Sánchez descontrolado.
La de España parece una democracia inconstante, de ida y vuelta, de quita y pon, en la que la reversibilidad de los argumentos se produce con tanta falta de rubor como exceso de descaro.
Manuel Marín.
Madrid.
Actualizado:
17/07/2019 08:56h.
Cuando Mariano Rajoy disolvió las Cortes para convocar las elecciones generales de 2015, su Gobierno en funciones dejó de rendir cuentas al Congreso en las obligadas sesiones de control. Esa situación se prolongó diez meses, hasta octubre de 2016, cuando pudo ser de nuevo investido tras un periodo de crisis y parálisis institucional que había forzado la celebración de nuevos comicios en junio, tras la fallida investidura de Pedro Sánchez. Entre medias, y con el socialista Patxi López como fugaz presidente del Congreso, el PSOE planteó al Tribunal Constitucional un inédito «conflicto de atribuciones» que jamás se había tenido que dirimir en cuarenta años de democracia.
Al PSOE creía asistirle la razón cuando defendía que la actitud evasiva de Rajoy para no dar explicaciones en el Congreso era un desprecio abusivo a la democracia, una muestra de deslealtad hacia el poder legislativo, y una vulneración de la relación de confianza -incluso de sumisión- entre el Gobierno y la soberanía popular, rompiendo así el equilibrio de poderes inherente a nuestro sistema.
Y el PSOE tenía razón. Al menos, eso sentenció el Tribunal Constitucional en noviembre de 2018 para zanjar el enfrentamiento entre La Moncloa y el PSOE. Entre Rajoy y Sánchez. El TC lo decidió de forma unánime, sin fracturas ideológicas y con una exquisita dosis de sentido común porque, entre otros motivos, el hecho de que un Gobierno esté en funciones no implica que las Cortes, si se han constituido debidamente, lo estén también. Así, y aunque sea de modo excepcional, el Ejecutivo tiene la obligación de someterse a ese control de la ciudadanía.
Sin embargo, la de España parece una democracia inconstante, de ida y vuelta, de quita y pon, en la que la reversibilidad de los argumentos se produce con tanta falta de rubor como exceso de descaro. «La función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo y en la forma de gobierno parlamentario que establece el artículo 1.3 de la Constitución, no pudiendo negarse a las Cámaras todo ejercicio de la función de control, ya que con ello se afectaría al equilibrio de poderes previsto en nuestra Constitución», sostenía con nitidez el TC. Y añadía: «No se puede negar a las Cortes el ejercicio de la función de control que les atribuye el artículo 66.2 de la Constitución, basándose en que el Gobierno en funciones no desarrolla actividad, en la medida en que (…) sí sigue desarrollándola». ¿Más claro aún? «El menoscabo de esa función de control implicaría una limitación del derecho a ejercer la función parlamentaria (…) y del derecho de participación ciudadana».
Socialistas como Patxi López, promotor de este conflicto, o Rafael Simancas, lo celebraron. No era para menos tras haber doblado el pulso al PP con una sentencia novedosa y relevante. López culpó a Rajoy de haber provocado un «conflicto institucional grave». Y Simancas, de «vulnerar los derechos de los españoles representados en las Cortes». Pero hoy no consta que ninguno diga eso de Sánchez. Memoria corta y silencio administrativo en el partido descubridor del feminismo como monopolio exclusivo de una inanidad intelectual que ignora o manipula la historia. En esta España política en la que la incoherencia obsesiva y el oportunismo de pancarta se repiten como un mal gazpacho, hasta la hemeroteca ha dejado de ser relevante para retratar tanto desahogo.
Manuel Marín.
Adjunto al Director.
La de España parece una democracia inconstante, de ida y vuelta, de quita y pon, en la que la reversibilidad de los argumentos se produce con tanta falta de rubor como exceso de descaro.
Manuel Marín.
Madrid.
Actualizado:
17/07/2019 08:56h.
Cuando Mariano Rajoy disolvió las Cortes para convocar las elecciones generales de 2015, su Gobierno en funciones dejó de rendir cuentas al Congreso en las obligadas sesiones de control. Esa situación se prolongó diez meses, hasta octubre de 2016, cuando pudo ser de nuevo investido tras un periodo de crisis y parálisis institucional que había forzado la celebración de nuevos comicios en junio, tras la fallida investidura de Pedro Sánchez. Entre medias, y con el socialista Patxi López como fugaz presidente del Congreso, el PSOE planteó al Tribunal Constitucional un inédito «conflicto de atribuciones» que jamás se había tenido que dirimir en cuarenta años de democracia.
Al PSOE creía asistirle la razón cuando defendía que la actitud evasiva de Rajoy para no dar explicaciones en el Congreso era un desprecio abusivo a la democracia, una muestra de deslealtad hacia el poder legislativo, y una vulneración de la relación de confianza -incluso de sumisión- entre el Gobierno y la soberanía popular, rompiendo así el equilibrio de poderes inherente a nuestro sistema.
Y el PSOE tenía razón. Al menos, eso sentenció el Tribunal Constitucional en noviembre de 2018 para zanjar el enfrentamiento entre La Moncloa y el PSOE. Entre Rajoy y Sánchez. El TC lo decidió de forma unánime, sin fracturas ideológicas y con una exquisita dosis de sentido común porque, entre otros motivos, el hecho de que un Gobierno esté en funciones no implica que las Cortes, si se han constituido debidamente, lo estén también. Así, y aunque sea de modo excepcional, el Ejecutivo tiene la obligación de someterse a ese control de la ciudadanía.
Sin embargo, la de España parece una democracia inconstante, de ida y vuelta, de quita y pon, en la que la reversibilidad de los argumentos se produce con tanta falta de rubor como exceso de descaro. «La función de control que corresponde a las Cortes Generales está implícita en su carácter representativo y en la forma de gobierno parlamentario que establece el artículo 1.3 de la Constitución, no pudiendo negarse a las Cámaras todo ejercicio de la función de control, ya que con ello se afectaría al equilibrio de poderes previsto en nuestra Constitución», sostenía con nitidez el TC. Y añadía: «No se puede negar a las Cortes el ejercicio de la función de control que les atribuye el artículo 66.2 de la Constitución, basándose en que el Gobierno en funciones no desarrolla actividad, en la medida en que (…) sí sigue desarrollándola». ¿Más claro aún? «El menoscabo de esa función de control implicaría una limitación del derecho a ejercer la función parlamentaria (…) y del derecho de participación ciudadana».
Socialistas como Patxi López, promotor de este conflicto, o Rafael Simancas, lo celebraron. No era para menos tras haber doblado el pulso al PP con una sentencia novedosa y relevante. López culpó a Rajoy de haber provocado un «conflicto institucional grave». Y Simancas, de «vulnerar los derechos de los españoles representados en las Cortes». Pero hoy no consta que ninguno diga eso de Sánchez. Memoria corta y silencio administrativo en el partido descubridor del feminismo como monopolio exclusivo de una inanidad intelectual que ignora o manipula la historia. En esta España política en la que la incoherencia obsesiva y el oportunismo de pancarta se repiten como un mal gazpacho, hasta la hemeroteca ha dejado de ser relevante para retratar tanto desahogo.
Manuel Marín.
Adjunto al Director.