El País
Llamar “mala persona” a Pedro Sánchez o “adolescente” a Díaz Ayuso: demasiada moral, poca política
La moralización desplaza el necesario combate de ideas hacia una lucha entre el bien y el mal que evita la rendición de cuentas
MÁRIAM MARTÍNEZ-BASCUÑÁN
08 AGO 2021 - 05:30 CEST
Pedro Sánchez en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, el pasado 3 de agosto.
Pedro Sánchez en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, el pasado 3 de agosto. BALLESTEROS / EFE
¿Qué pasaría si un algoritmo estuviera programado para atraernos hacia la centralidad en lugar de encerrarnos en burbujas opinativas? ¿Y si en vez de polarizar y fragmentar el espacio público fomentara la creación de consensos y espacios compartidos? Por lo visto es posible y China —consciente de los riesgos para la convivencia de la desaparición de la idea de interés general o bien común— comienza a ponerlo en práctica en aplicaciones como Douyin, la versión china de TikTok. Lo cuenta Claudio F. González en El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de Estado, describiendo cómo los nichos comunicativos que fomentan los algoritmos con el propósito de generar pingües beneficios a los gigantes tecnológicos son puestos al servicio del Estado para evitar el declive de la idea de espacio común. Dios nos libre de pensar que esta clase de intervencionismo es deseable en nuestras democracias, pero imaginemos qué pasaría si intelectuales y políticos actuaran como generadores de consensos, renunciando a operar en el debate público como algoritmos polarizadores. Quizá convendría dejar de negar nuestra responsabilidad en la creación de divisiones y facciones como primer paso hacia una verdadera intermediación basada en el interés general. El filósofo Julien Benda llamaba a esa renuncia “la traición de los clérigos”, un abandono consciente que convertiría a las voces que intervenimos en el mundo con nuestras opiniones en claudicadoras a favor de dioses tribales como la nación, la etnia o la cultura.
Hoy, dicha renuncia tiene que ver con el abandono de la prudencia política como metodología, como medio de intervenir en el espacio público, y con su sustitución por el ordenado e inmutable mundo de la moral. Sucede cuando razonamos blandiendo principios desde dentro del mundo político, pero fingiendo estar fuera. Pocas veces reparamos en cómo articulamos posiciones inamovibles desde nuestras convicciones, sin concesiones, obviando las consecuencias que nuestra visión moral puede tener sobre el orden político. Proporcionamos herramientas retóricas, cerrando en falso el círculo del lenguaje de la negociación o la transacción, impermeables a consideración alguna sobre los costes políticos de nuestras afirmaciones. Lo importante es que la realidad se ajuste a nuestro molde moral y, si no es así, peor para el mundo. Convertidos en clérigos moralizantes, alimentamos lo que el teórico Rafael del Águila llamaba “política de sectas”, que nos apresta “a competir por una suerte de mercado especializado en el que la norma es agradar a la secta golpeando a los que están fuera de ella”. Para ello, ponemos al servicio del tribalismo cierta incorreción política, porque “vende el desafío y un cierto sentido aristocratizante de minoría en riesgo de desaparición”. Es el mundo de la intelectualidad, tan responsable como el político del desplazamiento de la argumentación política por la moral, olvidando el carácter dilemático y la necesaria conciliación de intereses contrapuestos que definen las democracias.
Hay ejemplos para todos los gustos. Piensen en la problemática separación entre la memoria del franquismo, con reclamaciones de castigos y restituciones incluidas, y la comprensiva contemporeización con la memoria del terrorismo de ETA de cierta parte de la intelectualidad progresista; o en el permanente juego maniqueo entre fascismo y democracia cada vez que se acercan unas elecciones; o incluso en la negación de la discrepancia o el matiz en muchos asuntos relacionados con el género. Recuerden, por ejemplo, el discurso de Rosa Díez en la madrileña plaza de Colón, expresando su rechazo a los indultos de los líderes del procés señalando que los “españoles de bien” se oponían a la medida. ¿Qué calificativo merecían entonces los que estaban a favor de ella? Días antes, Pablo Casado había señalado que irían a Colón porque querían estar “con la España real”. Se alejaba así de cualquier propuesta política alternativa a los indultos, evitando articular alguna consideración de orden político que alertara sobre sus posibles consecuencias. Por el contrario, optaba por encerrarse en la retórica de la autenticidad, intentando recuperar aquello que, por lo visto, define la verdadera condición del ser español sobre la base de un discurso moral que combina identidad, nación, autenticidad y pertenencia. Poco le importó que la apropiación moral y faccional de los símbolos de todos tenga el efecto de carcomer las instituciones.
En realidad, erigirse en bastión de la moral es la esencia del populismo. La política es un sistema de conflictos y entender su naturaleza constituye el reto del gobernante. El populismo disfraza esos problemas con una visión moral que opera como equivalente funcional de los conflictos de interés que definen a las sociedades democráticas, sustituyendo las ideas o los proyectos por un mundo ordenado moralmente en torno a opuestos excluyentes: el buen pueblo frente a las élites corruptas, el auténtico finlandés frente a los inmigrantes, los buenos españoles frente a los malos. Lo vimos durante el procés, con la máxima de Carme Forcadell: “El Gobierno español amenaza a la buena gente de su propio Estado”. Esa división entre buenos y malos se trasladó al interior mismo de Cataluña: se dejaron de sopesar razones de orden político, como la estabilidad o la convivencia, apostando por un discurso, hegemónico en el independentismo, que eludía deliberadamente todas las tensiones internas y utilizaba una retórica en la que la justicia, el bien común, la moral y la potenciación de la comunidad política eran encarnadas por una República catalana donde se sobreponían sin matices, conflictos o tensiones. Todas eran posibles al mismo tiempo.
Llevar la política al plano moral no solo demoniza al adversario. Desde la moralización no hay transacción alguna: todo está en el plano de la victoria o la derrota, del vencedor o del vencido, donde ningún acuerdo es posible. Si reducimos todo al reproche moral, si la respuesta al triunfo de Díaz Ayuso en Madrid es llamarla “adolescente”, si la crítica al presidente Sánchez es decir que es “mala persona” por cesar a quienes le ayudaron a afianzar su poder, no esgrimimos razón política alguna. Situando el debate en ese terreno pantanoso de la bondad y la maldad desplazamos el necesario combate de ideas, proyectos y valores hacia una lucha entre el bien y el mal que evita la rendición de cuentas. Si todo es una lucha maniquea, no tiene cabida responder por la corrupción o la mala gestión del capital político: al encarnar el bien en el combate contra el mal, todo se justifica.
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Resulta evidente que Sánchez hizo la crisis de gobierno con el objetivo de tomar impulso para las próximas elecciones, cuando las encuestas marcan un posible desgaste. Pero ¿ganar las elecciones no es lo que quieren todos los presidentes? ¿Y todos los jefes de la oposición? ¿No busca lo mismo Ayuso, Moreno Bonilla o cualquier otro responsable político? Se podría decir, desde un frío maquiavelismo, que quien quiere el fin debe querer los medios, pero tomarse en serio a Maquiavelo implica discutir sobre los límites de esa máxima con argumentos que tengan que ver con el orden político. Que el fin justifique los medios es una peligrosa simplificación, pues la política democrática es el reino que establece los límites de esa justificación. Y es una pena que se prefiera la descalificación moral a los argumentos sobre la responsabilidad, sobre las decisiones dudosas o sobre los dilemas que implican sacrificios y líneas rojas en lo que hacemos para conseguir o mantener el poder. O de quienes los defienden.
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MÁRIAM MARTÍNEZ-BASCUÑÁN
08 AGO 2021 - 05:30 CEST
Pedro Sánchez en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, el pasado 3 de agosto.
Pedro Sánchez en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, el pasado 3 de agosto. BALLESTEROS / EFE
¿Qué pasaría si un algoritmo estuviera programado para atraernos hacia la centralidad en lugar de encerrarnos en burbujas opinativas? ¿Y si en vez de polarizar y fragmentar el espacio público fomentara la creación de consensos y espacios compartidos? Por lo visto es posible y China —consciente de los riesgos para la convivencia de la desaparición de la idea de interés general o bien común— comienza a ponerlo en práctica en aplicaciones como Douyin, la versión china de TikTok. Lo cuenta Claudio F. González en El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de Estado, describiendo cómo los nichos comunicativos que fomentan los algoritmos con el propósito de generar pingües beneficios a los gigantes tecnológicos son puestos al servicio del Estado para evitar el declive de la idea de espacio común. Dios nos libre de pensar que esta clase de intervencionismo es deseable en nuestras democracias, pero imaginemos qué pasaría si intelectuales y políticos actuaran como generadores de consensos, renunciando a operar en el debate público como algoritmos polarizadores. Quizá convendría dejar de negar nuestra responsabilidad en la creación de divisiones y facciones como primer paso hacia una verdadera intermediación basada en el interés general. El filósofo Julien Benda llamaba a esa renuncia “la traición de los clérigos”, un abandono consciente que convertiría a las voces que intervenimos en el mundo con nuestras opiniones en claudicadoras a favor de dioses tribales como la nación, la etnia o la cultura.
Hoy, dicha renuncia tiene que ver con el abandono de la prudencia política como metodología, como medio de intervenir en el espacio público, y con su sustitución por el ordenado e inmutable mundo de la moral. Sucede cuando razonamos blandiendo principios desde dentro del mundo político, pero fingiendo estar fuera. Pocas veces reparamos en cómo articulamos posiciones inamovibles desde nuestras convicciones, sin concesiones, obviando las consecuencias que nuestra visión moral puede tener sobre el orden político. Proporcionamos herramientas retóricas, cerrando en falso el círculo del lenguaje de la negociación o la transacción, impermeables a consideración alguna sobre los costes políticos de nuestras afirmaciones. Lo importante es que la realidad se ajuste a nuestro molde moral y, si no es así, peor para el mundo. Convertidos en clérigos moralizantes, alimentamos lo que el teórico Rafael del Águila llamaba “política de sectas”, que nos apresta “a competir por una suerte de mercado especializado en el que la norma es agradar a la secta golpeando a los que están fuera de ella”. Para ello, ponemos al servicio del tribalismo cierta incorreción política, porque “vende el desafío y un cierto sentido aristocratizante de minoría en riesgo de desaparición”. Es el mundo de la intelectualidad, tan responsable como el político del desplazamiento de la argumentación política por la moral, olvidando el carácter dilemático y la necesaria conciliación de intereses contrapuestos que definen las democracias.
Hay ejemplos para todos los gustos. Piensen en la problemática separación entre la memoria del franquismo, con reclamaciones de castigos y restituciones incluidas, y la comprensiva contemporeización con la memoria del terrorismo de ETA de cierta parte de la intelectualidad progresista; o en el permanente juego maniqueo entre fascismo y democracia cada vez que se acercan unas elecciones; o incluso en la negación de la discrepancia o el matiz en muchos asuntos relacionados con el género. Recuerden, por ejemplo, el discurso de Rosa Díez en la madrileña plaza de Colón, expresando su rechazo a los indultos de los líderes del procés señalando que los “españoles de bien” se oponían a la medida. ¿Qué calificativo merecían entonces los que estaban a favor de ella? Días antes, Pablo Casado había señalado que irían a Colón porque querían estar “con la España real”. Se alejaba así de cualquier propuesta política alternativa a los indultos, evitando articular alguna consideración de orden político que alertara sobre sus posibles consecuencias. Por el contrario, optaba por encerrarse en la retórica de la autenticidad, intentando recuperar aquello que, por lo visto, define la verdadera condición del ser español sobre la base de un discurso moral que combina identidad, nación, autenticidad y pertenencia. Poco le importó que la apropiación moral y faccional de los símbolos de todos tenga el efecto de carcomer las instituciones.
En realidad, erigirse en bastión de la moral es la esencia del populismo. La política es un sistema de conflictos y entender su naturaleza constituye el reto del gobernante. El populismo disfraza esos problemas con una visión moral que opera como equivalente funcional de los conflictos de interés que definen a las sociedades democráticas, sustituyendo las ideas o los proyectos por un mundo ordenado moralmente en torno a opuestos excluyentes: el buen pueblo frente a las élites corruptas, el auténtico finlandés frente a los inmigrantes, los buenos españoles frente a los malos. Lo vimos durante el procés, con la máxima de Carme Forcadell: “El Gobierno español amenaza a la buena gente de su propio Estado”. Esa división entre buenos y malos se trasladó al interior mismo de Cataluña: se dejaron de sopesar razones de orden político, como la estabilidad o la convivencia, apostando por un discurso, hegemónico en el independentismo, que eludía deliberadamente todas las tensiones internas y utilizaba una retórica en la que la justicia, el bien común, la moral y la potenciación de la comunidad política eran encarnadas por una República catalana donde se sobreponían sin matices, conflictos o tensiones. Todas eran posibles al mismo tiempo.
Llevar la política al plano moral no solo demoniza al adversario. Desde la moralización no hay transacción alguna: todo está en el plano de la victoria o la derrota, del vencedor o del vencido, donde ningún acuerdo es posible. Si reducimos todo al reproche moral, si la respuesta al triunfo de Díaz Ayuso en Madrid es llamarla “adolescente”, si la crítica al presidente Sánchez es decir que es “mala persona” por cesar a quienes le ayudaron a afianzar su poder, no esgrimimos razón política alguna. Situando el debate en ese terreno pantanoso de la bondad y la maldad desplazamos el necesario combate de ideas, proyectos y valores hacia una lucha entre el bien y el mal que evita la rendición de cuentas. Si todo es una lucha maniquea, no tiene cabida responder por la corrupción o la mala gestión del capital político: al encarnar el bien en el combate contra el mal, todo se justifica.
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