La Fiscalía de Dolores Delgado, la del ‘Marlaska, maricón’, sale al rescate de Sánchez: no ve delito en la gestión del Gobierno con la pandemia
Defiende el estado de alarma como "único instrumento jurídico idóneo ante la situación de crisis acaecida"
Periodista Digital 15 Sep 2020 - 09:12 CET
Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo | Política
Al Gobierno de Pedro Sánchez puede salirle gratis su nefasta gestión de la crisis del coronavirus en la engañó, mintió y despilfarró fondos públicos confinando a los españoles en arresto domiciliario.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha entregado un informe a la Sala de lo Penal de este órgano en contra de la admisión de la veintena de querellas que han venido presentándose desde el inicio del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia de Covid-19.
Detrás está la mano siniestra de la fiscal del Estado, Dolores Delgado, la amiga de Villarejo del ‘Marlaska, maricón’ con la que con cuyo nombramiento Sánchez ha asegurado total impunidad para él y su socio de Gobierno, encharcado en un caso de financiación ilegal, fraude procesal y denuncia falsa.
La justicia española es un peón más del plan liberticida de Sánchez arrastrando por el barro a Martín Villa ante una juez argentina y librando a Iglesias de las escabrosas denuncias de José María Calvente.
«El PSOE no sólo ha conseguido la politización de la justicia sino la judicialización de la política, que es mucho peor», dice con acierto Eulogio López en Hispanidad.
El análisis de los fiscales que intervienen en los informes se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro. No se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el presidente, Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.
NO HAY INDICIOS DE CRIMINALIDAD
Los menos habituales en las querellas, pero cuya posible existencia en la acción el Gobierno también se analiza por los fiscales, son los de falsedad y hasta de genocidio, según las mismas fuentes. Tampoco encuentra la fiscalía indicios de la comisión de estas conductas criminales.
Entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como VOX -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid-19, en calidad de acusación particular.
En total presentaron querella 19 colectivos, si bien está pendiente un informe similar, mucho más extenso, en relación con otras casi 40 denuncias también por hechos considerados delictivos en relación con la gestión del covid, si bien estas acciones no se presentaban contra personas concretas. Este segundo informe, que previsiblemente también informará en contra de la admisión, se conocerá en los próximos días.
En cuanto a las querellas ya analizadas, concretamente la Asociación Profesional de la Guardia Civil, la Asociación de Abogados Cristianos, el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Vox, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Asociación de Médicos Titulados Superiores, el colectivo integrado por 3.268 ciudadanos y familiares víctimas del covid, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF, la Central Unitaria de Traballadoras, la Asociación Hazte Oirg y Asociación Terra Sos-tenible, además de unos cuantos particulares.
Respecto a la querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que se querelló contra el ministro Illa en abril de 2020 por delitos contra la seguridad de los trabajadores por la distribución de mascarillas que no eran aptas para proteger de transmisiones, la Fiscalía señala que procede la inadmisión a trámite porque «los hechos relatados» por la parte querellante «no resultan constitutivos de ilícito penal».
«La responsabilidad criminal se le atribuye de una forma, a todas luces, difusa y genérica», inciden, para luego añadir que se hace «no por su concreta intervención en unos hechos delimitados y claramente precisados, sino en atención al cargo que ocupaba al momento de desatarse la situación de crisis sanitaria» generada por el coronavirus.
Otro ejemplo es el de la querella instada por VOX, de la que se dice que relata unos hechos, que además de no constituir ilícito penal «no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones.
Defiende el estado de alarma como "único instrumento jurídico idóneo ante la situación de crisis acaecida"
Periodista Digital 15 Sep 2020 - 09:12 CET
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Al Gobierno de Pedro Sánchez puede salirle gratis su nefasta gestión de la crisis del coronavirus en la engañó, mintió y despilfarró fondos públicos confinando a los españoles en arresto domiciliario.
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha entregado un informe a la Sala de lo Penal de este órgano en contra de la admisión de la veintena de querellas que han venido presentándose desde el inicio del estado de alarma contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia de Covid-19.
Detrás está la mano siniestra de la fiscal del Estado, Dolores Delgado, la amiga de Villarejo del ‘Marlaska, maricón’ con la que con cuyo nombramiento Sánchez ha asegurado total impunidad para él y su socio de Gobierno, encharcado en un caso de financiación ilegal, fraude procesal y denuncia falsa.
La justicia española es un peón más del plan liberticida de Sánchez arrastrando por el barro a Martín Villa ante una juez argentina y librando a Iglesias de las escabrosas denuncias de José María Calvente.
«El PSOE no sólo ha conseguido la politización de la justicia sino la judicialización de la política, que es mucho peor», dice con acierto Eulogio López en Hispanidad.
El análisis de los fiscales que intervienen en los informes se centra en los delitos más denunciados, que además del presuntamente cometido contra los trabajadores son el de muerte o lesión por imprudencia, prevaricación administrativa y omisión de socorro. No se encuentran indicios de que la actuación del Gobierno, en especial la del ministro de Sanidad, Salvador Illa, o el presidente, Pedro Sánchez, pueda incardinarse en ninguna de los delitos denunciados.
NO HAY INDICIOS DE CRIMINALIDAD
Los menos habituales en las querellas, pero cuya posible existencia en la acción el Gobierno también se analiza por los fiscales, son los de falsedad y hasta de genocidio, según las mismas fuentes. Tampoco encuentra la fiscalía indicios de la comisión de estas conductas criminales.
Entre unas y otras se mezclan acciones presentadas por sindicatos médicos, de consumidores, partidos políticos como VOX -todos ellos en calidad de acusación popular- pero también las instadas directamente por familiares de víctimas de la pandemia por covid-19, en calidad de acusación particular.
En total presentaron querella 19 colectivos, si bien está pendiente un informe similar, mucho más extenso, en relación con otras casi 40 denuncias también por hechos considerados delictivos en relación con la gestión del covid, si bien estas acciones no se presentaban contra personas concretas. Este segundo informe, que previsiblemente también informará en contra de la admisión, se conocerá en los próximos días.
En cuanto a las querellas ya analizadas, concretamente la Asociación Profesional de la Guardia Civil, la Asociación de Abogados Cristianos, el Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Vox, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, la Asociación de Médicos Titulados Superiores, el colectivo integrado por 3.268 ciudadanos y familiares víctimas del covid, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF, la Central Unitaria de Traballadoras, la Asociación Hazte Oirg y Asociación Terra Sos-tenible, además de unos cuantos particulares.
Respecto a la querella interpuesta por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que se querelló contra el ministro Illa en abril de 2020 por delitos contra la seguridad de los trabajadores por la distribución de mascarillas que no eran aptas para proteger de transmisiones, la Fiscalía señala que procede la inadmisión a trámite porque «los hechos relatados» por la parte querellante «no resultan constitutivos de ilícito penal».
«La responsabilidad criminal se le atribuye de una forma, a todas luces, difusa y genérica», inciden, para luego añadir que se hace «no por su concreta intervención en unos hechos delimitados y claramente precisados, sino en atención al cargo que ocupaba al momento de desatarse la situación de crisis sanitaria» generada por el coronavirus.
Otro ejemplo es el de la querella instada por VOX, de la que se dice que relata unos hechos, que además de no constituir ilícito penal «no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones.