altos Hornos de Vizcaya en el Gran Bilbao, Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto, Ensidesa en Avilés, Foarsa en Reinosa), la minería del carbón (Hunosa y Figaredo en Asturias), la construcción naval (astilleros de la ría de Bilbao, el Ferrol, Cartagena y la bahía de Cádiz) y otros, como la industria química, el textil, los bienes de equipo y los contratistas de defensa. En la automoción, el fabricante de automóviles SEAT, una vez desvinculado de la Fiat italiana, fue vendido por el INI a la alemana Volkswagen en un proceso por etapas que culminó en 1990, no sin someterlo a un severo recorte de la plantilla e inyectarle cientos de miles de millones de pesetas para cubrir su déficit.