EDITORIAL.
Doble rasero con el odio.
Lo ocurrido en Ferraz supone un bochorno antidemocrático, pero no constituye uno de esos delitos de odio que la izquierda interpreta a capricho y aplica con criterios ideológicos y no jurídicos.
EDITORIAL ABC.
Actualizado 03/01/2024 a las 08:09h.
ABC no resulta dudoso en su condena sin matices a lo ocurrido en Nochevieja ante la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid. Colgar de una soga un muñeco-piñata que representaba a Pedro Sánchez y golpearlo hasta romperlo es una sandez que retrata a sus promotores y que va mucho más allá de la legítima crítica a su gestión o a sus cesiones al independentismo. Las exaltaciones de violencia no pueden formar parte del juego democrático, sostenía ayer ABC. Y hoy nos reafirmamos. No es edificante, no es estimulante y no es admisible por lo que conlleva de expresión de dese os virulentos, agresivos y dañinos contra una persona. La radicalización política conduce a excesos insanos que deberían ser erradicados de nuestra vida pública. Lo que ocurre es que cualquier condena, para ser coherente, debe ser de ida y vuelta. Una condena debe ser defendible siempre y en todos los casos, y no solo en algunos supuestos y a conveniencia de parte. Y eso es precisamente lo que está haciendo el PSOE con un trato muy desigual en su criterio y en sus exigencias de que los culpables de Ferraz rindan cuentas ante el juez. Una vez más, el PSOE y sus ministros aplican la ley del embudo y un doble rasero a la hora de exigir responsabilidades penales por un delito de odio.
Lo ocurrido en Ferraz no es justificable, pero no constituye uno de esos delitos de odio que la izquierda interpreta a capricho y aplica con criterios ideológicos y no jurídicos. Si ahora procediese imputar un delito de odio a los culpables de apalear a un monigote-piñata, lo lógico sería argumentar que también fuesen conductas de odio las decenas de escraches sufridos por dirigentes del PP, o las imágenes de magistrados del Supremo ahorcados o quemados, o la guillotina que unos militantes del PSOE emularon contra Mariano Rajoy. Igual, en el caso del Rey, a quien el independentismo ha insultado, denigrado o quemado fotos en actos públicos a plena luz del día y amparados policialmente. El PSOE no salió en tromba a definir estos episodios como odio ni a plantear la apertura de procedimientos penales. En España y en muchos países democráticos odiar no es ilegal. Lo que es ilegal es promover conductas violentas contra grupos minoritarios o vulnerables a los que se persigue por razón de su condición sexual, su religión o sus creencias, sus posiciones políticas… Lo ocurrido en Ferraz –grosero, violento y antidemocrático– no se corresponde precisamente con esta definición jurídica. Se utiliza el odio como argumento de ocasión, y eso es un error cuando el PSOE emplea para los demás la parte estrecha del embudo y deja la permisividad de la ancha para sí mismo.
El PSOE debería darse un barniz de coherencia y realismo antes de presentar a Sánchez como objetivo de odio. De ser así, no apoyaría la tramitación de la reforma para despenalizar las injurias y calumnias a la Corona; las ofensas y ultrajes a España, sus símbolos y emblemas; las calumnias o amenazas graves al Gobierno; las ofensas a los sentimientos religiosos; o el enaltecimiento del terrorismo. ABC cuestiona el qué, el delito, lo cometa quien lo cometa. No cuestiona quien lo comete ni su ideología, porque la ideología no justifica si algo es legal o ilegal. No es posible tener la piel tan fina para sentenciar políticamente que la soga de Sánchez es odio, y la guillotina de Rajoy, no. O que la corrupción de la derecha es peor que la de la izquierda. O creer que quienes participan en el homenaje a un etarra asesino de niños no lo hacen con evidente odio a sus víctimas, sino que es libertad de expresión. El 'jarabe democrático' no debería existir. Pero si existe, ha de ser ambivalente para que quien lo denuncia sea creíble, sin victimismo selectivo.
Doble rasero con el odio.
Lo ocurrido en Ferraz supone un bochorno antidemocrático, pero no constituye uno de esos delitos de odio que la izquierda interpreta a capricho y aplica con criterios ideológicos y no jurídicos.
EDITORIAL ABC.
Actualizado 03/01/2024 a las 08:09h.
ABC no resulta dudoso en su condena sin matices a lo ocurrido en Nochevieja ante la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid. Colgar de una soga un muñeco-piñata que representaba a Pedro Sánchez y golpearlo hasta romperlo es una sandez que retrata a sus promotores y que va mucho más allá de la legítima crítica a su gestión o a sus cesiones al independentismo. Las exaltaciones de violencia no pueden formar parte del juego democrático, sostenía ayer ABC. Y hoy nos reafirmamos. No es edificante, no es estimulante y no es admisible por lo que conlleva de expresión de dese os virulentos, agresivos y dañinos contra una persona. La radicalización política conduce a excesos insanos que deberían ser erradicados de nuestra vida pública. Lo que ocurre es que cualquier condena, para ser coherente, debe ser de ida y vuelta. Una condena debe ser defendible siempre y en todos los casos, y no solo en algunos supuestos y a conveniencia de parte. Y eso es precisamente lo que está haciendo el PSOE con un trato muy desigual en su criterio y en sus exigencias de que los culpables de Ferraz rindan cuentas ante el juez. Una vez más, el PSOE y sus ministros aplican la ley del embudo y un doble rasero a la hora de exigir responsabilidades penales por un delito de odio.
Lo ocurrido en Ferraz no es justificable, pero no constituye uno de esos delitos de odio que la izquierda interpreta a capricho y aplica con criterios ideológicos y no jurídicos. Si ahora procediese imputar un delito de odio a los culpables de apalear a un monigote-piñata, lo lógico sería argumentar que también fuesen conductas de odio las decenas de escraches sufridos por dirigentes del PP, o las imágenes de magistrados del Supremo ahorcados o quemados, o la guillotina que unos militantes del PSOE emularon contra Mariano Rajoy. Igual, en el caso del Rey, a quien el independentismo ha insultado, denigrado o quemado fotos en actos públicos a plena luz del día y amparados policialmente. El PSOE no salió en tromba a definir estos episodios como odio ni a plantear la apertura de procedimientos penales. En España y en muchos países democráticos odiar no es ilegal. Lo que es ilegal es promover conductas violentas contra grupos minoritarios o vulnerables a los que se persigue por razón de su condición sexual, su religión o sus creencias, sus posiciones políticas… Lo ocurrido en Ferraz –grosero, violento y antidemocrático– no se corresponde precisamente con esta definición jurídica. Se utiliza el odio como argumento de ocasión, y eso es un error cuando el PSOE emplea para los demás la parte estrecha del embudo y deja la permisividad de la ancha para sí mismo.
El PSOE debería darse un barniz de coherencia y realismo antes de presentar a Sánchez como objetivo de odio. De ser así, no apoyaría la tramitación de la reforma para despenalizar las injurias y calumnias a la Corona; las ofensas y ultrajes a España, sus símbolos y emblemas; las calumnias o amenazas graves al Gobierno; las ofensas a los sentimientos religiosos; o el enaltecimiento del terrorismo. ABC cuestiona el qué, el delito, lo cometa quien lo cometa. No cuestiona quien lo comete ni su ideología, porque la ideología no justifica si algo es legal o ilegal. No es posible tener la piel tan fina para sentenciar políticamente que la soga de Sánchez es odio, y la guillotina de Rajoy, no. O que la corrupción de la derecha es peor que la de la izquierda. O creer que quienes participan en el homenaje a un etarra asesino de niños no lo hacen con evidente odio a sus víctimas, sino que es libertad de expresión. El 'jarabe democrático' no debería existir. Pero si existe, ha de ser ambivalente para que quien lo denuncia sea creíble, sin victimismo selectivo.