Si en política hay que devolver los favores, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, tiene un brillante porvenir en el futuro del PP: muchos dirigentes, sectores y familias del partido le deben uno.
El PP perdió las elecciones generales de 2004 y el desconcierto se extendió en sus filas. La causa no era sólo la sorpresa de perder unas elecciones que creían ganadas, sino también el cómo dar salida a mucho alto cargo hasta entonces empleado en los ministerios u organismos controlados por el Gobierno de José María Aznar.
El candidato perdedor, Mariano Rajoy, resumió poco después la situación al pedir un "esfuerzo" a las administraciones controladas por los populares para que acogieran en sus filas a los dirigentes que se habían quedado sin trabajo. Algunos en el PP pueden reprochar a Aguirre que haya publicado su controvertida biografía a seis meses de las elecciones, pero nadie puede decir que la presidenta no ha cumplido el encargo.
Ayudada por su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, Aguirre ha ido encontrando en los últimos tres años un hueco en la Comunidad de Madrid a al menos 24 personas con un alto perfil político que hoy copan dos consejerías, dos viceconsejerías y ocho direcciones generales o cargos similares del mismo rango del Gobierno regional. Además, seis hospitales públicos y otros seis organismos de la región también han dado acomodo a ex altos cargos populares.
La primera gran oleada de dirigentes del partido sin trabajo se produjo en los meses que siguieron a la derrota en las elecciones generales, en marzo de 2004. Cuando sólo habían transcurrido seis semanas del desastre electoral, Lamela llevó al frente de cinco hospitales públicos de la región a otros tantos altos cargos de los Gobiernos de Aznar.
Algunos, como el gerente de La Paz, Rafael Pérez Santamaría, o la de Fuenlabrada, Ana María Sánchez, provenían de la estructura del Ministerio de Sanidad, pero el trabajo que venían desempeñando los otros tres poco tenía que ver con la sanidad pública. Rafael Catalá, nombrado director del Ramón y Cajal, era secretario de Estado de Justicia; Amador Elena, colocado en el hospital de Móstoles, venía de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas; y César Pascual, gerente del hospital para enfermos crónicos de Guadarrama, venía del Ministerio del Interior.
El PSOE no tardó en poner el grito en el cielo: "Aguirre ha convertido a la sanidad pública regional en la agencia de recolocación de altos cargos del partido en paro", criticó entonces el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Lucas Fernández
El PP perdió las elecciones generales de 2004 y el desconcierto se extendió en sus filas. La causa no era sólo la sorpresa de perder unas elecciones que creían ganadas, sino también el cómo dar salida a mucho alto cargo hasta entonces empleado en los ministerios u organismos controlados por el Gobierno de José María Aznar.
El candidato perdedor, Mariano Rajoy, resumió poco después la situación al pedir un "esfuerzo" a las administraciones controladas por los populares para que acogieran en sus filas a los dirigentes que se habían quedado sin trabajo. Algunos en el PP pueden reprochar a Aguirre que haya publicado su controvertida biografía a seis meses de las elecciones, pero nadie puede decir que la presidenta no ha cumplido el encargo.
Ayudada por su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, Aguirre ha ido encontrando en los últimos tres años un hueco en la Comunidad de Madrid a al menos 24 personas con un alto perfil político que hoy copan dos consejerías, dos viceconsejerías y ocho direcciones generales o cargos similares del mismo rango del Gobierno regional. Además, seis hospitales públicos y otros seis organismos de la región también han dado acomodo a ex altos cargos populares.
La primera gran oleada de dirigentes del partido sin trabajo se produjo en los meses que siguieron a la derrota en las elecciones generales, en marzo de 2004. Cuando sólo habían transcurrido seis semanas del desastre electoral, Lamela llevó al frente de cinco hospitales públicos de la región a otros tantos altos cargos de los Gobiernos de Aznar.
Algunos, como el gerente de La Paz, Rafael Pérez Santamaría, o la de Fuenlabrada, Ana María Sánchez, provenían de la estructura del Ministerio de Sanidad, pero el trabajo que venían desempeñando los otros tres poco tenía que ver con la sanidad pública. Rafael Catalá, nombrado director del Ramón y Cajal, era secretario de Estado de Justicia; Amador Elena, colocado en el hospital de Móstoles, venía de la Dirección General de Inspección del Ministerio de Administraciones Públicas; y César Pascual, gerente del hospital para enfermos crónicos de Guadarrama, venía del Ministerio del Interior.
El PSOE no tardó en poner el grito en el cielo: "Aguirre ha convertido a la sanidad pública regional en la agencia de recolocación de altos cargos del partido en paro", criticó entonces el diputado socialista en la Asamblea de Madrid, Lucas Fernández