El búnker judicial: quién es quién en el gobierno de los jueces que ocupa el PP (1/3)
INFORME ESPECIAL — La derecha controla 12 de los 21 votos del Consejo General del Poder Judicial, que pretende seguir aprobando nombramientos con su mandato caducado. Nunca antes un CGPJ ha estado tan escorado, ni tan lejos de lo que han votado los españoles.
PRIMERA PARTE — El monopolio del PP en el Supremo: 25 años de bloqueos para controlar la Justicia
¿Recuerdan el 20 noviembre de 2011? En un par de meses se cumplirán nueve años desde aquella jornada electoral que dejó la última mayoría absoluta en el Congreso: la de Mariano Rajoy. España ha cambiado mucho desde entonces. Rajoy está retirado de la política, ha habido otras tres elecciones generales y el PP ha pasado de 186 escaños a 89. Es menos de la mitad de lo que fue.
Aquella mayoría absoluta de Rajoy ya es historia, salvo en un único lugar: el gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Allí el PP se ha atrincherado, bloqueando la renovación, para controlar los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, como expliqué en un informe anterior.
Es un CGPJ con el mandato caducado hace casi dos años y que también sirve a la derecha para hacer política, como se ha visto esta semana con la polémica del rey. Nunca antes ha habido un consejo tan escorado, ni tan alejado de la soberanía popular del que emana, como el que gobierna la justicia hoy.
Lo componen 21 personas: 20 vocales más el presidente. De ese total de 21, son 12 los que le deben el puesto al PP de Mariano Rajoy.
Composición del CGPJ
Quiénes son los 12 votos de la derecha en el Poder Judicial
Vicente Guilarte. Es catedrático de Derecho Civil, aunque su principal aval para llegar al CGPJ, a propuesta del PP, tiene muy poco que ver con ser un “jurista de reconocido prestigio”. Trabaja como abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad, defendiendo a sus colegiados de las sanciones administrativas que puedan recibir.
Entre los registradores a los que ha defendido Guilarte, hay uno cuyo apellido les sonará: Enrique Rajoy Brey.
En efecto, es el hermano del expresidente Mariano Rajoy, que fue quien le colocó en el gobierno de los jueces. En ‘Hay Derecho’, desvelaron una emotiva carta que Enrique Rajoy envió al resto de sus compañeros registradores y donde agradecía el “impagable apoyo” de Guilarte en su defensa judicial.
Como Guilarte no forma parte de la Comisión Permanente del CGPJ, no tiene dedicación exclusiva y ha seguido trabajando como abogado de los registradores de la propiedad, en un claro conflicto de intereses permitido por la ley actual. ¿Qué juez se atreve a contrariar a un abogado que forma parte del Gobierno de los jueces, que puede decidir sobre sus ascensos o sanciones?
Como vocal del consejo, Guilarte también participó en el informe del CGPJ sobre la ley de Jurisdicción Voluntaria, la que regula, entre otros, a los registradores de la propiedad, como los hermanos Rajoy Brey.
La mujer de Guilarte también es magistrada. Se llama Felisa Herrero y, bajo el Gobierno de Rajoy, logró uno de los puestos más codiciados de la carrera: el de juez de enlace en Francia. Es una suerte de embajada judicial, que nombra el Ministerio de Justicia, y que supone poca carga de trabajo y un sueldo excepcional: alrededor de 9.500 euros netos al mes, más dos pagas extras.
Rafael Fernández Valverde. Es su segundo mandato en el CGPJ, siempre a propuesta del PP. Fue también vocal entre 1996 y 2001.
Es un ejemplo perfecto del banco de favores con el que el PP domina la carrera judicial. Tras su primer paso por el consejo, el siguiente CGPJ, de mayoría conservadora, le ascendió a juez del Tribunal Supremo. En 2013, el PP le volvió a promocionar como vocal.
En 2016, el CGPJ nombró al hijo de Rafael Fernández como jefe de sección de la Escuela Judicial, un puesto técnico donde fue elegido frente a 23 candidatos más. Este nombramiento provocó la queja unánime de todas las asociaciones de jueces, tanto conservadoras como progresistas, por las dudas de “nepotismo y arbitrariedad”.
Gerardo Martínez Tristán. Su nombramiento como vocal del CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por María Dolores de Cospedal. La mujer de Martínez Tristán, Marta García de la Calzada, fue alto cargo en el gobierno de Esperanza Aguirre y después consejera de Fomento en Castilla-La Mancha, con Cospedal. En 2013, era uno de los hombres fuertes del PP en el CGPJ. Pero con la derrota de Cospedal en la carrera para presidir el PP, perdió influencia en el consejo.
Antes de llegar al CGPJ, Martínez Tristán era el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un puesto al que le aupó en 2005 el CGPJ nombrado por la mayoría absoluta de Aznar. Desde ese cargo, maniobró para que la decisión sobre la privatización de los hospitales madrileños –impulsada por Ignacio González– fuera tomada por el pleno del tribunal que él presidía y no por los jueces que llevaban el caso y que habían paralizado esa privatización.
El PSOE pidió apartarlo del caso de la privatización sanitaria por su evidente cercanía con el PP, pero la Fiscalía se opuso. A pesar de todas estas maniobras –y también gracias a las protestas de los sanitarios de la marea blanca–, Ignacio González se vio obligado a renunciar a su plan para privatizar una parte de los hospitales de Madrid.
José María Macías. En algunas informaciones de prensa se le ha presentado como un vocal propuesto por CiU. Nada más lejos de la realidad. Es una confusión provocada por dos datos biográficos: que sustituyó en el consejo a otra vocal de CiU que dimitió y que durante un breve periodo, en el año 2002, fue director General de Asuntos Contenciosos en la Generalitat presidida por Jordi Pujol.
‘Mario’ Macías –como le llaman sus amigos– es hoy el hombre fuerte del PP de Casado en el CGPJ actual. Tiene fuertes convicciones militares y es reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, un dato del que presume en Twitter. Es juez en excedencia y ahora socio del bufete Cuatrecasas. Llegó al consejo gracias a la Asociación Profesional de la Magistratura –APM, la asociación conservadora– a la que primero perteneció como juez y a la que más tarde ha representado como abogado.
Aunque fue casi el último en llegar, Macías ha formado parte de la Comisión Permanente del CGPJ, el núcleo duro de Lesmes donde se toman las principales decisiones. Tiene una interlocución fluida con Teodoro García Egea, secretario general del PP, de la que alardea delante de otros vocales del CGPJ.
En la última semana, Macías ha llevado la voz cantante en las críticas del CGPJ contra el Gobierno por la ausencia del rey Felipe de la entrega de despachos a los nuevos jueces. Es otra oscura maniobra de una cúpula judicial con el mandato caducado, contra el gobierno legítimo de la nación.
Esther Palomera, en este otro artículo que hoy publicamos en elDiario. es, explica bien lo que realmente ocurrió con el rey.
Macías llegó al CGPJ de forma inesperada, tras un relevo algo ajetreado, que amplió la mayoría absoluta conservadora en el gobierno judicial.
Su actual plaza en el CGPJ antes la ocupaba Mercè Pigem, una vocal nombrada por Convergència i Unió (CiU) y que había sido diputada por este partido en varias legislaturas.
El 15 de noviembre de 2014, poco después de la consulta independentista del 9-N organizada por Artur Mas, la vocal Pigem fue interceptada en la aduana por la Guardia Civil, entrando en España con 9.500 euros en efectivo. Venía de Andorra con su hermana, que portaba una cantidad en efectivo similar. Más tarde Pigem aseguró que ese dinero era un regalo de su madre, que vive en Andorra.
El límite legal del dinero en efectivo que se puede introducir en España sin declarar es de 10.000 euros, y la vocal del CGPJ no cometió ninguna ilegalidad. Mercè Pigem nunca fue procesada, ni condenada ni siquiera multada por esta cuestión.
Dos semanas más tarde, el 28 de noviembre, alguien filtró a la prensa la noticia del incidente andorrano de Pigem con la Guardia Civil. Casualmente, fue muy poco después de que la ministra Ana Mato tuviera que dimitir por su implicación en la Gürtel, en unos momentos aciagos para el PP. Eran los años en los que Jorge Fernández Díaz, hoy imputado por la cloaca policial, era el ministro del Interior.
Tras conocerse la noticia, comenzó una presión brutal sobre Pigem por parte de Carlos Lesmes, que forzó su dimisión.
Había un buen motivo para ello: el sustituto de Pigem no sería otro vocal convergente, sino uno elegido por el PP.
El primero en la lista de suplentes para sustituir a Pigem era Antonio Álvarez-Buylla, también a propuesta del PP. Casualmente, una oportuna querella que le acusaba de falsedad documental, y que más tarde quedó en nada, forzó también su dimisión.
Tras la renuncia de Álvarez-Buylla, el siguiente en la lista fue José María Macías, que fue quien finalmente llegó al CGPJ en sustitución de Pigem.
José Antonio Ballestero Pascual. Miembro de la asociación conservadora APM, formó parte de su ejecutiva cuando el presidente era Pablo Llarena, el juez del Supremo que investigó el procés. Es muy cercano a Macías y fue propuesto para el CGGJ por el PP. Es el vocal que este viernes, al final de la entrega de despachos a la que el rey Felipe no asistió, tomó la palabra para decir lo siguiente:
–Por favor, antes de que termine el acto, os pido que con toda moderación, pero con toda convicción, gritéis conmigo: ¡Viva el rey!"
– ¡Viva!
INFORME ESPECIAL — La derecha controla 12 de los 21 votos del Consejo General del Poder Judicial, que pretende seguir aprobando nombramientos con su mandato caducado. Nunca antes un CGPJ ha estado tan escorado, ni tan lejos de lo que han votado los españoles.
PRIMERA PARTE — El monopolio del PP en el Supremo: 25 años de bloqueos para controlar la Justicia
¿Recuerdan el 20 noviembre de 2011? En un par de meses se cumplirán nueve años desde aquella jornada electoral que dejó la última mayoría absoluta en el Congreso: la de Mariano Rajoy. España ha cambiado mucho desde entonces. Rajoy está retirado de la política, ha habido otras tres elecciones generales y el PP ha pasado de 186 escaños a 89. Es menos de la mitad de lo que fue.
Aquella mayoría absoluta de Rajoy ya es historia, salvo en un único lugar: el gobierno de los Jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Allí el PP se ha atrincherado, bloqueando la renovación, para controlar los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo, como expliqué en un informe anterior.
Es un CGPJ con el mandato caducado hace casi dos años y que también sirve a la derecha para hacer política, como se ha visto esta semana con la polémica del rey. Nunca antes ha habido un consejo tan escorado, ni tan alejado de la soberanía popular del que emana, como el que gobierna la justicia hoy.
Lo componen 21 personas: 20 vocales más el presidente. De ese total de 21, son 12 los que le deben el puesto al PP de Mariano Rajoy.
Composición del CGPJ
Quiénes son los 12 votos de la derecha en el Poder Judicial
Vicente Guilarte. Es catedrático de Derecho Civil, aunque su principal aval para llegar al CGPJ, a propuesta del PP, tiene muy poco que ver con ser un “jurista de reconocido prestigio”. Trabaja como abogado del Colegio de Registradores de la Propiedad, defendiendo a sus colegiados de las sanciones administrativas que puedan recibir.
Entre los registradores a los que ha defendido Guilarte, hay uno cuyo apellido les sonará: Enrique Rajoy Brey.
En efecto, es el hermano del expresidente Mariano Rajoy, que fue quien le colocó en el gobierno de los jueces. En ‘Hay Derecho’, desvelaron una emotiva carta que Enrique Rajoy envió al resto de sus compañeros registradores y donde agradecía el “impagable apoyo” de Guilarte en su defensa judicial.
Como Guilarte no forma parte de la Comisión Permanente del CGPJ, no tiene dedicación exclusiva y ha seguido trabajando como abogado de los registradores de la propiedad, en un claro conflicto de intereses permitido por la ley actual. ¿Qué juez se atreve a contrariar a un abogado que forma parte del Gobierno de los jueces, que puede decidir sobre sus ascensos o sanciones?
Como vocal del consejo, Guilarte también participó en el informe del CGPJ sobre la ley de Jurisdicción Voluntaria, la que regula, entre otros, a los registradores de la propiedad, como los hermanos Rajoy Brey.
La mujer de Guilarte también es magistrada. Se llama Felisa Herrero y, bajo el Gobierno de Rajoy, logró uno de los puestos más codiciados de la carrera: el de juez de enlace en Francia. Es una suerte de embajada judicial, que nombra el Ministerio de Justicia, y que supone poca carga de trabajo y un sueldo excepcional: alrededor de 9.500 euros netos al mes, más dos pagas extras.
Rafael Fernández Valverde. Es su segundo mandato en el CGPJ, siempre a propuesta del PP. Fue también vocal entre 1996 y 2001.
Es un ejemplo perfecto del banco de favores con el que el PP domina la carrera judicial. Tras su primer paso por el consejo, el siguiente CGPJ, de mayoría conservadora, le ascendió a juez del Tribunal Supremo. En 2013, el PP le volvió a promocionar como vocal.
En 2016, el CGPJ nombró al hijo de Rafael Fernández como jefe de sección de la Escuela Judicial, un puesto técnico donde fue elegido frente a 23 candidatos más. Este nombramiento provocó la queja unánime de todas las asociaciones de jueces, tanto conservadoras como progresistas, por las dudas de “nepotismo y arbitrariedad”.
Gerardo Martínez Tristán. Su nombramiento como vocal del CGPJ a propuesta del PP fue impulsado por María Dolores de Cospedal. La mujer de Martínez Tristán, Marta García de la Calzada, fue alto cargo en el gobierno de Esperanza Aguirre y después consejera de Fomento en Castilla-La Mancha, con Cospedal. En 2013, era uno de los hombres fuertes del PP en el CGPJ. Pero con la derrota de Cospedal en la carrera para presidir el PP, perdió influencia en el consejo.
Antes de llegar al CGPJ, Martínez Tristán era el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un puesto al que le aupó en 2005 el CGPJ nombrado por la mayoría absoluta de Aznar. Desde ese cargo, maniobró para que la decisión sobre la privatización de los hospitales madrileños –impulsada por Ignacio González– fuera tomada por el pleno del tribunal que él presidía y no por los jueces que llevaban el caso y que habían paralizado esa privatización.
El PSOE pidió apartarlo del caso de la privatización sanitaria por su evidente cercanía con el PP, pero la Fiscalía se opuso. A pesar de todas estas maniobras –y también gracias a las protestas de los sanitarios de la marea blanca–, Ignacio González se vio obligado a renunciar a su plan para privatizar una parte de los hospitales de Madrid.
José María Macías. En algunas informaciones de prensa se le ha presentado como un vocal propuesto por CiU. Nada más lejos de la realidad. Es una confusión provocada por dos datos biográficos: que sustituyó en el consejo a otra vocal de CiU que dimitió y que durante un breve periodo, en el año 2002, fue director General de Asuntos Contenciosos en la Generalitat presidida por Jordi Pujol.
‘Mario’ Macías –como le llaman sus amigos– es hoy el hombre fuerte del PP de Casado en el CGPJ actual. Tiene fuertes convicciones militares y es reservista voluntario de las Fuerzas Armadas, un dato del que presume en Twitter. Es juez en excedencia y ahora socio del bufete Cuatrecasas. Llegó al consejo gracias a la Asociación Profesional de la Magistratura –APM, la asociación conservadora– a la que primero perteneció como juez y a la que más tarde ha representado como abogado.
Aunque fue casi el último en llegar, Macías ha formado parte de la Comisión Permanente del CGPJ, el núcleo duro de Lesmes donde se toman las principales decisiones. Tiene una interlocución fluida con Teodoro García Egea, secretario general del PP, de la que alardea delante de otros vocales del CGPJ.
En la última semana, Macías ha llevado la voz cantante en las críticas del CGPJ contra el Gobierno por la ausencia del rey Felipe de la entrega de despachos a los nuevos jueces. Es otra oscura maniobra de una cúpula judicial con el mandato caducado, contra el gobierno legítimo de la nación.
Esther Palomera, en este otro artículo que hoy publicamos en elDiario. es, explica bien lo que realmente ocurrió con el rey.
Macías llegó al CGPJ de forma inesperada, tras un relevo algo ajetreado, que amplió la mayoría absoluta conservadora en el gobierno judicial.
Su actual plaza en el CGPJ antes la ocupaba Mercè Pigem, una vocal nombrada por Convergència i Unió (CiU) y que había sido diputada por este partido en varias legislaturas.
El 15 de noviembre de 2014, poco después de la consulta independentista del 9-N organizada por Artur Mas, la vocal Pigem fue interceptada en la aduana por la Guardia Civil, entrando en España con 9.500 euros en efectivo. Venía de Andorra con su hermana, que portaba una cantidad en efectivo similar. Más tarde Pigem aseguró que ese dinero era un regalo de su madre, que vive en Andorra.
El límite legal del dinero en efectivo que se puede introducir en España sin declarar es de 10.000 euros, y la vocal del CGPJ no cometió ninguna ilegalidad. Mercè Pigem nunca fue procesada, ni condenada ni siquiera multada por esta cuestión.
Dos semanas más tarde, el 28 de noviembre, alguien filtró a la prensa la noticia del incidente andorrano de Pigem con la Guardia Civil. Casualmente, fue muy poco después de que la ministra Ana Mato tuviera que dimitir por su implicación en la Gürtel, en unos momentos aciagos para el PP. Eran los años en los que Jorge Fernández Díaz, hoy imputado por la cloaca policial, era el ministro del Interior.
Tras conocerse la noticia, comenzó una presión brutal sobre Pigem por parte de Carlos Lesmes, que forzó su dimisión.
Había un buen motivo para ello: el sustituto de Pigem no sería otro vocal convergente, sino uno elegido por el PP.
El primero en la lista de suplentes para sustituir a Pigem era Antonio Álvarez-Buylla, también a propuesta del PP. Casualmente, una oportuna querella que le acusaba de falsedad documental, y que más tarde quedó en nada, forzó también su dimisión.
Tras la renuncia de Álvarez-Buylla, el siguiente en la lista fue José María Macías, que fue quien finalmente llegó al CGPJ en sustitución de Pigem.
José Antonio Ballestero Pascual. Miembro de la asociación conservadora APM, formó parte de su ejecutiva cuando el presidente era Pablo Llarena, el juez del Supremo que investigó el procés. Es muy cercano a Macías y fue propuesto para el CGGJ por el PP. Es el vocal que este viernes, al final de la entrega de despachos a la que el rey Felipe no asistió, tomó la palabra para decir lo siguiente:
–Por favor, antes de que termine el acto, os pido que con toda moderación, pero con toda convicción, gritéis conmigo: ¡Viva el rey!"
– ¡Viva!